Gremios
ATE ya protesta en delegaciones de Educación y a las 10 se moviliza en toda la provincia
En la previa de la paritaria, el sindicato exige que ningún estatal quede debajo de la línea de pobreza.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició su jornada de protesta con asambleas y paros en varias oficinas públicas, y se concentra en estos momentos en las delegaciones de Educación de la provincia. A partir de las 10, se movilizará a la Función Pública en Viedma y a varios organismos de la provincia en General Roca, Bariloche, Catriel y El Bolsón, entre otras ciudades, ante el incumplimiento de una serie reclamos.
En vísperas a la reunión paritaria del miércoles, ATE reclama aumentos de salarios que no dejen a ningún estatal por debajo de la línea de pobreza en consonancia con los índices que establece el INDEC.
Además, reclama la creación del adicional por calefacción para trabajadores de El Bolsón, Bariloche y Línea Sur, la contratación de 700 trabajadores del Ministerio de Educación que cobran bajo la modalidad “horas cátedra”, monotributo, PRIL (Programa de Inclusión Laboral) y subsidios. Este número, extendido a otros Ministerios, alcanzaría a 2000 trabajadores. Además, el pago de movilidad, aumento y regularización del valor de horas suplementarias y el pago con el sueldo de horas extras, entre otras demandas.
El gremio advierte también una fuerte discriminación entre el personal de diferentes ministerios con brechas salariales que van del 32% al 55%, pero también entre trabajadores de un mismo organismo. Días atrás, denunció que 370 agentes de la sede central del ministerio de Salud no cobran Riesgo No Médico ni la Compensación Salud. De esta manera, el gremio da continuidad a su campaña “Ningún estatal pobre ni discriminado en Río Negro”.
ATE demanda también para trabajadores de Salud el cálculo previsional de dos años por cada uno trabajado en pandemia, la puesta en marcha del convenio colectivo sectorial, un régimen de jubilación anticipada y la sanción de la Ley de Insalubridad.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
Gremios
ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.
El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».
En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».
El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».
En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Gremios
El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,28% e impactará en el aguinaldo
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo.
El Gobierno Provincial anunció el incremento salarial del bimestre junio-julio, acordado en la Mesa de la Función Pública. Se trata de una actualización automática a partir del promedio del IPC Viedma y el IPC Nacional.
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de junio y en la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,28%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo, datos que se dieron a conocer en las últimas horas.
Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de abril (2,6% a nivel nacional y 2,1% en Viedma) y el de mayo 2,1% a nivel nacional y 1,67% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
