Judiciales
Por no cambiarle un televisor fallado, ahora deberán pagarle más del triple de su valor
Se trata de una conocida cadena de supermercados de la región.
Un hombre de Allen compró un televisor de 43 pulgadas en un supermercado pero cuando lo instaló en su casa descubrió que la pantalla estaba dañada. Las imágenes que esperaba ver en su nuevo aparato quedaban tapadas por una mancha. De inmediato volvió a la sucursal para hacer valer su derecho al reemplazo del producto, pero en el supermercado lo culparon por el daño y le negaron el cambio. Después, en el marco del reclamo judicial, la empresa intentó desligarse y responsabilizar exclusivamente a la fabricante de los televisores.
El cliente inició su reclamo ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor y lo continuó ante el Juzgado de Paz de Allen, donde interpuso una demanda sumarísima y gratuita de menor cuantía en el marco de las leyes de Defensa del Consumidor. Finalizado el proceso, ahora la cadena de supermercados La Anónima deberá devolverle los $47.999 que costaba el televisor, más los intereses acumulados, más $100.000 por daño punitivo, más $12.000 por daño moral.
Antes de dictar la sentencia, la jueza de Paz pidió ver el video de la cámara de seguridad del supermercado, del momento de la prueba, embalaje y entrega del televisor, y constató mediante fotos que el equipo sigue funcionando mal hasta la fecha.
“En el momento de la venta el televisor no estaba conectado a ningún tipo de servicio televisivo a los fines de comprobar si su funcionamiento era óptimo para su venta, con lo cual el señor G. no pudo comprobar si el producto que adquiría estaba en condiciones”, indicó la sentencia. “No se pudo determinar de ninguna manera que el producto estuviera en condiciones para su consumo, como tampoco fue probado por la firma demandada”, destacó.
Sobre la ley vigente y las condiciones de venta del televisor, la jueza de Paz señaló que “dentro de los 5 días de la compra, si el producto no funcionaba en debida forma, la empresa debía reemplazar el producto por otro nuevo de iguales características”. Además, “contaba con 6 meses de garantía” para su revisión y reparación. “La forma más rápida y de acuerdo a las condiciones de venta era el reemplazo inmediato del producto”, por lo que “la situación pudo ser salvada en forma rápida sin producir ningún daño al Sr. G.”. Sin embargo, el hombre “se vio obligado a iniciar el trámite administrativo y la vía judicial para hacer valer sus derechos”.
Para validar el reclamo por daño moral, la jueza valoró la “afectación espiritual” del hombre, por “el perder tiempo en busca de una respuesta, el verse avasallado por una empresa”.
“Cualquier persona que se ve en la situación del actor sufre algún nivel de indignación, angustia y padecimiento interior que debe ser resarcido. La debilidad del consumidor impacta profundamente en su condición personal y hace que su persona sienta el desconocimiento de sus derechos y consiguiente incumplimiento con una fuerza moral evidente”, valoró. El hecho de que la empresa “intenta dar permanente excusas y no asume una conducta responsable, como si se desconociera la situación que sufre el cliente, implica una actitud reprochable que debe ser resarcida”, concluyó.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
