Río Negro
Plenaria de la Legislatura avaló el Presupuesto y el Paquete Fiscal para 2023
El ministro de Economía de la Provincia, Luis Vaisberg, explicó los alcances durante el encuentro.
El proyecto de ley del Presupuesto 2023 obtuvo dictamen favorable por mayoría en la reunión plenaria de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, que se desarrolló ayer (15/12) a la mañana en la Legislatura de Río Negro. El ministro de Economía de la Provincia, Luis Vaisberg, explicó los alcances durante el encuentro.
El funcionario indicó que el Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2023 asciende a los $476.348.569.173 de pesos. El del ejercicio anterior había sido cercano a los 225.385 millones de pesos.
El ministro destacó que el presupuesto se centró en ejes transversales como la perspectiva de género, la mitigación del cambio climático, las políticas orientadas a reducir el déficit habitacional, la política integral energética y las obras e infraestructura. “Se presentan políticas públicas que diversifican la estructura productiva de Río Negro, con el objetivo de acompañar a todos los sectores económicos diversos, incluyendo el diferencial de la industria del conocimiento, la innovación y la tecnología de punta”.
Con respecto a la composición del gasto, describió que se contempla la suma de $430.966 millones en concepto de gastos totales, lo que representa un aumento nominal del 76,24% respecto al cierre estimado para el ejercicio 2022.
Del monto total presupuestado en gastos, $396.581.242.794 se destinarán a gastos corrientes, es decir, para salarios, bienes, servicios, intereses, prestaciones de seguridad social, etc. Mientras que para gastos de capital (erogaciones en concepto de inversión real directa y adquisición de activos financieros) se consignarán $34.385.292.812 y aplicaciones financieras por $45.382.033.567.
El ministro habló del gasto salarial dentro de lo que son los gastos totales, señaló que “hace varios años estamos entre un 65 y un 70 por ciento de participación y hemos podido afrontar los aumentos salariales aunque en el presupuesto anterior estaban previstos en un 35 %”.
“Es importante que cuando haya estimaciones fehacientes que permitan suponer que los ingresos van a ser mayores y que el índice inflacionario va a ser mayor, podamos aumentar el presupuesto para hacer las contrataciones del Estado como corresponde, para poder hacer mecanismos licitatorios y renovar convenios de acuerdo al proceso inflacionario”, expresó.
En cuanto a los recursos, el presupuesto prevé ingresos corrientes por $418.097.935.939, ingresos de capital por $10.928.455.854 y fuentes financieras por $47.322.177.380.
Analizando el ingreso perteneciente a los recursos provinciales, Vaisberg destacó que el impuesto más representativo que tiene la Provincia es el ingreso bruto tiene casi el mismo aumento tributario que el nacional y es cercano al 80 %. En cuanto a los ingresos pertenecientes a los impuestos inmobiliarios y automotor, la variación fue superior al esperado y ronda el 72 % lo que da un promedio general cuando hablamos de los impuestos provinciales de un 75 %.
Vaisberg hizo énfasis en que lo central de un Presupuesto es que, más allá de lo numérico, sirva como herramienta para afrontar cualquier tipo de coyuntura, esperada o inesperada,”herramienta que nos brindó el presupuesto 2022 votado en esta Legislatura”.
Afirmó que este presupuesto aborda la perspectiva de género a través de un sistema de registración presupuestaria que realiza cada ministro al momento de presentar un proyecto. La idea, expresó, es seguir agregando nuevos conceptos generales, como por ejemplo, el cambio climático.
Al final de la exposición, el mandatario aseguró que “el presupuesto está cumpliendo con una de las premisas teóricas en la parte práctica, es una herramienta para el Estado para poder cumplir con sus políticas públicas y tiene una tendencia a confluir en el equilibrio fiscal”.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría, con el voto favorable del Frente Renovador. Los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se tomaron las 48 horas para emitir su posición.
Paquete Fiscal 2023
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia -ART-, Martín Kelly, presentó los proyectos que conforman el paquete fiscal del período 2023, que son la modificación a las leyes base y la ley impositiva anual.
La Ley Impositiva Anual incluye en un mismo cuerpo legal montos imponibles y alícuotas que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2023 para los impuestos inmobiliario, sobre los ingresos brutos, de sellos, a las loterías, a las rifas, a los automotores, tasas retributivas de servicios, incentivos y bonificaciones, estabilidad fiscal y beneficios en los impuestos inmobiliarios y a los automotores para la Línea Sur.
El proyecto impositivo de Río Negro repetirá el esquema de topes para los aumentos de los tributos mayoritarios como son Inmobiliario y Automotores. Kelly explicó que continúan por la inflación y la situación actual y destacó que “ya casi no hay provincias que sigan con este esquema, por el contrario”.
En relación a los parámetros adoptados, el funcionario detalló que se concentraron en los datos de las variaciones de precios informadas por la Provincia, que llegó a “un acumulado del 83% en el período enero-octubre y un interanual del 93%”.
En cuanto a los planes de beneficios, la reducción por el pago anual y por cumplimiento, llegará al 50%.
Las modificaciones mantienen los lineamientos implementados por la actual administración en materia tributaria, lo que ha permitido mantener un incremento sostenido en la recaudación de los tributos provinciales, manteniendo los principios de igualdad y equidad en la tributación, sin perder de vista el objetivo de lograr la progresividad del sistema tributario provincial.
Impuesto Inmobiliario
Se incorpora la exigencia de que el solicitante debe encontrarse libre de deuda de todos los impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria.
En el Impuesto a los automotores, se propone establecer que se encontrarán exentos del pago del impuesto sobre los automotores los vehículos cuyos propietarios sean personas con discapacidad mayores de edad que puedan trasladarse o no por sus propios medios.
Para acceder a la exención para toda persona jubilada, pensionada, retirada o mayor de 65 años de edad, el solicitante debe ser responsable de pago de un solo vehículo.
En la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, estarán exentas del pago del gravamen aquellas personas con discapacidad que acrediten tal condición con certificado expedido por el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, siempre que se desempeñen en forma unipersonal y el monto del gravamen a abonar no supere el importe que a tal efecto establezca la reglamentación. Se suprime así la referencia a los mínimos de las actividades los cuales ya no existen.
Ley Impositiva Anual
Se mantiene al igual que años anteriores el dictado de una sola Ley Impositiva Anual que reúne en un mismo cuerpo legal todas las cuestiones relativas a los distintos impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria, incluyendo montos, alícuotas, impuestos mínimos, incentivos y bonificaciones, y en general todas las normas que de acuerdo al Código Fiscal y las Leyes Base deban dictarse anualmente para la determinación de dichos tributos.
Impuesto Inmobiliario
Se establece un incremento del monto base del impuesto del 82% respecto del periodo fiscal 2022, para cada registro parcelario siempre que el inmueble no posea incorporación de mejoras o cambios en el tipo de suelo. Se modifican asimismo los valores mínimos y máximos de las distintas categorías a efectos de mantener un adecuado equilibrio en la progresividad del impuesto.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Se mantienen las alícuotas fijadas para el año 2022.
Impuesto de sellos
Se mantienen los porcentajes establecidos para el período 2022. Se actualizaron los importes fijos determinados para ciertos actos y/o instrumentos. Se actualizó la escala para actos sobre inmuebles, incrementando los tramos en concordancia con el incremento en las escalas para el impuesto inmobiliario.
Incentivos y bonificaciones
Se mantiene el Régimen de Incentivos y Bonificaciones para contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.
Respecto a las bonificaciones de Ingresos Brutos, para el ejercicio 2023 se mantiene el criterio aplicado a partir del ejercicio 2017, priorizando el otorgamiento del beneficio a quienes se encuadren como PYMES conforme la normativa nacional, tomando un parámetro general en línea con los objetivos del Programa de Recuperación Productiva, que abarca en consecuencia un mayor número de contribuyentes sujetos al beneficio, simplificando a su vez el encuadre dentro de la ley.
Se mantiene la posibilidad de obtener similar beneficio a los contribuyentes que se encuadren como PYMES, independientemente de la jurisdicción en la cual se encuentren radicados desarrollando sus actividades.
En cuanto a los porcentajes, se mantienen por actividad, independientemente del sector pero manteniendo la categoría de MiPyMe. Siendo de un 30% para aquellas actividades que tributen a una alícuota mayor al 4%. Un 20% para aquellas actividades que tributen a una alícuota mayor al 3% y menor o igual al 4%. Un 10% para aquellas actividades que tributen a una alícuota menor o igual al 3%.
Se respeta la bonificación para parques industriales, siendo de un porcentaje adicional del 10% sobre la bonificación general y para todas las actividades desarrolladas en los Parques Industriales de la Provincia de Río Negro, siempre que las mismas se desarrollen en ellos y el contribuyente se encuadre como MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA empresa.
En el caso de empresas de transportes corresponde siempre que posea la guarda de los vehículos en los mencionados parques.
Se incrementa el porcentaje de bonificación en el impuesto inmobiliario de un 25% para el periodo fiscal 2022 a un 35% en el 2023, y de un 10% en el 2022 a un 20% en el 2023 dependiendo del importe de la valuación fiscal de los Inmuebles, la cual se fija para el periodo fiscal 2023 en $ 10.660.000,00.
El aumento del impuesto inmobiliario tiene como límite un 82% por encima del impuesto determinado para el período fiscal 2022, y aquellos contribuyentes que abonen en término sus obligaciones fiscales y que no posean deuda o la misma se encuentre regularizada, gozarán de un incremento del 62% respecto del periodo fiscal 2.022.
Respecto al impuesto a los automotores, se mantienen las bonificaciones en el 25% y 10% dependiendo de la valuación fiscal. El mencionado valor será fijado por la reglamentación, tal cual se realizó en el 2022. Se modifica al 50% la bonificación por pago total anticipado del inmobiliario, la cual quedará sujeta exclusivamente al comportamiento del contribuyente respecto del año anterior.
Regímenes especiales
Se mantiene el Régimen Especial que establece beneficios en el Impuesto a los Automotores (20%) y al Impuesto Inmobiliario rural para la Línea Sur (35%).
Se extiende para el 2023 el Régimen Especial de denuncia de venta registral, permitiendo la sustitución del sujeto obligado al pago sin la necesidad de la denuncia de venta fiscal, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.
Por último, en las disposiciones finales se actualizan los importes de la valuación de los automotores a efectos del Código Fiscal, (detención y secuestro de vehículos con deuda) como así también el valor para eximir del impuesto de sellos a las pick ups relacionadas con las actividades de producción e industria frutihortícola.
En cuanto al dictamen de la comisión, los bloques de Juntos somos Río Negro y el Frente Renovador acompañaron el proyecto y los bloques de Unidad Ciudadana y el Frente de Todos se tomaron las 48 horas.
Río Negro
Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios
La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó ayer (13/11) el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
Esta decisión activa mecanismos administrativos y financieros especiales que permiten al Estado responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro. «La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales», sostuvo el mandatario.
El Gobierno Provincial remarcó que la combinación de factores climáticos extremos (altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca), sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configura un escenario crítico para la ocurrencia y propagación del fuego.
A estos riesgos, se agregan los antecedentes recientes: incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.
Prohibiciones y controles más estrictos
El Decreto prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados. Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda facultado para disponer todas las herramientas administrativas y financieras necesarias para atender la emergencia, mientras que el SPLIF podrá otorgar excepciones puntuales y extender el Estado de Alerta Máxima cuando las condiciones lo requieran. A su vez, se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la medida, reforzando los controles y campañas de prevención en sus territorios.
Sanciones severas y acciones legales inmediatas
El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.
También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.
Weretilneck subrayó que la medida responde a principios de prevención ambiental, defensa del territorio y protección de la población. «El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos», afirmó.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
Judiciales
Causa Techo Digno: La jueza frenó el intento de archivo y confirmó la vigencia de la acusación
La magistrada resolvió que los plazos de prescripción están suspendidos y rechazó los planteos de nulidad y recaratulación presentados por las defensas de Tortoriello y Baratti.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno en Cipolletti. También rechazó un planteo de nulidad y descartó modificar la calificación legal solicitada por una de las defensas.
La magistrada consideró que la acción penal no está extinguida, ya que uno de los imputados -Aníbal Tortoriello- aún ocupa un cargo público, circunstancia que activa la suspensión del plazo de prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Berenguer sostuvo que esta interpretación es consistente con la doctrina legal ya establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Los hechos investigados
La causa se originó a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas adjudicadas a empresas privadas.
Según la acusación, durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello se habrían realizado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.
El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado.
En tanto que a Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi se los acusó como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.
Los argumentos de las defensas
Las defensas reclamaron el sobreseimiento al sostener que la causa estaba prescripta. El defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, afirmó que habían pasado más de seis años desde que su cliente dejó el cargo de intendente, y cuestionó además que los hechos pudieran configurarse como peculado.
El defensor de Tortoriello, Gustavo Palmieri, planteó que la prescripción debía computarse desde la rescisión de los contratos en 2016, y sostuvo que su defendido no tuvo injerencia posterior en la administración del programa.
El resto de los defensores -Scianca, Vincenty, Gadano y Chelia- adhirieron a esos argumentos.
Lo que resolvió la jueza
La jueza rechazó los planteos de prescripción al considerar que, aunque se investigan dos hechos diferenciados, ambos se vinculan al mismo convenio -identificado como ACU 813/2015- y deben analizarse en un mismo marco.
Además, sostuvo que la continuidad de Tortoriello en funciones públicas -actualmente diputado nacional- impide que opere la prescripción, tal como establece el Código Penal.
Tampoco prosperó el pedido de cambio de calificación de la defensa de Baratti, que pretendía reemplazar la figura de peculado por la de malversación de caudales públicos. Para la magistrada, esa discusión deberá darse en etapa de juicio.
Por último, desestimó el planteo de nulidad de la acusación fiscal presentado por las defensas de Baratti y Tortoriello. Consideró que la Fiscalía no modificó los hechos atribuidos y que no se afectó el derecho de defensa.
La causa sigue su curso
Con esta resolución, el expediente continuará en la etapa intermedia hacia el juicio, donde se analizará toda la prueba recolectada.
Según informó la Fiscalía, ninguno de los imputados registra antecedentes penales.
La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero Penal.
