Política
El Parlamento Patagónico pide reestablecer la Comisión Nacional para la Patagonia
Los presidentes de las comisiones de las distintas provincias mantendrán el lunes próximo una audiencia con el presidente Alberto Fernández.
En su documento final, el Parlamento pidió «Gestionar el pronto restablecimiento de la Comisión Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA)». Con este objetivo, los presidentes de las comisiones del Parlamento Patagónico de las distintas provincias mantendrán el lunes próximo una audiencia con el presidente Alberto Fernández.
El legislador Elbi Cides, presidente de la Comisión de Parlamento Patagónico de Río Negro, valoró la participación de la provincia en la primera sesión ordinaria del parlamento que hasta ayer deliberó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
“A medida que pasan las sesiones, el órgano va tomando más dinamismo, y en esta oportunidad trabajamos temas de gran importancia, que vamos a llevar a ministros nacionales y las cámaras de Senadores y Diputados”, explicó el representante rionegrino y presidente de la comisión especial de Parlamento Patagónico.
Entre otras temáticas, Cides explicó que hubo acuerdo para impulsar pedido sobre la “restitución de los reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos, régimenes especiales para la generación de empleos y beneficios para trabajadores de la pesca, mayor conectividad en telecomunicaciones y transporte”.
También remarcó el legislador rionegrina que el Parlamento “va tomando más volumen” y destacó la “participación de funcionarios nacionales”.
Informó además que la próxima sesión será en Chubut y que Río Negro recibirá al órgano en el mes de septiembre.
La delegación rionegrina incluyó además a las legisladoras María Liliana Gemignani y Adriana del Agua, y a los legisladores Marcelo Szczygol, Alejandro Marinao, José Luis Berros y Juan Martín.
En tanto, en el cierre de la primera sesión, el titular del Parlamento Patagónico, el fueguino Emmanuel Trentino, resaltó que el cuerpo “se erigió como un faro para otras regiones, que buscan aunar voces en pos de mejorar las realidades de sus pueblos”.
En este sentido, también sostuvo que “estamos construyendo algo grande, estamos generando la unidad y le estamos demostrando al país que sí es posible trabajar en conjunto”, dijo.
El documento
Al término de la sesión realizada en Santa Rosa, el órgano que nuclea a las provincias patagónicas emitió una declaración con siete puntos donde acuerdan:
1- Gestionar el pronto restablecimiento de la Comisión Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA), el que estará integrado por los presidentes y presidentas de los Parlamentos Patagónicos y por los titulares de las carteras de Producción, como instrumento ordenador de proyectos vinculados a la región, buscando materializar las mejoras que cada provincia necesita, combatir el estancamiento económico y establecer un mayor grado de conexión entre provincias, además de la optimización de nuestros recursos naturales;
2- Reiterar la necesidad de contar con tarifas diferenciales para los combustibles líquidos en la región, atento a que nuestras provincias aportan con su industria hidrocarburífera a todo el país, un recurso que no es renovable, y por el que necesitamos contar con beneficios que disminuyan las asimetrías de nuestra Patagonia con los grandes centros productivos;
3- Instar nuevamente a la creación de un Régimen de Promoción de Empleo Patagónico, con el que cuenta el norte grande del país, otorgando beneficios, impositivos a empleadores y empleadoras que generen nuevos puestos de trabajo;
4- Realizar gestiones para conformar una Mesa Integral de Hidrógeno, que permita definir una agenda de trabajo para debatir y formular políticas que promuevan el desarrollo de energías renovables;
5- Insistir con la restitución del Régimen de Reembolsos adicionales a las exportaciones de mercaderías que se realicen por puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado, herramienta fundamental para la zona Patagónica, que permitirá generar un incentivo al momento de competir en igualdad de condiciones con los grandes centros urbanos del país, iniciativa que está en la Cámara de Diputados de la Nación;
6- Impulsar la sanción de la Ley que crea un Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores de la Industria del Pescado, actividad pilar en la región, con el objetivo de atender y dar respuesta al sector que se encuentra expuesto a grandes riesgos inherentes a las tareas que en sí mismo se desarrollan, y que implican la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos que son nocivos para la salud de los y las trabajadoras, proyecto que se encuentra en Diputados de Nación desde 2010;
7- Insistir con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, llevando adelante acciones que visibilicen de manera permanente la causa nacional sobre la Gesta, su pertenencia al Estado Argentino, el reconocimiento de nuestros Héroes y Heroínas, junto a la necesidad de continuar con el reclamo por la vía diplomática para su recuperación.
Gremios
Para ATE, «al Gobierno no se animó a establecer el ingreso al Estado por concurso público y dejó una hendija abierta para meter libertarios»
Rodolfo Aguiar cuestionó los dos nuevos decretos de Sturzenegger pero destacó la contratación anual de quienes aprobaron los exámenes de idoneidad.
Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara dos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «después de que se llenaron la boca hablando mal y estigmatizando al empleo público, el Gobierno tenía la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público, pero no se animó».
«Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios. Esta norma sigue sin garantizar a la sociedad que quienes ingresen sean los más idóneos y capaces, y que eso a su vez se traduzca en la mejora de la calidad del empleo público», agregó el dirigente. Entre sus artículos, el Decreto 1148/24 señala que cualquier nueva alta en el Estado deberá ser aprobada por la cartera que conduce Sturzenegger.
En tanto, el Decreto 1149/24 establece la contratación anual de todos los trabajadores que aprobaron durante diciembre la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, tal y como exigió el sindicato. En este marco, Aguiar señaló que «por supuesto que luego del fraude laboral gigantesco y la reprecarización que decidió llevar adelante el Gobierno apenas asumió, la contratación anual aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio».
«Seguimos demandando que se cumpla con la Constitución Nacional y se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo público incorporando a la planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados desde hace muchos años bajo distintas modalidades», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, sobre todo para las franjas sociales más vulnerables que son las verdaderas usuarias del sistema público de salud, educación, previsión social, entre otros», concluyó.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
