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Gremios

«El diálogo está abierto, las aulas también deben estarlo»

El legislador de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, se sumó a las críticas del oficialismo contra el gremio UnTER.

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«En el marco de un escenario de permanente apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial, el gremio docente UnTER cuestiona la propuesta salarial y en ese camino interrumpe el proceso educativo», lamentó el legislador de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.

Subrayó además que «todo esto se produce en medio de la delicada revinculación escolar luego de dos años de pandemia».

El titular del bloque de JSRN destacó que «Río Negro cuenta con el segundo mejor salario en la escala docente del país, superando casi en un 60% el piso nacional» y en esa línea agregó que «convocar a un paro es utilizar a los chicos como rehenes».

Gremios

Alto nivel de acatamiento al paro de ATE en todo el país

«Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos. Debemos evaluar una nueva medida para la semana que viene», señaló Aguiar.

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En las primeras horas del paro de ATE ya se reportó un masivo nivel de adhesión en todo el país brindando solo guardias mínimas en servicios esenciales y se encamina a una movilización hacia Plaza de Mayo con retiros de los sectores de trabajo a partir de media mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Hace casi un año nos declaraban la guerra a los estatales y hoy están muy lejos de ganarla. Se equivocaron los gurúes que decían que no había clima para paro. La adhesión en todo el país supera el 90%», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Agregó que «nos tienen que devolver el 40% de nuestros sueldos que nos robaron y tirar los exámenes de idoneidad a la basura».

El dirigente estatal evaluó que el plan de acción del sindicato podría continuar en los próximos días que «puede ser que esta no sea la última medida del año. No descartamos anunciar otra para la próxima semana. Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos».

«El largo plan de lucha que llevamos adelante durante el 2024 impidió el despido de 150.000 empleados públicos que había planificado el Gobierno, el cierre de numerosos organismos y la privatización de varias empresas estatales. Tenemos que seguir movilizados como única posibilidad de salvar al Estado», concluyó Aguiar.

No sólo la Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales se ven afectadas por la medida de fuerza; los hospitales funcionan sólo con guardias mínimas y los organismos esenciales atienden únicamente emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles, los porteros de escuelas, auxiliares de educación y el mantenimiento de espacios verdes también se ven alcanzados por la protesta de los estatales.

Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias incluyendo asambleas en organismos, radios abiertas e incluso cortes de rutas.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional y aceptado por el otro gremio participante de la paritaria nacional (UPCN) fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz ni medio tanque de combustible.

El sindicato también exige la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos ilegalmente de la Administración Pública Nacional.

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Gremios

En la previa del paro, ATE exige la anulación de los exámenes de idoneidad

«No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público», dijo Aguiar.

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En la previa del paro nacional del jueves (05/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno Nacional la anulación de los exámenes de idoneidad en el Empleo Público mediante una nota formal enviada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

«Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso. Además, no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Ante la falta de certezas por parte del Gobierno sobre la modalidad del operativo con el que pretenden tomar las evaluaciones, el dirigente esgrimió que «el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales».

«Con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores», aseguró el referente estatal y cuestionó además «¿Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos van a ser evaluados?».

En esta línea, Aguiar apuntó que «no nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo».

«Pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra que lo que hace es reprecarizar a los trabajadores debe ser dejada sin efecto», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que dio a conocer el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto N° 695/24, el cual «no brinda precisiones sobre modalidades de evaluación o los software que se utilizarán, poniendo en riesgo la transparencia y la seguridad de los exámenes».

El sindicato también aseguró que «son evaluaciones innecesarias, ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 214/06 de la Administración Pública Nacional. Además, con el SEP se estará sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado».

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Gremios

El Gobierno rionegrino ratificó el descuento a los estatales que paren el jueves 5

UnTER y ATE convocaron a un paro ante la falta de una oferta de incremento salarial por parte del Ejecutivo.

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El Gobierno provincial ratificó hoy (03/12) el descuento de haberes a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial que adhieran a las medidas de fuerza dispuestas para el próximo jueves (5/12), convocadas por parte de distintos gremios estatales (UnTER y ATE). Asimismo, se confirmó que ya fueron realizados los descuentos correspondientes a los paros realizados en octubre último.

Desde la Secretaría de la Función Pública ya se notificó a todos los responsables de las áreas de Recursos Humanos de los Ministerios y Secretarías de Estado para que informen fehacientemente los listados con las personas que no han concurrido a trabajar por haberse sumado a la medida de fuerza, de manera tal de realizar los descuentos respectivos.

En el caso de los docentes, los trabajadores y trabajadoras que concurran a dictar clases normalmente podrán notificar su situación a través del sistema de botón de asistencia.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que «por una cuestión de fechas de liquidación, el descuento de los paros realizados en los últimos días de octubre se realizó sobre los salarios de noviembre, que estarán siendo abonados por el Gobierno desde mañana miércoles. En tanto, quienes hagan paro este jueves tendrán el correspondiente descuento en los sueldos de diciembre, que se cobran en enero».

Indicó en este marco que de acuerdo a los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, que alcanza todos los empleados del Poder Ejecutivo salvo el sector docente, el monto descontado en forma general supera los 111 millones de pesos.

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