Política
Con penas más duras para los usurpadores, Juntos Somos Río Negro apuesta por la reforma del Código Penal
El proyecto establece penas mínimas de 4 años y que se aceleren los procesos de restitución de bienes robados o hurtados.
Esta semana los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de reforma de los artículos 23 y 181 del Código Penal de la Nación. Buscan brindar una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones.
“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas y autor de la reforma, Luis Di Giacomo.
A su vez, Agustín Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.
Particularmente estas modificaciones pretenden establecer penas más duras -con un mínimo de 4 años de prisión- y acelerar los procesos de restitución de los bienes robados o hurtados. Y apunta directamente hacia aquellos grupos violentos que configuran esta práctica delictiva como un “modo de vida”.
En el artículo 23, que habla sobre “decomisos y medidas cautelares”, el proyecto establece la capacidad del juez de disponer del “reintegro inmediato de los bienes” en los casos donde haya riesgo de demora. Esta medida es de gran incidencia para la celeridad del proceso legal, ante el desgaste y las dilataciones que se produce normalmente en estas instancias.
Por otra parte, en el artículo 181 se agregaron dos agravantes a la tipificación del delito de usurpación. El primero refiere a la incidencia del número de personas partícipes, siendo que a mayor proporción aumenta la eficacia de las tomas y la capacidad de amedrentamiento.
Y el segundo ocurre en situaciones de “alegación de derechos tradicionales injustificados”, es decir, cuando los grupos violentos se escudan detrás de un derecho reconocido por la Constitución para cometer delitos.
Se abre ahora un proceso de profundo debate y discusión en la Cámara Baja para el tratamiento de esta controvertida problemática.
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Gremios
Weretilneck se reunió con Aguiar y anunció paritarias para el 30 de enero
En lo que se refiere a los 480 despidos en el Estado rionegrino, el gobernador confirmó que se dará inicio a un proceso de revisión de los casos que no tienen causa justificada.
El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y anunció la convocatoria a paritarias para el próximo 30 de enero, con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores estatales.
El mandatario también confirmó a través de su cuenta de X que durante las reuniones paritarias se analizarán los casos puntuales de agentes provinciales cuyos contratos laborales hayan sido cancelados y que presenten justificaciones fehacientes.
Aguiar, rionegrino y con dos mandatos cumplidos a cargo de la conducción provincial del sindicato, señaló que «hemos logrado abrir una instancia de diálogo que en el aspecto salarial da certidumbre a los trabajadores sobre todo después del congelamiento salarial del último trimestre del año pasado».
En referencia a la paritaria, el dirigente indicó que «hay quienes intentan negarlo, pero sigue habiendo inflación y se continúan deteriorando los salarios».
«Es muy importante que luego de las cesantías masivas que se llevaron adelante a fin de año se inicie un proceso de revisión. Somos un sindicato que nunca defendió lo indefendible, pero son numerosos los casos en que los despidos han sido absolutamente injustificados, además de poseer evaluaciones de desempeño intachables», explicó.
«Si bien se repasaron varios temas, la mayor parte de la reunión se focalizó en salarios y despidos que son las dos demandas prioritarias que tiene el sindicato en este momento. Aunque no tenemos la última palabra para decidir sobre el plan de lucha que ATE está llevando adelante en la provincia, entendemos que esta instancia que se ha abierto tiene que ser merituada favorablemente por el próximo plenario de secretarios generales», concluyó Aguiar.
El encuentro se llevó a cabo en horas del mediodía en la ciudad de Cipolletti, extendiéndose por más de una hora. Entre los distintos temas que abordaron, la prioridad se mantuvo en las negociaciones salariales y en las cesantías masivas que se generaron en la provincia a finales del 2024.
En este marco, se fijó como fecha de la paritaria para el jueves 30 de enero. En lo que se refiere a los 480 despidos producidos, se dará inicio a un proceso de revisión de los casos que no tienen causa justificada.
Política
Río Negro perdió el 9,3% de fondos de la coparticipación federal
La Provincia dejó de percibir aproximadamente $96.746 millones.
Las políticas implementadas por el Gobierno Nacional han provocado una contracción en la actividad económica, afectando directamente los recursos que recibe Río Negro, con una caída del 9,3% en 2024.
Las transferencias automáticas de la Coparticipación Federal de Impuestos son fundamentales para la financiación de la provincia. Según el Ministerio de Hacienda, en 2024 estos envíos representaron, en promedio, el 71% de los recursos tributarios totales.
Al evaluar el impacto financiero de la recesión en 2024, la provincia dejó de percibir aproximadamente $96.746 millones de coparticipación federal de impuestos.
En cuanto a las transferencias discrecionales, la provincia experimentó un recorte de aproximadamente $15.085 millones, de los cuales el 86% estaba destinado al pago del FONID, correspondiente a los salarios de los docentes. Estas sumas fueron asumidas por el Gobierno de Río Negro.
¿Qué podría haber hecho el Gobierno con esos fondos?
Para ilustrarlo, con ese dinero el Gobierno Provincial podría haber abonado las dos cuotas del aguinaldo de 2024 (que totalizaron $67.157 millones) o cancelado los servicios del Plan Castello (por un total de $83.158 millones).
Además, se podrían haber construido más de 80 hospitales como el que recientemente fue inaugurado en Ramos Mexía ($1.174 millones) o un plan de 1.600 viviendas. También se podrían haber adquirido unos 1.500 patrulleros, o incluso cuadruplicado las obras que llevó adelante Vialidad Rionegrina el año pasado para mejorar rutas y caminos.
En el ámbito educativo se podrían haber construido alrededor de 40 escuelas base de 1900 metros cuadrados.
Política
Río Negro invirtió más de $3.000 millones en mejorar las escuelas
Se inauguraron 20 obras durante 2024.
El Gobierno de Río Negro invirtió más de $3.000 millones durante el año pasado para ampliar y mejorar las escuelas de la provincia, con 20 obras inauguradas que benefician a miles de estudiantes y docentes.
Entre las obras mayores se destacan el nuevo edificio para la ESRN N° 21 en Catriel ($965 millones), la primera etapa del CET N° 34 ($387 millones) y el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 49 ($303 millones) en Los Menucos y la ampliación de la ESRN N° 158 en Fernández Oro ($201 millones).
Completan la lista la ampliación del Jardín N° 103 en Chacramonte ($55 millones) y la de la ESRN N° 26 en Comallo ($50 millones). Estas obras refuerzan las capacidades de aprendizaje y mejoran el acceso a instalaciones educativas de calidad.
Además, se llevaron a cabo 14 obras menores con una inversión superior a los $1.096 millones. Estas incluyeron la ampliación de aulas, refacciones generales y mejoras en servicios básicos como gas, electricidad y agua, esenciales para garantizar el funcionamiento diario de las instituciones educativas.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la relevancia de invertir en educación, porque «no solo transforma las escuelas, sino que potencia el futuro de nuestra provincia», y remarcó que «hemos avanzado en brindar infraestructura moderna y digna para nuestros estudiantes y docentes».
De manera complementaria, se ejecutaron 61 obras adicionales, que demandaron $703 millones, y se destinaron otros $23 millones a trabajos específicos de gas, luz y agua en distintas escuelas. A esto se sumaron $600 millones en compras especiales, que beneficiaron a 305 establecimientos con la adquisición de heladeras, calefactores, cocinas, vajillas y equipos informáticos, entre otros insumos esenciales.
La secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini, valoró el esfuerzo realizado por la cartera educativa «para planificar y prever los inconvenientas que puedan surgir, por eso las estadísticas indican que no hay pérdida de días de clases por condiciones edilicias».
«La verdad y lo importante es que el mantenimiento de escuelas es diario, es cotidiano y se trata de responder a la brevededad por la importancia que tiene para este Gobierno que los niños y niñas estén en las escuelas», completó.
