Política
La Legislatura aprobó la emisión de Letras y el Consenso Fiscal
Fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
La Legislatura rionegrina ratificó el Consenso Fiscal 2021 y la ampliación de la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022. También autorizó la emisión de Letras para el Ejercicio Fiscal 2023 y el sobregiro sobre los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el F.U.C.O durante el 2023.
El proyecto fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la informante del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, tratado en única vuelta, con acuerdo de ministros. La legisladora expresó “la tenaz convicción (del gobierno provincial) de acordar políticas con el gobierno nacional cuando se trata de beneficiar en materia tributaria a los contribuyentes, a los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional”.
Indicó que con la ratificación del acuerdo se continúa con el intercambio de la información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes para potenciar el cumplimiento tributario.
Señaló que también se dará continuidad al programa integral para simplificar y coordinar procedimientos, registros, declaraciones juradas, pagos de obligaciones, regímenes de retención, de percepción, los especiales para pequeños contribuyentes, el domicilio fiscal electrónico unificado.
En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, informó que hay un acuerdo de mantener desgravados los ingresos que provengan de la exportación de bienes y servicios, con el fin de dar mayor competitividad a los productos rionegrinos.
Detalló que una de las modificación que propone este consenso fiscal tiene que ver con las alícuotas para cada una de las actividades en el impuesto sobre los ingresos brutos. Propone alícuotas máximas superiores a la de los consensos fiscales anteriores. Aclaró que esto no obliga a las provincias a llevar sus alícuotas a esas máximas, y que el tope es un resguardo para los contribuyentes que saben que las jurisdicciones provinciales no van poder avanzar más allá de ese límite.
Aseguró que no es intención del Gobierno de Río Negro incrementar las alícuotas actuales vigentes aunque haya suscrito un Consenso Fiscal que permite alícuotas máximas mayores.
Remarcó que en Río Negro, desde 2018, se viene llevando a cabo un plan de reducción de las alícuotas de ingresos brutos y de sellos. A esto se le suma un “importante esquema de bonificaciones de cumplimiento que no lo tiene ninguna otra jurisdicción”. Consecuencia de estas dos medidas, Río Negro está posicionada como una de las provincias con menor carga tributaria a nivel nacional.
Con respecto al impuesto automotor, explicó que se fija una base imponible mínima del 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, con una alícuota mínima del 2 por ciento.
En cuanto al impuesto inmobiliario, adopta para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías planteados por el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), que todavía no están establecidos.
Aclaró que Río Negro no avanzará en un nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, legado, donaciones) previsto en el consenso.
Por otro lado, Ávila argumentó sobre el pedido de emisión de Letras de Tesorería. Fundamentó que a raíz del proceso inflacionario, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación de 3 mil millones de pesos al autorizado para el presente año, que fue de 5 mil millones.
Aclaró que el stock máximo autorizado de Letras no significa necesariamente que se vaya a utilizar en su totalidad ya que su uso es eventual. “Más vale prevenir que lamentar”, justificó la informante.
Respecto del sobregiro en descubierto sobre la cuenta corriente general, la legisladora explicó que tiene como destino solventar el pago parcial de los haberes de la Administración Pública y de otros gastos esencial de funcionamiento para la Provincia.
El monto solicitado se incrementa en 71% con respecto al que está vigente, ascendiendo a 12 mil millones de pesos: “Una solicitud más que razonable teniendo en cuenta la inflación acumulada del 66 por ciento”, consideró la legisladora.
Por la oposición, Ignacio Casamiquela manifestó el apoyo en general del bloque del Frente de Todos al Consenso Fiscal, aunque rechazó en particular la ampliación de la emisión de Letras y el sobregiro sobre la cuenta corriente. Criticó la toma de deuda y su aumento, habló de “falta de previsibilidad y certidumbre en materia financiera y de la irresponsabilidad constante con la que están llevando adelante a una Provincia que se endeuda año tras año y que no tiene salida”.
María Eugenia Martini reforzó los dichos de Casamiquela. Se refirió a una “inmensa deuda pública que se acrecienta como una bola de nieve”.
Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto. Juan Martín observó que aunque se quiera presentar de otra manera, se trata de “más endeudamiento y un mayor descubierto bancario”. Sostuvo que detrás de este proyecto está “la evolución del déficit fiscal, que parece responder a factores estructurales que se amplifican ante la actual coyuntura financiera”.
Advirtió que en el Consenso Fiscal no hay un solo gesto hacia el esfuerzo del contribuyente, y que no se contempla ningún alivio sobre alícuotas. Definió al Consenso Fiscal como “un gran acuerdo entre dos malos administradores, para cobrar más impuestos, ya sea con nuevos tributos o aumentando los existentes”.
Por Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham expresó el acompañamiento del bloque “teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando”. Con respecto a la emisión de Letras dijo: “Entendemos que éstas son las únicas herramientas financieras que tienen los Ejecutivos provinciales y nacionales para poder hacer frente a sus obligaciones”.
Nicolás Rochas, del Frente Renovador, apoyó la ratificación del Consenso. “Está en la responsabilidad de quienes llevan adelante las riendas del Estado hacerse de las herramientas y tomar las medidas suficientes para afrontar los escenarios, sobre todos cuando son complejos”.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien justificó la ampliación en la emisión de Letras en la situación inflacionaria que atraviesa el país. “Venimos a comprometernos a que no vamos a generar aumento de impuestos provinciales y a decir que nunca van a encontrar a Río Negro del lado del ajuste, del lado del achique del Estado, de echar trabajadores, de cerrar escuela; al contrario, Río Negro va a estar al lado de los trabajadores, de las Pymes, de los empresarios, de los enfermeros, de los maestros, y de todos y cada uno de los rionegrinos”, concluyó.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
Judiciales
Causa Techo Digno: La jueza frenó el intento de archivo y confirmó la vigencia de la acusación
La magistrada resolvió que los plazos de prescripción están suspendidos y rechazó los planteos de nulidad y recaratulación presentados por las defensas de Tortoriello y Baratti.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno en Cipolletti. También rechazó un planteo de nulidad y descartó modificar la calificación legal solicitada por una de las defensas.
La magistrada consideró que la acción penal no está extinguida, ya que uno de los imputados -Aníbal Tortoriello- aún ocupa un cargo público, circunstancia que activa la suspensión del plazo de prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Berenguer sostuvo que esta interpretación es consistente con la doctrina legal ya establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Los hechos investigados
La causa se originó a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas adjudicadas a empresas privadas.
Según la acusación, durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello se habrían realizado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.
El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado.
En tanto que a Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi se los acusó como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.
Los argumentos de las defensas
Las defensas reclamaron el sobreseimiento al sostener que la causa estaba prescripta. El defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, afirmó que habían pasado más de seis años desde que su cliente dejó el cargo de intendente, y cuestionó además que los hechos pudieran configurarse como peculado.
El defensor de Tortoriello, Gustavo Palmieri, planteó que la prescripción debía computarse desde la rescisión de los contratos en 2016, y sostuvo que su defendido no tuvo injerencia posterior en la administración del programa.
El resto de los defensores -Scianca, Vincenty, Gadano y Chelia- adhirieron a esos argumentos.
Lo que resolvió la jueza
La jueza rechazó los planteos de prescripción al considerar que, aunque se investigan dos hechos diferenciados, ambos se vinculan al mismo convenio -identificado como ACU 813/2015- y deben analizarse en un mismo marco.
Además, sostuvo que la continuidad de Tortoriello en funciones públicas -actualmente diputado nacional- impide que opere la prescripción, tal como establece el Código Penal.
Tampoco prosperó el pedido de cambio de calificación de la defensa de Baratti, que pretendía reemplazar la figura de peculado por la de malversación de caudales públicos. Para la magistrada, esa discusión deberá darse en etapa de juicio.
Por último, desestimó el planteo de nulidad de la acusación fiscal presentado por las defensas de Baratti y Tortoriello. Consideró que la Fiscalía no modificó los hechos atribuidos y que no se afectó el derecho de defensa.
La causa sigue su curso
Con esta resolución, el expediente continuará en la etapa intermedia hacia el juicio, donde se analizará toda la prueba recolectada.
Según informó la Fiscalía, ninguno de los imputados registra antecedentes penales.
La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero Penal.
Política
Río Negro aseguró que más de 4.000 personas tengan su medicación gratuita
Se garantiza acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.
El Gobierno de Río Negro entregó 4.011 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, una iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que asegura el acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles sin cobertura social.
A través de la articulación de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, se continúa intensificando la entrega en todas las localidades, que desde mayo de 2024 hasta noviembre de 2025, lleva 4.011 tarjetas entregadas, con el objetivo de garantizar que cada paciente pueda sostener sus tratamientos de forma regular y controlada.
La subsecretaria de Articulación de Programas del Ministerio de Salud, Marina Deorsola, destacó la importancia de la política provincial, no sólo en términos de salud pública sino también de impacto económico local.
Deorsola enfatizó que el programa es una estrategia que debe ser priorizada por la alta prevalencia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a nivel mundial y en Río Negro. «La idea es poder darle accesibilidad al tratamiento y, además, asegurar la atención en los hospitales y en el primer nivel de atención, en los Centros de Salud», sostuvo.
Además, explicó que el programa se centra inicialmente en los principales factores de riesgo cardiovascular: hipertensión y diabetes. En este sentido, la Tarjeta funciona como un pilar junto a la estrategia HEARTS de la OPS/OMS, que busca el diagnóstico y tratamiento basado en evidencia en los Centros de Salud.
Beneficio local y cambios en el hábito
Un aspecto fundamental de la tarjeta es su impacto en la economía de cada ciudad. «El paciente va una vez por mes a su farmacia más cercana para poder retirar la medicación. Esto significa que el dinero de la medicación queda en la economía local, beneficiando a la comunidad», indicó.
La subsecretaria también hizo hincapié en la prevención, alentando a la población a adoptar hábitos saludables. «Son mínimos cambios que generan grandes resultados. Tenemos el lema: ‘Pequeñas acciones hacen grandes cambios’. Esto tiene que ver con disminuir el consumo de sal, mejorar la alimentación y hacer 30 o 35 minutos de actividad física al día», agregó.
Detalles del programa y requisitos de acceso
El programa ha avanzado en etapas de implementación progresiva, iniciando una prueba piloto en General Conesa y expandiéndose a varias localidades. Busca beneficiar a personas que cumplen con tres requisitos fundamentales:
- DNI: Presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Certificación ANSES Negativa: No poseer ningún tipo de cobertura de obra social o prepaga.
Diagnóstico Médico: Contar con el diagnóstico certificado de ECNT, con foco en hipertensión y/o diabetes, y la correspondiente indicación médica (receta)
Una vez cumplidos los requisitos, el Ministerio se encarga de realizar el circuito administrativo para que la tarjeta y la acreditación del monto lleguen a la persona. La Tarjeta permite el retiro de la medicación prescrita una vez por mes en la farmacia de cercanía.
El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir priorizando estas estrategias para controlar las ECNT y disminuir las complicaciones asociadas, como el infarto o el ACV.
