Sociedad
Comenzará a implementarse en la Provincia la segunda etapa del Plan Federal de Educación Vial
Entre sus principales líneas de acción, contiene cuadernillos de actividades para todos los niveles, capacitación docente con puntaje, y charlas de concientización y talleres.

Ayer jueves (11/08), en la Casona de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, se llevó a cabo la firma de un convenio mediante el cual comenzará a implementarse la segunda parte del Plan Federal de Educación Vial que contiene, entre sus principales líneas de acción, cuadernillos de actividades para todos los niveles, capacitación docente con puntaje, charlas de concientización y talleres para supervisores y directores de las escuelas.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez; la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, y el director del Centro de Formación en Políticas de Seguridad Vial dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sebastián Kelman.
El objetivo del convenio refiere a pensar y desarrollar de manera conjunta, acciones orientadas a promover la enseñanza de la Educación Vial en las diferentes modalidades del sistema educativo. De esta manera se busca contribuir para el fortalecimiento de la ciudadanía y la promoción de vínculos más solidarios y responsables al transitar por el espacio público.
En ese sentido, el ministro Núñez destacó la posibilidad de continuar generando estrategias para generar hábitos de empatía y respeto no solo acerca de las normas sino entre los y las integrantes de la comunidad.
«Trabajar la temática de la seguridad vial es una motivación más para que tengamos ciudades más saludables, amigables, más empáticas, más comprometidas los unos con los otros donde todos ocupemos los espacios públicos de una manera comprometida y pensando siempre en el otro y la otra».
El funcionario señaló que es la escuela el lugar propicio para generar hábitos y modificar comportamientos: «Llegaremos con nuevas capacitaciones, llegaremos con material impreso y digital a cada establecimiento educativo, nivel y modalidad del sistema educativo y entendemos que así vamos a generar las condiciones para que esta temática sea abordada, trabajada y se transforme en un hecho pedagógico».
Por su parte, la ministra Minor resaltó que la educación es uno de los ejes principales del Plan Provincial de Seguridad Vial, junto a la prevención y el control: «Nos parece fundamental e indispensable tener enlace con Educación que es el lugar donde uno puede generar hábitos y conductas. Por sobre todas las cosas celebro el enfoque que tiene el Plan Nacional de Educación Vial porque hablamos de generar ciudadanos empáticos, respetuosos con el cumplimiento de las normas en su conjunto, respetuosos con el otro. Empáticos de los derechos del otro y también conscientes de las obligaciones que tenemos».
Minor señaló la importancia de concientizar en todos los niveles de educación ya que esa acción: «Hace que a futuro nosotros tengamos ciudadanos más respetuosos del cumplimiento de las normas en su conjunto».
A su vez, Kelman manifestó que el convenio permite articular y trabajar para que la educación vial sea prioritaria, llegando a las escuelas y ocupando un lugar de relevancia en la agenda pública y en las familias.
«Nosotros trabajamos en controles, en sanción, en fortalecer la licencia nacional de conducir, en alcoholemias federales fuertemente con la provincia de Río Negro pero la verdad que no se puede pretender un inspector en cada esquina, en cada ruta. Nosotros apelamos a la buena conducta y a la convivencia vial en el espacio público. Eso es algo que debemos incorporar, que es necesario tomarlo como un hábito y esos hábitos se aprenden, se enseñan y se ven en la escuela y de la mano de los docentes, desde la más temprana edad, de manera sostenida y eso es lo que estamos impulsando con el Plan Federal de Educación Vial», concluyó.
Roca
Insistía con invitar a una adolescente a su casa y la Justicia le prohibió acercarse
El hombre volvió dos días seguidos al comercio donde trabajaba la adolescente y la invitó a su casa. La Justicia entendió que afectó la tranquilidad de la joven.

Una adolescente atendía el negocio de su familia en el Alto Valle cuando un cliente terminó de pagar y, antes de retirarse, le preguntó por qué siempre estaba seria. Como no obtuvo respuesta, insistió y la invitó a tomar mate en su casa. La joven guardó silencio y el hombre se fue del lugar.
Al día siguiente regresó al comercio y volvió sobre el tema y preguntó por la adolescente. En ese momento intervino la pareja del padre de la joven, quien le respondió que no correspondía que invitara a la chica a tomar mate. El hombre se retiró sin discutir.
El padre de la adolescente promovió una denuncia ante el Juzgado de Paz en representación de su hija, por una infracción al Código Contravencional de Río Negro.
La jueza dispuso una prohibición de comunicación y contacto. Luego de la audiencia se resolvió responsabilizar al hombre por la conducta denunciada y le impuso una amonestación prevista en el artículo 47 de la Ley.
Durante la audiencia, el hombre sostuvo que todo había sido un malentendido. Explicó que había invitado a la adolescente para que fuera con sus hermanos a jugar con la perra que tenía en su casa. Dijo que no advirtió que esa conducta podía resultar inapropiada y aseguró que nunca actuó con mala intención.
Sin embargo, la jueza entendió que esas explicaciones no desvirtuaban los hechos acreditados y concluyó que su conducta había afectado la tranquilidad de la joven.
El fallo recordó que el Código Contravencional sanciona a quien moleste a otra persona y afecte su tranquilidad en la vía pública o en lugares de acceso público. Esa figura integra el capítulo referido a las contravenciones contra la integridad de las personas y protege el derecho a desarrollar actividades sin sufrir conductas que alteren la tranquilidad.
La sentencia también destacó que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes las medidas de protección, no se denunciaron nuevos episodios y que el hombre se presentó a la audiencia luego de ser notificado.
Asimismo, señaló que no registraba antecedentes contravencionales por hechos similares, circunstancia que fue considerada al momento de definir la sanción aplicable.
Así, el Juzgado de Paz resolvió amonestar al hombre y advertirle que, en adelante, deberá ajustar su comportamiento a las normas vigentes para evitar nuevas infracciones.
Judiciales
La ruta de sociedades, cuentas y comercios detrás de una cuota alimentaria
La jueza analizó informes tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios y testimonios para determinar la capacidad económica del demandado.

El expediente no ofrecía una cifra única ni una respuesta directa. Para conocer la capacidad económica de un progenitor, la jueza debió seguir un recorrido compuesto por registros tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios, certificaciones contables y testimonios.
La causa tramitó ante la Unidad Procesal de Familia N.º 11 de Cipolletti. La progenitora inició la acción en representación de sus dos hijos y sostuvo que el otro progenitor desarrollaba distintas actividades comerciales y empresariales. También afirmó que ella asumía el cuidado cotidiano de los niños.
El padre rechazó el alcance del reclamo. Explicó que sus ingresos no eran fijos, presentó una certificación contable y acompañó documentación bancaria. Además, sostuvo que realizaba aportes mensuales y entregas de alimentos, ropa y útiles escolares.
La discusión quedó centrada en una pregunta: cuál era su capacidad económica real.
El primer tramo de la respuesta apareció en los informes tributarios. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro informó que el progenitor figuraba inscripto en actividades vinculadas con servicios gastronómicos, asesoramiento y gestión empresarial. También registró vehículos a su nombre.
Luego llegaron los datos de la Municipalidad de Cipolletti. Los registros indicaron la existencia de una habilitación comercial vigente para un establecimiento gastronómico y señalaron su participación como socio gerente en una sociedad. Otro informe municipal dio cuenta de antecedentes vinculados con inmuebles y permisos comerciales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sumó más piezas. Según la sentencia, el progenitor aparecía registrado como socio, gerente o administrador en distintas firmas. A esa información se agregó un contrato de franquicia para la explotación de un local comercial. La documentación acreditó vínculos con sociedades, comercios y emprendimientos. Sin embargo, el expediente no permitió determinar con exactitud cuánto dinero generaban esas actividades ni qué parte correspondía al progenitor.
La jueza también examinó una certificación contable que él mismo presentó. Ese documento informó un promedio de ingresos durante un período determinado y consignó una relación laboral con una de las empresas. El fallo aclaró que esos datos no reflejaban necesariamente la totalidad de los recursos, ya que existían otras participaciones comerciales acreditadas en la causa.
El informe bancario añadió otro elemento. La cuenta registró variaciones importantes entre ingresos, egresos y saldos durante varios meses. La sentencia tomó esos movimientos como parte del análisis patrimonial, aunque no los consideró suficientes para establecer por sí solos una cifra definitiva.
Las declaraciones testimoniales completaron el cuadro. Varias personas hablaron sobre locales gastronómicos, viajes al exterior, vehículos y nivel de vida. Otro testimonio mencionó la relación del progenitor con una empresa que ocupaba un inmueble comercial.
Aun con ese conjunto de pruebas, la jueza señaló que faltó documentación contable específica. También sostuvo que el progenitor estaba en mejores condiciones de presentar información precisa sobre sus ingresos, su patrimonio y las ganancias de las sociedades.
El fallo aplicó el criterio de las cargas probatorias dinámicas. Según la resolución, ese principio impone el deber de aportar la prueba a quien cuenta con mejores posibilidades técnicas o materiales para hacerlo.
La jueza fijó una cuota alimentaria equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles. También ordenó que se practique una liquidación por los períodos anteriores, con deducción de los pagos ya realizados.
Río Negro
¿Sabés las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial?
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente.

Aunque muchas veces se los confunde, el matrimonio y la unión convivencial no son lo mismo. Ambos permiten reconocer legalmente una relación de pareja, pero cada uno tiene requisitos, derechos y efectos diferentes. Desde el Registro Civil de Río Negro se recuerda que conocer estas diferencias es fundamental para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente. En cambio, para registrar una unión convivencial es necesario acreditar al menos dos años de convivencia.
También cambian algunos de los derechos que genera cada vínculo. El matrimonio, por ejemplo, reconoce el derecho a heredar entre los cónyuges y, en determinadas situaciones previstas por la ley, permite solicitar alimentos después de un divorcio. La unión convivencial no otorga esos mismos derechos.
Además, para inscribir una unión convivencial ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, las personas pueden tener domicilios diferentes antes de la celebración y existen excepciones previstas por la ley para quienes son menores de edad.
Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a beneficios como la incorporación a una obra social o el reconocimiento para una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Quienes tengan dudas o quieran conocer cuál de estas opciones se ajusta mejor a su situación pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana, donde recibirán asesoramiento y la información necesaria para realizar el trámite.





