Política
Dirigentes rionegrinos junto a Rodríguez Larreta en el lanzamiento de “Prepararse para gobernar: un país federal”
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reunió a 150 dirigentes de todo el país.
Bajo el lema “Preparándonos para gobernar: un país federal”, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reunió a 150 dirigentes políticos de todo el país en un encuentro federal.
Por Río Negro participaron el legislador provincial Juan Martín, y el ex secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
La convocatoria, a cargo del diputado nacional por Mendoza Omar De Marchi, fue en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a un total de 150 referentes entre senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales. Durante el encuentro, que contó con una disertación a cargo del ex ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, se analizó la situación macroeconómica actual con el objetivo de tener un diagnóstico para continuar delineando soluciones que generen trabajo, aumenten la producción y expandan la capacidad exportadora de la Argentina.
Rodríguez Larreta sostuvo: “Estoy convencido de que hay que terminar con la grieta. Es difícil ponerse de acuerdo pero es lo que cambia la Argentina.” Y agregó: “Hay que tener más coraje para consensuar con el que piensa distinto que para pelearse. La firmeza que la Argentina necesita es la de solucionar los problemas de la gente.”
“Para solucionar los problemas tenemos que llegar preparados. Estamos trabajando en la definición del plan y en el consenso con nuestros socios políticos. Tan importante como tener un plan es tenerlo consensuado” detalló el mandatario. “Lo que va a cambiar el país no es aprobar leyes los primeros días sino que éstas se mantengan veinte años. La unidad se expresa con que lleguemos juntos al 10 de diciembre del año que viene, pero sabiendo lo que hay que hacer.”
Para cerrar, dijo: “para sacar la Argentina adelante, no nos alcanza sólo con el gobierno nacional. Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias, en cada municipio y en cada rincón de la Argentina.”
Los paneles estuvieron a cargo de Enrique Szewach, ex director del Banco Central; Jorge Faurie, ex canciller argentino; y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. La moderación del encuentro la hizo Julia Pomares, ex directora de CIPPEC y actual jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hubo referentes de 22 provincias presentes en el encuentro. El mismo fue un espacio de diálogo e intercambio federal con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno para cada
una de las provincias, a la altura de los desafíos que enfrenta Argentina.
Entre los 150 dirigentes también estuvieron: Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos; Luis Juez, senador nacional por Córdoba; Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; Nacho Torres, senador nacional por Chubut; Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Felipe Álvarez, diputado nacional por La Rioja; Alfredo Schiavoni, diputado nacional por Misiones; Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa; Rubén Manzi, diputado nacional por Catamarca; y Héctor Tito Stefani, diputado nacional por Tierra del Fuego.
Además, participaron del encuentro federal: por parte de Córdoba, Gustavo Santos, Héctor Baldassi, Soher El Sukaria, Sara Majorel, Pedro Roulet, Javier Pretto, Darío Capitani, Oscar Agost Carreño, Gabriel Frizza, Pedro Dellarossa, entre otros; por parte de Santiago del Estero, Facundo Pérez Carletti; por La Rioja, Julio Sahad; por Salta, Carlos Zapata, Martín Grande, Carlos Zapata entre otros; por Jujuy, Luciano Angelini, Jorge Hiruela, entre otros; por Chaco, Lucas Figueras, Marilú Quiroz; por Santa Fe, Anita Martínez, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa, entre otros; por Corrientes, Augusto Costaguta, Damián Garavano; por Formosa, Enrique Ramírez; por Misiones, Jorge Ratier; por Santa Cruz, Ramón Alberto Parsons; y por Tierra del Fuego, Federico Frigerio.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
