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Sociedad

Salud privada en Argentina: sus principales características

La salud privada en Argentina se financia por medio de acuerdos entre las empresas prestadoras de estos servicios asistenciales y los beneficiarios de las coberturas.

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Históricamente, en la Argentina la salud pública, y todos sus componentes, han sido un elemento de gran importancia en la gestión social y económica del país. Las leyes establecen que es un derecho para todos aquellos que necesiten recibir algún tipo de tratamiento o atención sanitaria, y por mucho tiempo se ha considerado este servicio como uno de los de mayor nivel en su tipo en toda América Latina. Sin embargo, hoy la realidad es algo diferente.

Desde hace algunos años, el sector de salud pública en el país ha atravesado una serie de crisis para poner en duda su capacidad de seguir brindando una contención de calidad al paciente. La saturación del sistema, la infinita extensión de los plazos y la imposibilidad de acceder a los mejores equipamientos, ha hecho que un buen porcentaje de la población comenzara a volcarse paulatinamente por la salud privada, en sus distintos niveles.

Para quienes quieren introducirse en el mundo de la salud privada y comenzar a servirse de ella puede ser un poco complicado al principio, como en el caso de tener que afiliarse a alguno de los servicios prepagos que se brindan en todos los hospitales privados del país. Es por eso que en este artículo hablaremos un poco acerca de cómo adentrarse en el ámbito de la salud privada en Argentina, y qué soluciones puede ofrecerle a sus afiliados

¿Qué caracteriza a la salud privada y la distingue de la pública?

La salud privada se destaca principalmente por brindar una asistencia a la que únicamente se puede optar si se paga por ella. Pero esta paga no siempre se realiza abonando esa consulta o terapia a un médico particular o a un hospital o clínica, sino que en la mayoría de los casos el paciente se afilia a una obra social o prepaga, que absorbe parte del costo del servicio.

Por otro lado, son muchos los que prefieren ganar tranquilidad agregando a su cobertura los coseguros, un plan adicional mediante el cual se puede acceder a una mayor cantidad de atenciones. En algunos casos, las personas afiliadas a estas entidades entienden que es la mejor salida, ya que circunstancias como cursar una enfermedad crónica o estar al frente de una familia numerosa supone que deban visitar de forma regular estos establecimientos.

Adicionalmente, los empleos en relación de dependencia correctamente registrados, llamados empleos “en blanco”, tienden a contemplar una cobertura para los empleados y sus familias.

Financiamiento de la salud privada en Argentina

Muy a grandes rasgos, la salud privada en Argentina se financia por medio de acuerdos entre las empresas prestadoras de estos servicios asistenciales y los beneficiarios de las coberturas.

En otras palabras, se financia mediante los aportes que las compañías que proponen estos “seguros” pagos de atención sanitaria o EMP reciben por parte de sus afiliados; mientras que en ciertas situaciones se abona además un diferencial al profesional, previamente establecido. Aún así, el monto siempre es menor que el que se pagaría por una consulta sin obra social.

Las estadísticas más recientes en este sentido indican que el 56% de la financiación del sector responde a conceptos prepagos, mientras que la casi mitad restante se relaciona con esos pagos extra que mencionábamos antes, determinados con antelación entre médico y paciente.

En conclusión, podríamos decir que el servicio de salud privada de Argentina es el complemento necesario a la complicada situación que atraviesa la salud pública en el país, respondiendo a una demanda creciente que le ha transformado en un sector sumamente pujante, con opciones para cada afiliado, de acuerdo a los servicios y la cobertura médica que pretenda.

Especialmente en los grandes centros urbanos de cada provincia, los hospitales, clínicas y sanatorios privados ponen a disposición de sus pacientes no sólo el conocimiento de los médicos y enfermeros que se decantan por desarrollarse laboralmente en estos espacios, sino también una avanzada tecnología que apenas unos pocos recintos públicos poseen.

Este acercamiento entre las últimas innovaciones en el espectro galeno, y un público que desea una atención médica no sólo buena, sino pronta y fluida, es el que explica por qué tantas personas han optado recientemente por la salud privada en Argentina, y por qué, al menos hasta ahora, no hay indicios de que la brecha con la salud pública vaya a reducirse.

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Roca

Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes

Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.

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Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.

Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.

Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.

Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.

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Política

El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena

El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.

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Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.

«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.

Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».

Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».

En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.

Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.

Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.

«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).

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Política

Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior

La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.

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Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.

Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.

Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.

De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.

Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.

En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.

El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.

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