Política
La Legislatura aprobó la emisión de Letras y el Consenso Fiscal
Fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
La Legislatura rionegrina ratificó el Consenso Fiscal 2021 y la ampliación de la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022. También autorizó la emisión de Letras para el Ejercicio Fiscal 2023 y el sobregiro sobre los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el F.U.C.O durante el 2023.
El proyecto fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la informante del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, tratado en única vuelta, con acuerdo de ministros. La legisladora expresó “la tenaz convicción (del gobierno provincial) de acordar políticas con el gobierno nacional cuando se trata de beneficiar en materia tributaria a los contribuyentes, a los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional”.
Indicó que con la ratificación del acuerdo se continúa con el intercambio de la información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes para potenciar el cumplimiento tributario.
Señaló que también se dará continuidad al programa integral para simplificar y coordinar procedimientos, registros, declaraciones juradas, pagos de obligaciones, regímenes de retención, de percepción, los especiales para pequeños contribuyentes, el domicilio fiscal electrónico unificado.
En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, informó que hay un acuerdo de mantener desgravados los ingresos que provengan de la exportación de bienes y servicios, con el fin de dar mayor competitividad a los productos rionegrinos.
Detalló que una de las modificación que propone este consenso fiscal tiene que ver con las alícuotas para cada una de las actividades en el impuesto sobre los ingresos brutos. Propone alícuotas máximas superiores a la de los consensos fiscales anteriores. Aclaró que esto no obliga a las provincias a llevar sus alícuotas a esas máximas, y que el tope es un resguardo para los contribuyentes que saben que las jurisdicciones provinciales no van poder avanzar más allá de ese límite.
Aseguró que no es intención del Gobierno de Río Negro incrementar las alícuotas actuales vigentes aunque haya suscrito un Consenso Fiscal que permite alícuotas máximas mayores.
Remarcó que en Río Negro, desde 2018, se viene llevando a cabo un plan de reducción de las alícuotas de ingresos brutos y de sellos. A esto se le suma un “importante esquema de bonificaciones de cumplimiento que no lo tiene ninguna otra jurisdicción”. Consecuencia de estas dos medidas, Río Negro está posicionada como una de las provincias con menor carga tributaria a nivel nacional.
Con respecto al impuesto automotor, explicó que se fija una base imponible mínima del 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, con una alícuota mínima del 2 por ciento.
En cuanto al impuesto inmobiliario, adopta para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías planteados por el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), que todavía no están establecidos.
Aclaró que Río Negro no avanzará en un nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, legado, donaciones) previsto en el consenso.
Por otro lado, Ávila argumentó sobre el pedido de emisión de Letras de Tesorería. Fundamentó que a raíz del proceso inflacionario, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación de 3 mil millones de pesos al autorizado para el presente año, que fue de 5 mil millones.
Aclaró que el stock máximo autorizado de Letras no significa necesariamente que se vaya a utilizar en su totalidad ya que su uso es eventual. “Más vale prevenir que lamentar”, justificó la informante.
Respecto del sobregiro en descubierto sobre la cuenta corriente general, la legisladora explicó que tiene como destino solventar el pago parcial de los haberes de la Administración Pública y de otros gastos esencial de funcionamiento para la Provincia.
El monto solicitado se incrementa en 71% con respecto al que está vigente, ascendiendo a 12 mil millones de pesos: “Una solicitud más que razonable teniendo en cuenta la inflación acumulada del 66 por ciento”, consideró la legisladora.
Por la oposición, Ignacio Casamiquela manifestó el apoyo en general del bloque del Frente de Todos al Consenso Fiscal, aunque rechazó en particular la ampliación de la emisión de Letras y el sobregiro sobre la cuenta corriente. Criticó la toma de deuda y su aumento, habló de “falta de previsibilidad y certidumbre en materia financiera y de la irresponsabilidad constante con la que están llevando adelante a una Provincia que se endeuda año tras año y que no tiene salida”.
María Eugenia Martini reforzó los dichos de Casamiquela. Se refirió a una “inmensa deuda pública que se acrecienta como una bola de nieve”.
Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto. Juan Martín observó que aunque se quiera presentar de otra manera, se trata de “más endeudamiento y un mayor descubierto bancario”. Sostuvo que detrás de este proyecto está “la evolución del déficit fiscal, que parece responder a factores estructurales que se amplifican ante la actual coyuntura financiera”.
Advirtió que en el Consenso Fiscal no hay un solo gesto hacia el esfuerzo del contribuyente, y que no se contempla ningún alivio sobre alícuotas. Definió al Consenso Fiscal como “un gran acuerdo entre dos malos administradores, para cobrar más impuestos, ya sea con nuevos tributos o aumentando los existentes”.
Por Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham expresó el acompañamiento del bloque “teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando”. Con respecto a la emisión de Letras dijo: “Entendemos que éstas son las únicas herramientas financieras que tienen los Ejecutivos provinciales y nacionales para poder hacer frente a sus obligaciones”.
Nicolás Rochas, del Frente Renovador, apoyó la ratificación del Consenso. “Está en la responsabilidad de quienes llevan adelante las riendas del Estado hacerse de las herramientas y tomar las medidas suficientes para afrontar los escenarios, sobre todos cuando son complejos”.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien justificó la ampliación en la emisión de Letras en la situación inflacionaria que atraviesa el país. “Venimos a comprometernos a que no vamos a generar aumento de impuestos provinciales y a decir que nunca van a encontrar a Río Negro del lado del ajuste, del lado del achique del Estado, de echar trabajadores, de cerrar escuela; al contrario, Río Negro va a estar al lado de los trabajadores, de las Pymes, de los empresarios, de los enfermeros, de los maestros, y de todos y cada uno de los rionegrinos”, concluyó.
Política
El Gobierno provincial asegura que no hubo ningún allanamiento en la Casa de Gobierno
Aseguran que se trata de «un ataque mediático» contra el gobernador Weretilneck.
En las últimas horas de ayer (23/06), varios medios nacionales afirmaron que la Justicia Federal allanó la Casa de Gobierno de Río Negro, por supuestos nexos del gobernador Alberto Weretilneck con Juan Pablo Beacon, el denominado ‘arrepentido’ en la causa que investiga la malversación de fondo y evasión tributaria en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No obstante, esta mañana, el propio mandatario provincial salió a desmentir la información.
El allanamiento se habría realizado en la Casa de Gobierno en Viedma, donde la fuerza federal habría secuestrado una computadora perteneciente al propio Weretilneck. Pero, desde el Gobierno rionegrino aseguran que esto no fue así y que se trata de un ataque mediático.
«Rechazamos de manera categórica las versiones falsas difundidas durante las últimas horas respecto de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el supuesto secuestro de una computadora», indicaron desde el Ejecutivo en un comunicado de prensa.
«La información puesta en circulación es absolutamente falsa. No existió ningún allanamiento en dependencias gubernamentales ni tampoco requerimiento judicial alguno vinculado con las afirmaciones que se intentaron instalar públicamente», agregaron
«Una vez más, determinados sectores políticos apelan a la mentira, la falacia y el agravio como única herramienta de acción ante la ausencia de propuestas, de ideas y de un proyecto para Río Negro», indicaron.
«Cuando no existen alternativas para ofrecer a los ciudadanos, aparecen las operaciones, las noticias falsas y los intentos de generar confusión. No es casualidad. Es la consecuencia de no tener una visión de provincia ni respuestas para los desafíos que enfrentan los rionegrinos», añadieron.
«Resulta preocupante la naturalidad con la que algunos medios y operadores políticos difunden información falsa sin ningún tipo de verificación, apostando al daño institucional y a la desinformación como estrategia permanente», explicaron.
Gremios
Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos
«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.
Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.
Cómo se implementará la medida
El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.
Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.
En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.
Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.
Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.
Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.
«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».
En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».
«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.
En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.
“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
