Judiciales
Deberá indemnizar a su vecina de abajo por las constantes filtraciones en su departamento
Tras llegar a un acuerdo en mediación, el hombre del departamento de arriba no cumplió con lo pactado, dejó de responder a las citaciones judiciales, por lo que fue declarado en rebeldía y se dictó la sentencia en su contra.
Fueron varios años soportando las filtraciones del departamento de arriba. En vano la mujer le pedía a su vecino que arregle las cañerías, porque nunca obtenía respuestas. Las pérdidas de agua eran permanentes y los daños en el departamento de la señora se iban extendiendo por el cielorraso y las paredes. Por miedo a que resulten lastimadas por los desprendimientos de yeso, la mujer tuvo que pedir a sus nietas que ya no la visiten en su casa. Mientras tanto, crecía la tensión en la convivencia del núcleo del plan de viviendas de Roca y se esfumaban los gastos que la mujer hacía para tratar de reparar su casa, porque a cada arreglo sobrevenía una nueva filtración.
El cielorraso desprendido, las manchas de filtraciones, el olor a humedad, el miedo a los desprendimientos y a sufrir problemas eléctricos, más la angustia de no lograr la empatía de su vecino para solucionar el problema, llevaron a la mujer a enviarle una carta documento para reclamarle el valor de los arreglos. A eso le siguió una audiencia de mediación, donde por primera vez el hombre aceptó que las pérdidas eran de su departamento y se comprometió a reparar los caños en 30 días. Pero finalmente no cumplió ni atendió más a los reclamos de su vecina.
La mujer inició entonces una demanda civil por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil N° 9 de Roca. Con la pericia que hizo un arquitecto, las fotos y el relato de vecinos y vecinas que fueron testigos de la situación, la titular del Juzgado condenó al responsable a pagar una indemnización de $135.000, que deberá sumarse a los intereses acumulados en los últimos años.
Tras incumplir lo comprometido en la mediación, el hombre ya no respondió a ninguna citación judicial. No contestó la demanda para defenderse ni se presentó a las audiencias. Tampoco ofreció ninguna prueba. Por lo que luego de las notificaciones de rigor fue declarado en rebeldía y se dictó la sentencia en su contra.
La inspección ocular del arquitecto permitió constatar el probable origen de las filtraciones, aunque el perito no pudo ingresar al departamento del demandado. De todos modos, desde afuera, pudo ver caños precariamente sujetos y acumulación de tierra y basura en la terraza del piso superior (que a su vez hace de techo de la habitación de la planta baja), que obstruye el escurrimiento natural de la lluvia. El experto pudo verificar también que el caño que cumplía la función de desagüe pluvial de la terraza era más pequeño que lo recomendado y además estaba obstruido.
Dentro de la casa afectada, el perito describió que el cielorraso y las paredes de la cocina y de una habitación presentaban el “deterioro propio de una pérdida de agua constante, como son la pérdida del revoque, manchas en la pintura por la humedad, caída del yeso aplicado por el exceso de agua”.
Los testimonios también fueron una valiosa prueba. Una vecina, por ejemplo, contó que estuvo presente “el día que corrió agua”. “Realmente parecía una catarata lo que salía de ahí”, describió.
Por último la jueza valoró el “desinterés” del demandado en encontrar una solución y “los trastornos” que la situación ha causado a la mujer. También valoró dentro del daño moral que el mal estado de la casa hace evidente la “incomodidad para quien la habita” y reconoció la afectación anímica de la mujer por verse obligada a transitar un proceso judicial para tratar de solucionar el inconveniente.
Judiciales
Falsificación y fraude: La increíble historia de la mujer que engañó al sistema de salud roquense
La Justicia de General Roca dictó medidas cautelares contra la mujer que habría utilizado un título apócrifo de la Universidad de Los Andes. Deberá usar tobillera electrónica por seis meses.
La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.
De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.
En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.
En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.
Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.
Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.
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Comerciante le inició un juicio penal a una mujer por una reseña en Google
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y la Justicia dispuso el sobreseimiento de la imputada.
Una mujer protagonizó un incidente vial y, en ese contexto, publicó un escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti para presionar por una resolución. La reseña apareció en la ficha comercial del negocio y dio origen a una causa penal por presuntas calumnias e injurias.
Según el damnificado, ambas partes participaron en un incidente vial cuyas consecuencias se encontraban bajo tratamiento de las aseguradoras. El comerciante sostuvo que no existió relación comercial con la mujer y que ese episodio fue el único vínculo previo.
De acuerdo con la presentación, la mujer realizó un reclamo directo por fuera de los canales formales y advirtió que podía exponerlo públicamente si no accedía a sus exigencias. Tras la negativa, se concretó la publicación.
El escrache se difundió en la plataforma Google, dentro de la ficha comercial del establecimiento. El contenido incluyó expresiones como: «Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente!».
El comerciante afirmó que esas frases resultaron falsas, que la autora de la reseña no fue clienta y que la publicación afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. En particular, señaló que una de las expresiones implicó la atribución de un delito.
A partir de ese hecho, impulsó una querella penal. El proceso incluyó audiencias orientadas a lograr un acuerdo entre las partes, aunque en una primera etapa no se alcanzó un entendimiento.
Con posterioridad, retomaron el diálogo y presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google y una disculpa en términos conciliatorios. También se dejó constancia de que no existió relación comercial entre las partes.
Además, el comerciante renunció a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados. El acuerdo estableció que no habría nuevos reclamos vinculados con los hechos.
El juez interviniente consideró que se trató de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de quien impulsa la acción. También valoró la retractación prevista en la normativa penal. Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.
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Grave choque frontal frente a Proin: La Fiscalía acusó al camionero por una maniobra imprudente
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el conductor de un Mercedes Benz que realizó un sobrepaso antirreglamentario a la altura del kilómetro 1172.
La Fiscalía de General Roca imputó formalmente a un hombre por el delito de lesiones graves culposas, tras el violento siniestro vial registrado la noche del pasado lunes en el kilómetro 1172/8 de la Ruta Nacional N° 22. El hecho ocurrió alrededor de las 22.55 horas, en cercanías al galpón de la empresa Proin, donde el imputado protagonizó una maniobra que terminó con un vehículo menor destruido y personas luchando por su vida.
Según la acusación fiscal presentada ante la jueza de Garantías, el hombre conducía un camión tractor Mercedes Benz con semirremolque en sentido oeste-este. De manera imprudente y antirreglamentaria, el conductor habría invadido el carril contrario mientras realizaba una maniobra de sobrepaso sin el debido cuidado ni dominio del vehículo pesado exigidos por la Ley de Tránsito.
«Fue así que embistió frontalmente a un vehículo Peugeot 208 en el que se trasladaban las víctimas», detalló la fiscal del caso durante la audiencia. Según la reconstrucción, el conductor del auto, en un intento desesperado por evitar la colisión, se desplazó hacia la banquina. Sin embargo, el camionero realizó la misma maniobra hacia el mismo sector, produciéndose el impacto frontal fuera de la cinta asfáltica.
La calificación legal impuesta es la de lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria (Art. 94 bis del Código Penal). Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó el acta de procedimiento de Seguridad Vial, reportes del Gabinete de Criminalística, entrevistas a testigos y las historias clínicas de las víctimas, quienes se encuentran internadas en el hospital local y en un centro de salud de Neuquén.
Respecto al imputado, se confirmó que el test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 g/l. Su defensa penal pública no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares, confirmando que se han puesto en contacto con familiares y empleadores para ratificar el domicilio del conductor en la provincia de Santiago del Estero.
Finalmente, la jueza resolvió que el hombre cumpla con estrictas pautas de conducta mientras avanza la causa. Entre ellas, se destaca la prohibición de salida del país, para lo cual ya se libraron los oficios correspondientes, la obligatoriedad de mantener el domicilio fijado y realizar presentaciones periódicas ante la unidad policial más cercana.
Asimismo, se dispuso que el imputado mantenga comunicación fluida con la Fiscalía N° 4. Mientras tanto, la comunidad educativa y regional permanece atenta a la evolución clínica de los heridos, cuyo estado continúa siendo reservado y crítico tras la violencia del impacto frontal en la banquina de la ruta nacional.
