Política
Con penas más duras para los usurpadores, Juntos Somos Río Negro apuesta por la reforma del Código Penal
El proyecto establece penas mínimas de 4 años y que se aceleren los procesos de restitución de bienes robados o hurtados.
Esta semana los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de reforma de los artículos 23 y 181 del Código Penal de la Nación. Buscan brindar una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones.
“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas y autor de la reforma, Luis Di Giacomo.
A su vez, Agustín Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.
Particularmente estas modificaciones pretenden establecer penas más duras -con un mínimo de 4 años de prisión- y acelerar los procesos de restitución de los bienes robados o hurtados. Y apunta directamente hacia aquellos grupos violentos que configuran esta práctica delictiva como un “modo de vida”.
En el artículo 23, que habla sobre “decomisos y medidas cautelares”, el proyecto establece la capacidad del juez de disponer del “reintegro inmediato de los bienes” en los casos donde haya riesgo de demora. Esta medida es de gran incidencia para la celeridad del proceso legal, ante el desgaste y las dilataciones que se produce normalmente en estas instancias.
Por otra parte, en el artículo 181 se agregaron dos agravantes a la tipificación del delito de usurpación. El primero refiere a la incidencia del número de personas partícipes, siendo que a mayor proporción aumenta la eficacia de las tomas y la capacidad de amedrentamiento.
Y el segundo ocurre en situaciones de “alegación de derechos tradicionales injustificados”, es decir, cuando los grupos violentos se escudan detrás de un derecho reconocido por la Constitución para cometer delitos.
Se abre ahora un proceso de profundo debate y discusión en la Cámara Baja para el tratamiento de esta controvertida problemática.
sión en la Cámara Baja para el tratamiento de esta controvertida problemática.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de $3.000.352
Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy (15/07) que las y los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las 9 necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
«Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Esa pérdida se aceleró en los últimos siete meses y los salarios reales del sector público cayeron más de 6%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de 5%», indicaron.
«Ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional», agregaron desde el FreSU.
«Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda», explicaron.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($640.428); vivienda digna ($596.339); educación ($268.502); vestimenta ($148.624); salud ($365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867); y previsión social ($330.039).
El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.
El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmaron que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
Gremios
ATE demanda al Gobierno que dicte asueto administrativo a partir del mediodía del miércoles por el partido Argentina – Inglaterra
«Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió formalmente al Gobierno que dicte un asueto administrativo con cese de tareas para mañana miércoles (15/07) a partir de las 12 del mediodía que le permita a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, presenciar el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol.
«El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Por supuesto que, como siempre ocurre en estos casos, nos encargaremos de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir», completó el dirigente estatal.
En la comunicación dirigida al presidente Javier Milei, el sindicato estatal detalla que «tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias».
Además, argumenta que «entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha».
Cabe destacar que otros gobiernos han adoptado medidas similares durante esta misma edición de la Copa del Mundo, como sucedió en Paraguay decretando feriado tras la victoria en 16° de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido contra Egipto por 8° de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.
Agro
Río Negro busca habilitar la venta legal de carne de jabalí y guanaco
El proyecto será enviado a la Legislatura y permitirá comercializar carne de jabalí y guanaco bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad. La iniciativa no modifica la normativa vigente sobre caza.
El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes, con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa permitirá que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan venderse legalmente en carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.
La propuesta busca que un recurso que actualmente se destina principalmente a la caza deportiva o al consumo particular pueda ingresar al mercado formal luego de atravesar establecimientos habilitados, controles veterinarios y fiscalización bromatológica.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que «el objetivo es generar las condiciones para aprovechar de manera segura una proteína disponible, garantizando todas las condiciones sanitarias y un marco legal para su comercialización».
El proyecto también responde al crecimiento de la población de jabalí europeo en la provincia. Según indicó el Gobierno, la expansión de esta especie exótica invasora provoca daños sobre cultivos y ecosistemas, mientras que la caza deportiva ya no resulta suficiente para controlar su avance.
En ese sentido, la iniciativa propone complementar el manejo poblacional con el aprovechamiento responsable del recurso, permitiendo que los animales capturados puedan destinarse al consumo humano una vez cumplidos todos los protocolos sanitarios.
La reforma no modifica la legislación vigente sobre fauna ni las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos específicos, mientras que la nueva normativa establecerá el marco para la faena, procesamiento y comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.
