Política
La Legislatura aprobó la emisión de Letras y el Consenso Fiscal
Fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
La Legislatura rionegrina ratificó el Consenso Fiscal 2021 y la ampliación de la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022. También autorizó la emisión de Letras para el Ejercicio Fiscal 2023 y el sobregiro sobre los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el F.U.C.O durante el 2023.
El proyecto fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la informante del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, tratado en única vuelta, con acuerdo de ministros. La legisladora expresó “la tenaz convicción (del gobierno provincial) de acordar políticas con el gobierno nacional cuando se trata de beneficiar en materia tributaria a los contribuyentes, a los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional”.
Indicó que con la ratificación del acuerdo se continúa con el intercambio de la información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes para potenciar el cumplimiento tributario.
Señaló que también se dará continuidad al programa integral para simplificar y coordinar procedimientos, registros, declaraciones juradas, pagos de obligaciones, regímenes de retención, de percepción, los especiales para pequeños contribuyentes, el domicilio fiscal electrónico unificado.
En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, informó que hay un acuerdo de mantener desgravados los ingresos que provengan de la exportación de bienes y servicios, con el fin de dar mayor competitividad a los productos rionegrinos.
Detalló que una de las modificación que propone este consenso fiscal tiene que ver con las alícuotas para cada una de las actividades en el impuesto sobre los ingresos brutos. Propone alícuotas máximas superiores a la de los consensos fiscales anteriores. Aclaró que esto no obliga a las provincias a llevar sus alícuotas a esas máximas, y que el tope es un resguardo para los contribuyentes que saben que las jurisdicciones provinciales no van poder avanzar más allá de ese límite.
Aseguró que no es intención del Gobierno de Río Negro incrementar las alícuotas actuales vigentes aunque haya suscrito un Consenso Fiscal que permite alícuotas máximas mayores.
Remarcó que en Río Negro, desde 2018, se viene llevando a cabo un plan de reducción de las alícuotas de ingresos brutos y de sellos. A esto se le suma un “importante esquema de bonificaciones de cumplimiento que no lo tiene ninguna otra jurisdicción”. Consecuencia de estas dos medidas, Río Negro está posicionada como una de las provincias con menor carga tributaria a nivel nacional.
Con respecto al impuesto automotor, explicó que se fija una base imponible mínima del 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, con una alícuota mínima del 2 por ciento.
En cuanto al impuesto inmobiliario, adopta para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías planteados por el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), que todavía no están establecidos.
Aclaró que Río Negro no avanzará en un nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, legado, donaciones) previsto en el consenso.
Por otro lado, Ávila argumentó sobre el pedido de emisión de Letras de Tesorería. Fundamentó que a raíz del proceso inflacionario, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación de 3 mil millones de pesos al autorizado para el presente año, que fue de 5 mil millones.
Aclaró que el stock máximo autorizado de Letras no significa necesariamente que se vaya a utilizar en su totalidad ya que su uso es eventual. “Más vale prevenir que lamentar”, justificó la informante.
Respecto del sobregiro en descubierto sobre la cuenta corriente general, la legisladora explicó que tiene como destino solventar el pago parcial de los haberes de la Administración Pública y de otros gastos esencial de funcionamiento para la Provincia.
El monto solicitado se incrementa en 71% con respecto al que está vigente, ascendiendo a 12 mil millones de pesos: “Una solicitud más que razonable teniendo en cuenta la inflación acumulada del 66 por ciento”, consideró la legisladora.
Por la oposición, Ignacio Casamiquela manifestó el apoyo en general del bloque del Frente de Todos al Consenso Fiscal, aunque rechazó en particular la ampliación de la emisión de Letras y el sobregiro sobre la cuenta corriente. Criticó la toma de deuda y su aumento, habló de “falta de previsibilidad y certidumbre en materia financiera y de la irresponsabilidad constante con la que están llevando adelante a una Provincia que se endeuda año tras año y que no tiene salida”.
María Eugenia Martini reforzó los dichos de Casamiquela. Se refirió a una “inmensa deuda pública que se acrecienta como una bola de nieve”.
Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto. Juan Martín observó que aunque se quiera presentar de otra manera, se trata de “más endeudamiento y un mayor descubierto bancario”. Sostuvo que detrás de este proyecto está “la evolución del déficit fiscal, que parece responder a factores estructurales que se amplifican ante la actual coyuntura financiera”.
Advirtió que en el Consenso Fiscal no hay un solo gesto hacia el esfuerzo del contribuyente, y que no se contempla ningún alivio sobre alícuotas. Definió al Consenso Fiscal como “un gran acuerdo entre dos malos administradores, para cobrar más impuestos, ya sea con nuevos tributos o aumentando los existentes”.
Por Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham expresó el acompañamiento del bloque “teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando”. Con respecto a la emisión de Letras dijo: “Entendemos que éstas son las únicas herramientas financieras que tienen los Ejecutivos provinciales y nacionales para poder hacer frente a sus obligaciones”.
Nicolás Rochas, del Frente Renovador, apoyó la ratificación del Consenso. “Está en la responsabilidad de quienes llevan adelante las riendas del Estado hacerse de las herramientas y tomar las medidas suficientes para afrontar los escenarios, sobre todos cuando son complejos”.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien justificó la ampliación en la emisión de Letras en la situación inflacionaria que atraviesa el país. “Venimos a comprometernos a que no vamos a generar aumento de impuestos provinciales y a decir que nunca van a encontrar a Río Negro del lado del ajuste, del lado del achique del Estado, de echar trabajadores, de cerrar escuela; al contrario, Río Negro va a estar al lado de los trabajadores, de las Pymes, de los empresarios, de los enfermeros, de los maestros, y de todos y cada uno de los rionegrinos”, concluyó.
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.
Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Política
Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»
Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».
Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.
El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».
La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.
Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».
Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.
El círculo virtuoso del recupero
El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».
Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.
En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».
La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.
Gremios
ATE pronostica alta adhesión al paro nacional del miércoles contra la reforma laboral del Gobierno
«La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos», aseveró Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pronostica una alta adhesión al paro nacional de este miércoles (19/11) en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.
En este marco, el dirigente apuntó que «los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta».
«Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES», indicó en referencia al cambio de composición en el Congreso nacional a partir del próximo mes.
En referencia a las acusaciones de distintos periodistas de televisión, radio y streaming en los últimos días, Aguiar apuntó que «la ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. En un estado de derecho se eligen autoridades y también se establecen mecanismos constitucionales de control y de libertad de expresión. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución».
«Lo anunciado desde Estados Unidos no es un acuerdo, es un pacto de entrega. Se trata de un boleto de compraventa. Falta solo la escritura para entregar en propiedad a la Argentina», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Es la primera medida que se realiza después de las elecciones de medio término. Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente», concluyó Aguiar.
El acuerdo anunciado entre Argentina y Estados Unidos incluye la reducción de aranceles a grandes empresas y la alineación a estándares de comercio norteamericano, entre otros puntos.
