Judiciales
Un roquense reclamó que le devuelvan el dinero de un plan de ahorro, no cumplieron y ahora deberán indemnizarlo
Primero le dieron un cheque vencido y luego la empresa se comprometió a darle otro cheque en un plazo de 40 días. Pero tampoco cumplió.
Un hombre terminó de pagar su plan de ahorro por un cero kilómetro pero, por problemas económicos, no pudo afrontar los gastos de retiro y se vio obligado a rechazar la adjudicación. Pidió entonces a la empresa que le reintegre el dinero de todas las cuotas pagas y la automotriz le hizo llegar un cheque vencido, por lo que el hombre no pudo cobrarlo.
Enseguida volvió a reclamar, alcanzaron un acuerdo en el ámbito administrativo y la empresa se comprometió a darle otro cheque en un plazo de 40 días. Pero tampoco cumplió.
El cliente demandó el dinero invertido, más los daños y perjuicios, a través de un juicio civil. El Juzgado de Primera instancia N° 5 de Roca le dio la razón y ordenó a la empresa Volkswagen S.A. a indemnizarlo por el daño emergente, el daño moral y el daño punitivo con un total de $757.205, más los intereses acumulados. El fallo fue confirmado ahora por la Cámara Civil de Apelaciones de Roca, luego de analizar los recursos que interpusieron las dos partes.
En el juicio civil la empresa acusó al cliente de pretender hacer un “uno abusivo de los derechos” del consumidor. Negó haber incumplido el derecho a la información del cliente y dijo que “la devolución de los haberes netos a cada adherente” depende de “la disponibilidad financiera del Grupo al que pertenece”. Por último, la empresa también apeló el daño moral y el daño punitivo, afirmando que no existió ninguna “conducta reprochable” de su parte.
La Cámara, al confirmar la condena y el cómputo de los intereses, enumeró “los graves incumplimientos detectados” por parte de la empresa, comenzando por destacar que “desde la fecha en que debió restituir los haberes al actor, han transcurrido ya largos seis años y sigue sin restituir lo debido”.
Para describir la conducta de la automotriz el fallo resumió: “Le envió un cheque a la actora por el importe del haber, vencido (ni siquiera demostró haberlo remitido a tiempo, ni que hubiera sido recibido en tiempo), lo que imposibilitó su cobro oportuno; luego se comprometió en sede administrativa al pago de un importe mayor, incumpliendo luego ese acuerdo sin razón alguna o invocando -posteriormente, para justificar su conducta- condiciones no esgrimidas al formular la propuesta (que el actor entregara el cheque anterior); no compareció a la mediación y, por último, al momento de presentarse en autos no depositó ni dio en pago la suma adeudada. A más de ello, hizo caso omiso a la clara intimación que le cursara la actora, cuya recepción negara y que ha sido oportunamente acreditada”.
Al justificar la indemnización por daño punitivo, la Cámara señaló que esa multa civil, especialmente prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, “procede en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ello evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva”.
En ese punto, el Tribunal se hizo eco de una prueba ofrecida por el cliente: un informe que reveló que a junio de 2021 la empresa Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados registraba 1.342 reclamos en su contra, según “la base de datos del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo -COPREC-”, un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Cabe señalar que la decisión aún no está firme porque las partes pueden interponer un recurso de casación.
Judiciales
Crimen de Julián Dobra: Hay cuatro sospechosos detenidos
Se realizaron 20 allanamientos en simultáneo en diferentes puntos de Roca. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
El Ministerio Público Fiscal encabezó en la mañana de hoy (08/05) 20 allanamientos simultáneos que la Policía de Río Negro realizó en diversos domicilios de la ciudad de General Roca. Hay cuatro personas detenidas, por su presunta implicancia en la desaparición y posterior homicidio de Julián Dobra de la Canal.
Durante las próximas horas el equipo de la Fiscalía analizara evidencia para precisar el contenido de futuras instancias procesales. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
En la solicitud de allanamientos que el Juez en turno autorizó el martes, también habilitó que sean requisadas de aquellas personas mayores de edad que se encontraban en los domicilios y los vehículos. Los operativos se desarrollaron en los barrios 36 viviendas, Fiske Menuco, barrio Nuevo, Quinta 25, Malvinas, el radio céntrico y diversas tomas de la ciudad.
El pedido realizado en el marco de la investigación preliminar iniciada con la Brigada de Investigaciones al momento de denunciarse la desaparición del hombre, tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico, calzados y cualquier tipo de elemento que hubieran podido pertenecer a la víctima o a su vehículo. La medida fue solicitada por la Fiscalía y su gestión se realizó en absoluta reserva para evitar cualquier entorpecimiento.
Como resultante a las personas que fueron demoradas, previa autorización jurisdiccional, se le realizó la extracción de muestras de ADN mediante hisopado, muestra odoríferas y se secuestraron sus prendas de vestir. Todos esos elementos, así como los celulares, serán peritados y cotejados con aquellos rastros obtenidos en el marco de la investigación en curso buscando evidencia que permita su vinculación al homicidio.
Judiciales
Formularon cargos contra la mujer que arrojó a su beba a la ruta: La niña quedó a resguardo de la SENAF
La joven de 19 años permanecerá en prisión preventiva.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una joven de 19 años acusada de haber agredido a su propia hija de 2 años, dejándola sola y empujándola hacia la Ruta Provincial N° 6 cuando ambas transitaban por la banquina. La mujer permanecerá en prisión preventiva y la niña quedó a resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que avanza en la búsqueda de una familia solidaria.
En el inicio de la audiencia, ante los medios de comunicación presentes, la defensora de Menores requirió el resguardo de todos los datos de la víctima, mencionando lo normado por la Convención de los Derechos del Niño/a y las diversas leyes de protección integral a la niñez. Luego de ello, el juez determinó que la instancia procesal sea reservada e informada por las áreas oficiales de comunicación.
Seguidamente, la fiscal relató los hechos endilgados y expresó que «el 5 de mayo pasado a las 16 horas, en inmediaciones de la estancia avícola ubicada en la Ruta Provincial N° 6, camino a Paso Córdoba, la mujer transitaba por una de las banquinas junto a su hija de 2 años». En esas circunstancias, «la golpeó con una mochila y empujó a la menor a la cinta asfáltica». Luego cruzó la ruta y dejó a su hija sola en el medio de los vehículos que transitaban por el lugar. A causa del hecho, la niña sufrió un hematoma, pero presentaba además signos de agresión de larga data. Por ello, se le formularon cargos por los delitos de abandono de persona y lesiones leves, ambos agravados por el vínculo.
Seguidamente, la fiscal relató la evidencia, mencionando en primer término el acta de procedimiento suscripta por la Comisaría N° 48 de General Mosconi, donde se relata el hecho. Suman como sustento probatorio las historias clínicas previas que constan en el hospital local, el acta de entrega e intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el certificado médico en el que se constatan las heridas que le produjo a la niña la agresión, que implican un tiempo de curación menor a los 14 días. Agregan además informes del área de trabajo social del hospital y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima, que trabajó desde el momento del hecho con los organismos estatales de protección.
La Fiscalía pidió además la prisión preventiva de la mujer por el mismo tiempo en que transcurra la investigación, argumentando riesgos tanto de entorpecimiento de la misma como de fuga. A ello adhirió la defensora de Menores. En tanto, el defensor oficial no manifestó objeciones a la formulación de cargos ni a la medida cautelar, pero sí pidió reducir el tiempo de la misma.
El juez de Garantías interviniente, finalmente, hizo lugar a todo lo requerido por la acusación, disponiendo la apertura de la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva, ambas por los próximos cuatro meses.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
