Política
El Parlamento Patagónico pide reestablecer la Comisión Nacional para la Patagonia
Los presidentes de las comisiones de las distintas provincias mantendrán el lunes próximo una audiencia con el presidente Alberto Fernández.
En su documento final, el Parlamento pidió «Gestionar el pronto restablecimiento de la Comisión Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA)». Con este objetivo, los presidentes de las comisiones del Parlamento Patagónico de las distintas provincias mantendrán el lunes próximo una audiencia con el presidente Alberto Fernández.
El legislador Elbi Cides, presidente de la Comisión de Parlamento Patagónico de Río Negro, valoró la participación de la provincia en la primera sesión ordinaria del parlamento que hasta ayer deliberó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
“A medida que pasan las sesiones, el órgano va tomando más dinamismo, y en esta oportunidad trabajamos temas de gran importancia, que vamos a llevar a ministros nacionales y las cámaras de Senadores y Diputados”, explicó el representante rionegrino y presidente de la comisión especial de Parlamento Patagónico.
Entre otras temáticas, Cides explicó que hubo acuerdo para impulsar pedido sobre la “restitución de los reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos, régimenes especiales para la generación de empleos y beneficios para trabajadores de la pesca, mayor conectividad en telecomunicaciones y transporte”.
También remarcó el legislador rionegrina que el Parlamento “va tomando más volumen” y destacó la “participación de funcionarios nacionales”.
Informó además que la próxima sesión será en Chubut y que Río Negro recibirá al órgano en el mes de septiembre.
La delegación rionegrina incluyó además a las legisladoras María Liliana Gemignani y Adriana del Agua, y a los legisladores Marcelo Szczygol, Alejandro Marinao, José Luis Berros y Juan Martín.
En tanto, en el cierre de la primera sesión, el titular del Parlamento Patagónico, el fueguino Emmanuel Trentino, resaltó que el cuerpo “se erigió como un faro para otras regiones, que buscan aunar voces en pos de mejorar las realidades de sus pueblos”.
En este sentido, también sostuvo que “estamos construyendo algo grande, estamos generando la unidad y le estamos demostrando al país que sí es posible trabajar en conjunto”, dijo.
El documento
Al término de la sesión realizada en Santa Rosa, el órgano que nuclea a las provincias patagónicas emitió una declaración con siete puntos donde acuerdan:
1- Gestionar el pronto restablecimiento de la Comisión Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA), el que estará integrado por los presidentes y presidentas de los Parlamentos Patagónicos y por los titulares de las carteras de Producción, como instrumento ordenador de proyectos vinculados a la región, buscando materializar las mejoras que cada provincia necesita, combatir el estancamiento económico y establecer un mayor grado de conexión entre provincias, además de la optimización de nuestros recursos naturales;
2- Reiterar la necesidad de contar con tarifas diferenciales para los combustibles líquidos en la región, atento a que nuestras provincias aportan con su industria hidrocarburífera a todo el país, un recurso que no es renovable, y por el que necesitamos contar con beneficios que disminuyan las asimetrías de nuestra Patagonia con los grandes centros productivos;
3- Instar nuevamente a la creación de un Régimen de Promoción de Empleo Patagónico, con el que cuenta el norte grande del país, otorgando beneficios, impositivos a empleadores y empleadoras que generen nuevos puestos de trabajo;
4- Realizar gestiones para conformar una Mesa Integral de Hidrógeno, que permita definir una agenda de trabajo para debatir y formular políticas que promuevan el desarrollo de energías renovables;
5- Insistir con la restitución del Régimen de Reembolsos adicionales a las exportaciones de mercaderías que se realicen por puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado, herramienta fundamental para la zona Patagónica, que permitirá generar un incentivo al momento de competir en igualdad de condiciones con los grandes centros urbanos del país, iniciativa que está en la Cámara de Diputados de la Nación;
6- Impulsar la sanción de la Ley que crea un Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores de la Industria del Pescado, actividad pilar en la región, con el objetivo de atender y dar respuesta al sector que se encuentra expuesto a grandes riesgos inherentes a las tareas que en sí mismo se desarrollan, y que implican la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos que son nocivos para la salud de los y las trabajadoras, proyecto que se encuentra en Diputados de Nación desde 2010;
7- Insistir con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, llevando adelante acciones que visibilicen de manera permanente la causa nacional sobre la Gesta, su pertenencia al Estado Argentino, el reconocimiento de nuestros Héroes y Heroínas, junto a la necesidad de continuar con el reclamo por la vía diplomática para su recuperación.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
