Una persecución iniciada en la zona de Chacramonte, en General Roca, terminó con un hombre detenido y una motocicleta secuestrada luego de que la Policía confirmara que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en junio.

El procedimiento se desarrolló este lunes (21/09), cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) observó una motocicleta que circulaba en actitud sospechosa y decidió acercarse para identificarla.

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró y comenzó a escapar por calle Humberto Canales. La persecución continuó hacia el sector del barrio Buenos Aires Chico hasta finalizar en calle Ceballos, frente a la Chacra 22, donde los efectivos lograron interceptarlo.

Durante el procedimiento, los policías verificaron los datos identificatorios de la motocicleta, una Benelli TRK 502, y constataron que tenía un pedido de secuestro por robo solicitado por la Comisaría 3° de General Roca el pasado 5 de junio.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado al Destacamento 177°. El conductor también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Además, ordenó incorporar fotografías de la motocicleta y, una vez localizado el propietario, realizar el correspondiente reconocimiento para avanzar posteriormente con la entrega del rodado en carácter de depositario judicial, previa presentación de la documentación requerida.

Una motociclista resultó lesionada tras protagonizar un accidente sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, luego de impactar contra un caballo que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1160, donde intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca luego de recibir una alerta por el hecho.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Zanella de 150 centímetros cúbicos, que circulaba en sentido este-oeste, había colisionado contra el animal. De acuerdo con la información disponible, la conductora no logró esquivar al caballo, que ingresó a la calzada por motivos que son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer sufrió diversas heridas y recibió asistencia en el lugar. Posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital de Cervantes para la realización de los correspondientes estudios médicos.

En el sector trabajó personal policial, que llevó adelante las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes respecto del propietario del animal.

La Fiscalía solicitó que cuatro empleados policiales sean declarados responsables penalmente por los delitos de torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por su carácter de funcionarios policiales, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma, en un hecho que tuvo como víctimas a adolescentes.

Durante los alegatos, el fiscal del caso, Gastón Ezequiel Britos Rubiolo, pidió que uno de los acusados sea considerado autor y que las dos mujeres y el otro hombre sean declarados partícipes necesarios. Las defensas penales y las dos defensas particulares solicitaron la absolución de los cuatro acusados.

La Fiscalía sostuvo durante su exposición que los cuatro policías habrían realizado distintas acciones posteriores al hecho destinadas a generar confusión respecto de quién había intervenido directamente. Entre ellas mencionó el pedido de documentación al Servicio Integral de Atención de Emergencias de Río Negro (SIARME) sobre la atención brindada a los adolescentes, cambios en las versiones previas a la formulación de cargos y una reunión realizada en forma reservada.

Britos Rubiolo sostuvo que los acusados formaban parte del aparato policial y que, desde esa función, tenían el deber de proteger a los adolescentes. También pidió que la valoración de la prueba se realizara desde la perspectiva de los derechos de niños y adolescentes.

El fiscal señaló que las declaraciones realizadas en Cámara Gesell resultaron concordantes con otros elementos incorporados durante el juicio, incluidos testimonios directos e indirectos y los aportados por trabajadoras del SIARME.

Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con una escopeta y las distintas versiones brindadas por personal policial no imputado respecto de su utilización. Según la Fiscalía, existieron contradicciones sobre si el arma era utilizada preventivamente durante la noche, para situaciones de tumultos o por personal autorizado.

También fueron señaladas diferencias respecto de la confección de los partes diarios relacionados con el uso de determinadas armas.

En relación con las lesiones, la Fiscalía destacó que la familia de uno de los adolescentes aportó el perdigón extraído de su cuerpo y que fue esa familia la que se comunicó con la Fiscalía y realizó la denuncia penal al día siguiente.

Según explicó Britos Rubiolo, el perdigón encontrado en el muslo de uno de los adolescentes correspondía a la escopeta y el disparo se habría producido mediante un rebote contra el suelo, con una trayectoria de abajo hacia arriba.

Respecto de los cortes que presentaban los adolescentes, el fiscal sostuvo que fueron producidos de manera intencional y descartó que se hubieran originado por el contacto con vegetación.

Las defensas cuestionaron la reconstrucción fiscal. La defensora penal pública Flavia Rojas sostuvo que su asistida no colaboró con las acciones atribuidas a su compañero y que, por el contrario, le habría pedido que cesara.

Planteó además que la mujer se encontraba en una situación de desigualdad frente a su superior jerárquico y solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género.

Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos cuestionó la extensión temporal atribuida al hecho y sostuvo que el procedimiento habría durado aproximadamente 30 minutos. También señaló que su asistido no fue quien descendió del patrullero con la escopeta. Las restantes defensas particulares también solicitaron la absolución de sus asistidos.

El Tribunal Colegiado dará a conocer su resolución el próximo jueves (24/09), a las 11, en los Tribunales de General Roca.