El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió ayer (20/09) por la tarde con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, para repasar una serie de obras de viviendas para la provincia.

Durante el encuentro en Buenos Aires, analizaron el avance de las obras que se están ejecutando con fondos federales y dialogaron sobre lograr más soluciones habitacionales para las familias rionegrinas.

«Estuvimos conversando sobre los distintos proyectos que el Gobierno Nacional tiene en Río Negro. Me refiero al programa PROCREAR en Cipolletti y El Bolsón, y la ejecución de otros planes de vivienda fundamentalmente en Viedma, General Roca, Villa Regina y Cipolletti. Nos vamos conformes, con el compromiso que todas estas obras vienen avanzando bien y en poco tiempo van a convertirse en realidad», explicó Weretilneck.

Por su parte, el ministro Maggiotti remarcó que «estos encuentros sirven para seguir fortaleciendo los vínculos y el trabajo con los gobiernos provinciales, y que de esa manera, más argentinos y argentinas accedan a su casa propia, cumpliendo este derecho y que, además, se pueda seguir creando trabajo en la industria de la construcción».

El equipo de prensa del Municipio de Cervantes informó que en horas de la mañana de hoy (19/09), el teléfono de la intendenta Claudia Montanaro fue hackeado. Rápidamente la jefa comunal realizó la denuncia correspondiente.

«Están realizando pedidos de dinero y de dólares en nombre de Claudia, por favor solicitamos no realizar ninguna transferencia», detallaron a través de un comunicado de prensa.

«Ya tomaron medidas y se realizaron las denuncias correspondientes», agregaron finalmente.

El Poder Ejecutivo Provincial presentó a la Legislatura un proyecto de ley para regular y controlar las actividades vinculadas con el acopio, comercialización y transporte de los metales no ferrosos. La iniciativa busca frenar la problemática delictiva vinculada al robo de estos materiales, principalmente cables de cobre, lo que genera grandes pérdidas económicas y afecta los servicios públicos.

La iniciativa -que se trabajó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia en conjunto con la legisladora Marcela Avila (Juntos Somos Río Negro)- ofrecerá de mayores herramientas a los actores implicados en la prevención de este delito.

La gobernadora Arabela Carreras explicó que en los últimos años se advirtió un incremento de las actuaciones judiciales relacionadas con la sustracción de materiales no ferrosos. «Como toda modalidad delictiva, responde a las condiciones generales que hacen propicia la misma. El valor del cobre es elevado por tratarse de un conductor de energía muy bueno, y esto conlleva a buscar el material en un mercado ilegal», dijo.

Los servicios de electricidad y agua se han visto afectados en numerosas oportunidades por esta modalidad delictiva que genera serios perjuicios a todos los usuarios y a las empresas prestadoras. Además, el robo de cables de cobre o de medidores de agua (por el bronce) constituyen un serio riesgo en materia de seguridad para los vecinos y vecinas.

«Resulta necesario combatir este fenómeno delictivo a través de distintas estrategias, como acciones preventivas, información, recomendaciones y acciones punitivas. Este proyecto -que cuenta con Acuerdo General de Ministros- permite dotar de mayores herramientas para las partes implicadas en la prevención», explicó Carreras.

Qué dispone el proyecto

La iniciativa establece el deber de registrarse ante la autoridad de aplicación, para todos aquellos que, de forma principal o accesoria, permanente o eventual, se dedican al acopio de metales no ferrosos, o a su adquisición a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

Para facilitar la trazabilidad en la comercialización de los metales no ferrosos, el proyecto prevé que los sujetos alcanzados deben registrar todas sus operaciones de adquisición, enajenación y transporte, consignando en cada operación el detalle sobre el origen y características de los metales, y su documentación de respaldo.

Además, otorga facultades de incumbencia específica a los efectivos del Ministerio de Seguridad y Justicia, para exigir y fiscalizar el cumplimiento de esta ley. De esta forma, se garantiza un abordaje integral y concreto del fenómeno delictivo, cuyos efectos destructivos de los servicios públicos y dañosos de la población en general ya hemos reseñado.