Sociedad
Río Negro presentará una demanda judicial en defensa de sus recursos
Es por las diferencias en la liquidación de regalías hidroeléctricas desde el años 2013.
El Gobierno de Río Negro presentará una demanda contra el Estado Nacional por diferencias en la liquidación de regalías hidroeléctricas desde el año 2013. El tema fue analizado hoy en el encuentro que la gobernadora Arabela Carreras mantuvo con el secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo.
Se trata de una Acción de Inconstitucionalidad contra el Estado Nacional referida al artículo 11 de la Resolución 15/2013 de la Secretaría de Energía de la Nación que dispuso el incremento de las remuneraciones de los generadores de energía pero excluyó el mismo de la base de cálculo para el cómputo de las regalías provinciales.
Dicha exclusión de las provincias en la normativa provocó que el incremento de la remuneración de los generadores no se trasladara a las regalías, por lo que se altera su base de cálculo, generando una pérdida de ingresos por este concepto para las provincias.
En el diálogo con Basualdo, además de la presentación de la demanda en el marco del proceso de cuidado de los recursos rionegrinos, se acordó conformar un espacio de trabajo conjunto para solucionar este tema a futuro.
Como titular del dominio originario del recurso hídrico, la Provincia de Río Negro percibe regalías de las Concesionarias de las obras hidroeléctricas del Comahue, asentadas sobre el Río Limay (Alicurá S.A., El Chocón-Arroyito S.A., Piedra del Águila S.A. y Pichi Picún Leufú S.A.). Como condómina del recurso natural con la Provincia de Neuquén, Río Negro es acreedora a un 6% de la alícuota legal del 12%.
En 2013, el Estado Nacional instrumentó un nuevo sistema de remuneración para la generación hidroeléctrica, dejando de lado la legislación de fondo en la materia y perjudicando con la exclusión a las provincias acreedoras en forma expresa.
Esta resolución modificó los conceptos por los que se remunera la energía y, apelando a nuevos ítems de remuneración, los amputa de la base de cálculo sobre el que aplica la alícuota de regalías (12%), cercenando arbitrariamente el derecho de propiedad de las provincias.
Como consecuencia de esta medida, se vieron afectados en forma negativa los ingresos provinciales, por una menor recaudación de regalías, en tanto se encuentra directamente vinculada a la diferencia entre el precio de mercado que obtiene el generador y la base de cálculo que aplica para el pago de regalías de acuerdo a la Resolución de 2013.
Con la demanda, se solicita además la disposición como medida cautelar de la suspensión en la aplicación del art. 11 de la Resolución 95/2013 hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en este proceso, ordenándose aplicar la alícuota que corresponde a las regalías hidroeléctricas provinciales sobre el total de los ingresos que perciben los generadores que utilizan recursos hídricos de la Provincia de Río Negro.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
