Judiciales
Más de cuatro décadas de matrimonio, pero sin verse: ella no podrá heredar
La Justicia determinó que la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

No tuvo contacto con su marido por más de 40 años y cuando él falleció quedó excluida de la sucesión por falta de “vocación hereditaria”. La mujer vive en otra provincia y, al ser citada al proceso sucesorio que tramita en Cipolletti, se presentó en carácter de cónyuge. Sin embargo, luego quedó establecido que no tiene derecho sobre los bienes. En este contexto, la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.
El proceso sucesorio está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2277 establece que la muerte de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. La “vocación hereditaria” es el llamado a concurrir como heredero a la sucesión de la persona fallecida.
Pero el artículo 2437 determina que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.
Justamente fue el caso de Cipolletti. Aunque la mujer no se había divorciado admitió –audiencias mediante- su separación de hecho de más de 45 años “sin voluntad de unirse”. En consecuencia, con la resolución del fuero Civil que puso fin al conflicto quedó determinado que carecía de vocación hereditaria y que la herencia corresponde en su totalidad a la hija (única y universal heredera).
Durante el último año, el fuero Civil de Río Negro le dio trámite a 9.745 nuevas causas y las sucesiones representan el 25,54 de este total. Hubo 2.489 sucesiones en 2021, entre las que se encuentra el caso de Cipolletti.
Cuando el matrimonio se vuelve un obstáculo
No es la primera vez que en la jurisdicción se tramita una causa con un matrimonio sin contacto. El año pasado, el fuero de Familia advirtió que un hombre quería divorciarse de su esposa pero no podía encontrarla para notificarla. Se recurrió al mecanismo de edictos de citación de personas.
En esos casos lo primero que se realiza es “practicar información sumaria”. Ello significa que cuando alguien pierde el contacto con una persona, se envían oficios a distintos organismos públicos: secretaría electoral, Anses, Afip.
Con la respuesta se obtienen algunos datos, por ejemplo, de domicilios o bienes registrados. Luego se envía una cédula y si el documento regresa “sin diligenciar”, es decir que no se encontró a nadie o esa persona no vive en el domicilio consignado, se publica un edicto de citación.
Después de la publicación de edictos, se notifica al Centro de Atención de la Defensa Pública (Cadep) para la designación en el expediente de un defensor o defensora de ausentes que actúa como parte, en representación de la persona que no fue hallada por ningún medio.
En el fuero de Familia la citación de personas no solo se utiliza para los divorcios, sino en demandas de alimentos, cambios de nombre y adopciones. En el caso de los divorcios en general se trata de parejas sin hijos, que han dejado de convivir y han perdido el contacto.
“A veces la gente pasa mucho tiempo casada y al no tener hijos en común se dejan de ver y después alguno de los cónyuges necesita realizar un trámite y el matrimonio se vuelve un obstáculo. Entonces necesita divorciarse y se recurre al sistema de edictos”, se explicó desde el fuero de Familia. También en las sucesiones, que tramitan en el fuero Civil, se publican edictos para hallar a posibles herederos de la persona fallecida.
Judiciales
Imputaron al policía acusado de robar a una pareja de adultos mayores y seguirá detenido
Una de las víctimas sufrió un ACV y traumatismo en cuello y cráneo, lesiones por las cuales aún se encuentra internado con pronóstico reservado.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por al policía que se desempeñaba en la Subcomisaria 69° de Barrio Nuevo de General Roca, acusándolo de haber participado en un robo que se produjo en una vivienda de Cipolletti el 20 de marzo pasado. Le endilgó el delito de robo agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda. En la misma audiencia se dispuso su prisión preventiva por el término de un año.
En relación al hecho, la fiscal interviniente relató que a las 14.25 horas, el efectivo policial descendió de una camioneta «junto a otras dos personas aún no identificadas. Previo acuerdo y distribución de funciones», él se quedó en el exterior de la vivienda haciendo de campana. Mientras tanto, los otros dos tocaron el timbre de la casa ubicada en calle Brentana. Uno de ellos estaba vestido de policía con un uniforme que, sostiene la acusación «le proporcionó el imputado para la ejecución del delito».
Una vez dentro de la vivienda, la persona vestida de policía apuntó al propietario con el arma de fuego en la cabeza y le exigió a la mujer que le entregue dinero. Mientras, el otro hombre tomó del cuello a la señora y la llevó hacia una habitación donde tenía guardado el dinero, sustrayendo una alta suma de pesos.
«No conformes con ese monto», agregó la acusación pública, «continuaron golpeando al propietario en la cabeza con el arma. Le indicaron al matrimonio que poseían información acerca de sus movimientos económicos y reclamaron más dinero. En esa circunstancia se apoderaron ilegítimamente de una suma en dólares y varias joyas para huir luego del lugar».
Como consecuencia de la agresión, el propietario de la vivienda sufrió un ACV y traumatismo en cuello y cráneo, lesiones por las cuales aún se encuentra internado con pronóstico reservado.
A su turno se enumeró la evidencia recolectada, mencionando el resultado de los seis allanamientos realizados ayer en las ciudades de General Roca y Neuquén. La querella adhirió a la formulación de cargos y la defensa se opuso e incluso pidió que el Juez interviniente sea recusado. No obstante ello el Magistrado no hizo lugar a dichos planteos y tuvo por formulados los cargos abriendo la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
Además, haciendo lugar a lo requerido por la Fiscalía y la querella, dispuso la prisión preventiva del hombre por el término de un año para evitar un entorpecimiento de la investigación.
Judiciales
Se casaron pobres, se hicieron millonarios y el hombre se quedó con todo: Deberá compensarla por los próximos 23 años
Su ex marido deberá aportar una suma equivalente al 20% de sus ingresos.

Cuando se casaron tenían menos de 20 años y formaron una familia prácticamente «con lo puesto». Durante los 28 años que estuvieron juntos tuvieron seis hijos y generaron un enorme patrimonio con campos con regalías petroleras, casas, emprendimientos comerciales y vehículos. Pero cuando se separaron definitivamente, se hizo evidente una desigualdad que había crecido a la par de las rentas. «El señor es dueño de todo y la señora no es dueña de nada», destacó una jueza de Familia de Roca al ordenar una compensación económica para la mujer.
La sentencia señaló que a los 53 años, tras la separación, la mujer se encontró «con secundario incompleto, sin aportes para su jubilación, sin trabajo y con pocas posibilidades de reinserción laboral», después de haberse dedicado durante casi tres décadas a la crianza de los seis hijos, al cuidado de familiares de su marido y a la gestión de algunos negocios familiares. El hombre, en cambio, es titular registral de unas 8.000 hectáreas de campo afectado al petróleo, varias viviendas y 14 vehículos entre autos, camionetas, camiones, acoplados, cuatriciclo y moto. Todos esos bienes fueron adquiridos durante la convivencia. Y si bien los testigos y la documentación demostraron que la mujer participaba activamente para el crecimiento económico de la familia, ninguna de las propiedades fue registrada a su nombre.
Cuando presentó la demanda ante el Juzgado de Familia la mujer pidió una compensación económica que ponga en equilibrio la situación de ambos. Dijo que durante toda la convivencia nunca tuvo trabajo propio fuera de la casa, que nunca pudo estudiar y que vivió «en una cárcel de cristal, donde si bien tenía todas sus necesidades cubiertas, dependía de manera total del demandado, quien ni siquiera le dio una tarjeta de crédito o débito para poder realizar sus gastos personales».
«La compensación económica aparece como un mecanismo corrector del perjuicio patrimonial que la ruptura de la vida en común puede causarle a uno de los miembros de la pareja. El principal objetivo es equilibrador», explicó la jueza en su sentencia. Señaló que el derecho a la compensación lo tiene cualquiera de los integrantes de la pareja, siempre que la separación deje a esa persona en una marcada desventaja económica producto de la misma ruptura.
Para definir el monto de la compensación la jueza valoró «el estado patrimonial de cada uno al inicio y a la finalización de la unión; la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia (…); la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos; la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación; la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente y la atribución de la vivienda familiar».
La jueza valoró también, en forma central, una pericia psicológica que demostró que la mujer sufrió violencia familiar y de género durante la unión. «Vio limitadas sus posibilidades de desarrollo personal y social. Es así que ha quedado acreditado que la actora ha sido víctima de violencia de género económica y emocional», concluyó.
El fallo definió que, como compensación, el hombre deberá aportar a la economía de la mujer una suma equivalente al 20% de sus ingresos durante los próximos 23 años. Estableció que esa suma nunca podrá ser menor a tres salarios mínimos.
La jueza concluyó que «la mejor forma de lograr una compensación que equilibre la situación es fijar un monto mensual que deberá pagar el demandado, ello porque le permitirá a la señora aliviar su situación económica y buscar un objetivo claro para ver de qué manera, a los 53 años y sin estudios y sin oficio, pueda reinsertarse laboralmente», generando «nuevas herramientas y una articulación en relación al sistema jubilatorio».
Judiciales
Lo denunciaron por acoso callejero y deberá realizar un curso de masculinidades
Asimismo, el acusado deberá comprometerse a no repetir la conducta.

Una mujer que volvía en bicicleta de su trabajo por una calle de Cipolletti fue interceptada por un hombre que también circulaba en bicicleta. Se colocó a su lado y le habló con insistencia. Le dijo que conocía sus horarios laborales y confesó que la había estado siguiendo durante varios días. La situación motivó una denuncia por acoso callejero. El caso derivó en una resolución judicial que aplicó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Como condición, el imputado deberá realizar un curso sobre masculinidades y comprometerse a no repetir la conducta.
El episodio ocurrió el 28 de febrero pasado, alrededor de las 13.30. La persona denunciante relató que circulaba por una calle de la ciudad cuando notó que un hombre la alcanzó en bicicleta, la saludó y comenzó a expresarse con frases que le generaron temor: dijo que hacía días la seguía, que conocía los horarios en que entraba y salía de su trabajo, que la había visto en la zona de la circunvalación y que quería pedirle su número de teléfono, aunque le pidió que no comentara nada ni a su madre ni a su pareja.
La denuncia ingresó en el Juzgado de Paz el 13 de marzo, y al día siguiente se dispusieron medidas cautelares según lo previsto por el artículo 75 bis del Código Contravencional. Con el expediente en curso, el 31 de marzo el ciudadano imputado concurrió para realizar su descargo, solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba, ofreció realizar una capacitación sobre género y manifestó su voluntad de no reincidir en la conducta denunciada. La persona denunciante expresó su conformidad con esa propuesta.
Al momento de resolver, el Juzgado tuvo en cuenta no solo el relato de la persona afectada y las pruebas reunidas en la causa, sino también el marco normativo vigente, que impone el abordaje judicial con perspectiva de género. Citó la Ley Nacional 26.485 y la Acordada 06/23 del Superior Tribunal de Justicia, y enmarcó los hechos en el artículo 44 del Código Contravencional, que sanciona el acoso callejero cuando este produce intimidación, hostilidad, degradación o afecta la dignidad de las personas.
En consecuencia, resolvió aplicar la suspensión del proceso a prueba en los términos del artículo 11 de la ley provincial 5592, y dispuso como instrucción especial la realización del curso autogestionado Masculinidades, relación de poder y cambio social, perteneciente al área de Género y Diversidad del Gobierno de Río Negro. El imputado deberá presentar el certificado que acredite su cumplimiento en el plazo de un mes desde la notificación de la sentencia, y no podrá incurrir en nuevas contravenciones durante seis meses.