Política
A 34 años de la reforma de la Constitución de Río Negro: “Fue un triunfo del diálogo”
Fue creada en 1957, casi un año antes de que asumiera el primer gobernador constitucional de la provincia.
El 3 de junio de 1988 se sancionaba en Viedma la reforma de la Carta Magna provincial, que había sido creada en 1957. Desde diciembre de 1987, la Convención Constituyente comenzó a reunirse en San Carlos de Bariloche para definir las modificaciones a incorporar en el nuevo texto.
La Constitución de 1957 había sido sancionada en el Teatro Argentino de Viedma (donde hoy funciona la Legislatura), casi un año antes de que asumiera el primer gobernador constitucional de la provincia, Edgardo Castello. Esa primera Constitución rigió por 31 años.
En julio de 1986, a través de la ley N°2087, se declaró la necesidad de la reforma, que comenzó a ejecutarse en diciembre de 1987, en San Carlos de Bariloche, durante el gobierno de Horacio Massaccesi, y se debatió durante seis meses.
Los 36 convencionales constituyentes fueron Edmundo Aguilar, Edgardo Albrieu, Luis Arias, Juan Arturo, Néstor Belmonte, Jorge Bernardi, Edgardo Buyayisqui, Rosario Cala Lesina, Hipólito Caldelari, Graciela Campano, Emilio Carosio, Gustavo Casas, José María Córdoba, Rubén Crespo, Oscar De La Canal, Miguel González, Santiago Hernández, Miguel Irigoyen, Gregorio Iturburu, Wladimiro Iwanow, Carlos León, Antonio Manzano, Roberto Mariani, Gustavo Martínez, Salvador Matus, Marta Mayo, Carlos Olivieri, Horacio Pagliaricci, Rodolfo Ponce de León, Ernesto Reyes, Rodolfo Rodrigo, Jorge Schieroni, Daniel Sede, Ricardo Sotomayor, Miguel Srur y Enrique Uranga.
Durante la sesión del 3 de junio de 1988 llevada a cabo en Viedma, donde se sancionó la reforma, se escucharon emotivos discursos sobre la flamante Carta Magna por parte de las distintas fuerzas políticas.
“Podremos regresar a nuestros pueblos para juntarnos con nuestros amigos, vecinos, correligionarios y compañeros para decirles que volvemos con la humildad y sencillez de quien está convencido de que ha colaborado y trabajado para una obra grande y trascendente”, decía el presidente de la Convención, Luis Osvaldo Arias, aquel 3 de junio, antes de ser sancionada.
“Todos debemos hacer conocer esta Constitución, porque ella está formulada sobre la base de la libertad, la custodia de la dignidad del hombre y la preservación del territorio propio. Cuando lleguen a sus casas abracen a sus esposas e hijos, y siéntanse orgullosos por el deber cumplido”, expresaba entre aplausos.
Graciela Campano, del Partido Provincial Rionegrino, resaltaba: “Hemos podido superar la cuestión ideológica partidaria para concentrarnos y formar un solo cerebro de treinta y seis convencionales; un solo cerebro rionegrino; porque todos sentimos la necesidad y el compromiso de atender la demanda del pueblo; pueblo que nos votó con expectativas, y que a partir de mañana no serán tales, porque seguramente empezarán a ser realidad”.
“Esto es una muestra del triunfo de la idea por sobre la brutalidad; del diálogo por sobre el autoritarismo; de la amistad por sobre los enemigos de la Patria. Esto es una prueba que la Democracia sí funciona y que en Democracia sí se construye. Esta prueba proclamémosla a los cuatro vientos, porque es el testimonio de una Constitución moderna como programa de una Provincia y de un País mejor hecho, pero también de la afectuosa salida y del gesto hidalgo”, manifestaba el convencional peronista Rodolfo Ponce de León sobre el trabajo realizado sobre el nuevo texto constitucional.
El radical Ernesto Reyes destacaba: “Hoy, al llegar a la meta, tengo la satisfacción de decir con sinceridad que hemos elaborado un nuevo Texto Constitucional donde se ven plasmadas las ideas del constitucionalismo moderno; se ha profundizado la Democracia y dado eficiencia a los poderes del Estado”.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
