Luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó esta decisión y confirmó que se mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso.

«Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos», agregó el referente sindical.

En referencia a la movilización prevista para el jueves, apuntó que «a Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla».

«Este es un avance significativo de la lucha. Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía», concluyó el titular de ATE Nacional.

La sesión de la Cámara Alta se mantiene vigente para este jueves (06/08) a las 14, luego de un mes de cuarto intermedio, pero sin los artículos que aprobaban el régimen de extranjerización de las tierras rurales. Cabe destacar que numerosos senadores y gobernadores ya habían adelantado su rechazo a esta modificación.

De esta forma, ATE mantiene la movilización prevista y concentrará a partir de las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA). Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por el sindicato.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar y poner en marcha «una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX», que «ataca la jornada de 8 horas y a las organizaciones sindicales, restringe el derecho a huelga, y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos». Fue durante la audiencia que se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.

Además, el FreSU denunció la existencia de «una política de persecución política y disciplinamiento cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la persecución mediática, gremial, jurídica y personal» desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró.

«El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos», dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición por parte del FreSU, que solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.

Agregó que «aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar».

Luego, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, precisó que, como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, «el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres».

«Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida», dijo Chevalier y subrayó que «esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares».

Al abordar la persecución política a sindicalistas y sindicatos, Biró sostuvo que «el Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo».

Biró también señaló que «el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contras organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte».

Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral. Y, ante esas preocupaciones, Cremonte precisó que «la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores pueden ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja».

A su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional «es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país».

Además, la abogada Amartino solicitó, en nombre de todas las organizaciones que pidieron la audiencia, que la CIDH «emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho».

También pidió «que declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» e invitó a que “la Relatoría Especial sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales (REDESCA), realice una visita a Argentina a fin de recibir información sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tome contacto para planificar la vista con las organizaciones sindicales de Argentina».

El paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que comenzó a las 00 horas ya registra un alto nivel de acatamiento en todo el país en la previa a la movilización que realizará al Ministerio de Economía a partir de las 10 horas. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.

«El shutdown, el apagón en el Estado lo vamos a provocar los trabajadores si el Gobierno continúa sin responder a nuestras justas demandas. La alta adhesión a la medida muestra que el enojo crece en todos los sectores y que la conflictividad va a seguir en ascenso», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La concentración será en Av. de Mayo y Santiago del Estero a partir de las 10.

En referencia a las negociaciones salariales, señaló que «la paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario».

«El nivel de endeudamiento de los hogares estatales es dramático. Además, se han superado las instancias formales como los bancos, fundaciones y billeteras virtuales. Los estatales también empezaron a tomar créditos con los prestamistas barriales y eso es muy peligroso», agregó el dirigente estatal.

Además, apuntó que «el Banco Nación debiera estar para definir un programa de desendeudamiento de toda las familias y no al servicio de los funcionarios de La Libertad Avanza solo para otorgarles créditos multimillonarios para que ellos se compren sus viviendas de lujo».

«La falta de inversión en hospitales, escuelas y en diversas áreas públicas es absoluta y en este momento pone en riesgo la prestación de servicios esenciales», detalló Aguiar.

«Nos mintieron, no vinieron a destruir el Estado. Hoy el Estado está más presente que nunca, pero no para la gente, solo está presente para los empresarios», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

Uno de los principales motivos que reaviva la conflictividad en el Sector Público es la pérdida del poder adquisitivo a partir de las paritarias firmadas a la baja. En lo que va del 2026, los incrementos llegaron a 12,9% en la Administración Pública Nacional hasta el mes de junio, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de 16,9%.

Además, en lo que va de la gestión de Javier Milei, los servicios ya aumentaron un 919%, mientras que el poder adquisitivo en el sector público cayó un 45% en ese mismo periodo. En esta línea, el sindicato alertó nuevamente sobre «el intento de cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos, y despidos en el Estado Nacional, poniendo en riesgo la normal prestación de servicios para la sociedad».

La profunda crisis que denuncia ATE también se ve reflejada también en los sectores productivos, con el cierre de más de 28.000 empresas y la pérdida de más de 341.000 puestos de trabajo en los últimos dos años y medio.

Cabe recordar que ATE mañana participará en el marco del FreSU de la denuncia contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por la reforma laboral regresiva. Además, ya definió una Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso de la Nación para el jueves 6 de agosto en rechazo a la ley de extranjerización de tierras, y otra para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, para participar en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.