El Gobierno de Río Negro abonará este martes (29/04) el pago del adicional por indumentaria de $180.000 a los trabajadores de las Leyes N° 1844 y 1904.

El monto se abonará mediante planilla complementaria según lo acordó el Gobierno Provincial con los gremios ATE y UPCN en el marco del Consejo de la Función Pública el pasado 8 de abril.

El objetivo es que los agentes adquieran vestimenta de trabajo acorde a sus funciones, conforme a lo establecido por la Ley N° 3487.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva movilización el próximo miércoles (30/04) en todo el país en el marco del Día del Trabajador. Entre los principales reclamos se encuentran «la recomposición salarial luego de una nueva paritaria a la baja, el ajuste a las provincias que repercute en los ingresos de trabajadores municipales y provinciales, y la devaluación impulsada desde el Gobierno nacional en los últimos días».

«Las paritarias en el Estado Nacional son fraudulentas y además han venido condicionando las negociaciones salariales provinciales y municipales. El ajuste en estos distritos se profundiza y la mayoría de los estatales en estos casos tienen ingresos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El sindicato manifestó su preocupación por los salarios de los trabajadores provinciales y municipales, los cuales fueron especialmente deteriorados a partir de la baja de transferencias discrecionales en el 2024 (75% en términos reales en promedio) y una caída del 9,8% de los giros por coparticipación en relación al año anterior. Según los datos oficiales, en todo el país hay 2.237.334 trabajadores de las administraciones públicas provinciales y 440.687 municipales.

«Da asco escuchar al presidente decir que los salarios siguen creciendo en su poder adquisitivo. Es un fabulador y muestra que no tiene ni la más mínima idea de lo que está sufriendo la gente. El Ejecutivo ha violentado de manera sistemática el principio de buena fe que debe regir las negociaciones salariales otorgando incrementos que se ubican por debajo de la inflación», agregó el referente estatal.

Los acuerdos salariales en el primer trimestre del año (1,5% en enero, 1,2% en febrero y 1,3% en marzo) quedaron muy por debajo de la inflación (2,2%, 2,4% y 3,7%, respectivamente). En total, los aumentos acumulados fueron del 4% mientras que la inflación oficial es de 8,5%.

Aguiar también puntualizó sobre las últimas medidas económicas del Ejecutivo. «El Gobierno definió una devaluación encubierta que impacta negativamente en todos los trabajadores. Nadie puede negar la remarcación masiva y generalizada de todos los precios. Con los mismos ingresos de hace un mes, un hogar no puede cubrir las mismas prestaciones y garantizar la misma cantidad de productos, bienes y servicios».

«La medida de fuerza del día 30 nos tiene que servir para rechazar el nuevo acuerdo con el FMI y la intención del Gobierno de acelerar el proceso de fusión de organismos públicos y privatización de empresas estatales. Está gente llegó al Gobierno para vender todo y tenemos que impedirlo. El Gobierno sufre una pérdida de consenso social. Es un momento que tenemos que aprovechar para empezar a recuperar todos los derechos que en estos 16 meses nos quitaron», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Además, la entidad gremial rechazó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que «no sólo implica un nuevo endeudamiento de al menos 20 mil millones de dólares, sino también una serie de exigencias como una reforma previsional, reforma y flexibilización laboral, reforma tributaria, reforma en el régimen de coparticipación y el intento de privatización de empresas públicas».

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el Gobierno Nacional podría denunciar en los próximos días a su secretario general, Rodolfo Aguiar, por supuestas «amenazas, extorsión y coacción» en el último paro general del 10 de abril y el sindicato aseguró que se trata de un nuevo caso de persecución sindical e intento de criminalización de la protesta.

«Presidente, tiene que saber que los trabajadores no son estúpidos. Suponer que se pueden adherir a una medida de fuerza en contra de su voluntad es subestimarlos. Acá los que amenazan, extorsionan y coaccionan son ustedes con este intento de denunciarnos falsamente. Desde la criptoestafa empezó a quedar más claro quienes son los delincuentes. Intentan deslegitimar medidas de fuerzas habilitadas por la propia Constitución Nacional. No toleran que los trabajadores ejerzamos nuestros fundamentales derechos», señaló Rodolfo Aguiar.

El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, ya denunció a distintas entidades gremiales como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), entre otros. Según trascendió en algunos medios y luego de las averiguaciones de ATE, el nombre de Rodolfo Aguiar estaría en la carpeta del Ejecutivo para sumarse al listado en los próximos días.

«Lo que buscan con esta grave persecución que desatan contra los sindicatos y sus dirigentes es desviar la atención, ocultar una adhesión cada vez mayor a las huelgas, que la gente pierde el miedo y que no tolera tanto sufrimiento», agregó el dirigente.

Ante esta situación, el sindicato se prepara para una rápida respuesta judicial apenas sea notificado de la denuncia y asegura que no cesarán con las medidas de fuerza. «Esperamos que ningún juez ni fiscal le de entidad a este disparate. La Justicia no tiene que entrometerse. Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver el Poder Judicial, los debe resolver el Poder Político. Si lo que esperan es que estas falsas denuncias sirvan para atemorizar y ponerle freno al plan de acción de los estatales, se equivocan. La conflictividad seguirá en ascenso», sostuvo.

No es la primera vez que el Gobierno de Milei carga directamente contra Aguiar: el 19 de septiembre de 2024, fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quién denunció al dirigente por el supuesto hecho de «infundir el temor público en la sociedad» en el marco de la huelga de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).