Política
La Legislatura aprobó el Presupuesto 2023
Fue sancionado por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
La Legislatura de Río Negro aprobó esta tarde (21/12) el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. La ley fue sancionada por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la encargada de fundamentar el proyecto del Ejecutivo provincial. Describió un Presupuesto “coherente, honesto, que da cuenta de la transparencia en la administración de las cuentas públicas, y que es producto de la escucha de las necesidades, los sueños y los anhelos que tienen los rionegrinos”.
“Es un Presupuesto que da cuenta a las claras de la correcta administración de la deuda pública y de la correcta utilización de las herramientas de financiamiento para potenciar esos recursos y para poder hacer eficiente cada gasto”, agregó.
Resaltó que en Río Negro van decreciendo el stock de deuda y el déficit fiscal, y que la Provincia tiene las cuentas ordenadas y puede cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.
Detalló que los recursos totales estimados en el Presupuesto ascienden a 429 mil millones de pesos, con un crecimiento del 77% de los recursos totales respecto de los recursos que se estiman percibir al cierre del 2022.
Estos recursos se componen en un 97% por recursos corrientes y en un 3% de recursos de capital. El principal aporte a los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios nacionales por coparticipación. Un 22% de los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios provinciales, con un 75% de estos recursos que se recaudan por el impuesto a los ingresos brutos, un 10 por el impuesto a los automotores, un 5 por el impuesto inmobiliario y un 5% por el impuesto a los sellos. También indicó que se estima un crecimiento del 74% de recursos provenientes de regalías.
En cuanto a los gastos, se estima ejecutar 430 mil millones de pesos, que representan un 76% más que este año. El 92% de estos gastos corresponde a gastos corrientes y el 8% a gastos de capital. La partida más más importante es la de personal, que alcanza el 62% de los gastos corrientes. Las transferencias corrientes explican un 22% y en ellas incluyen lo que se transfiere a los municipios por coparticipación.
Los gastos de capital están estimados en 34 mil millones de pesos, con un crecimiento del 141% respecto del ejecutado este año. Ávila destacó la importancia de este crecimiento en la asignación de gasto para la obra pública que “da cuenta de la sostenibilidad en los niveles de obra pública de la Provincia a lo largo de todos estos años”. En este sentido resaltó lo hecho a través del Plan Castello.
El Presupuesto prevé un resultado económico positivo, con un ahorro de 21 mil millones de pesos, casi un 300% mayor al del actual Ejercicio. El resultado primario también será positivo; mientras que el financiero, que surge de comparar los ingresos totales con los gastos totales, será deficitario, por 1.900 millones de pesos. A pesar de ser deficitario, Ávila aclaró que será inferior al resultado financiero deficitario de este año, estimado en 2.100 millones.
El proyecto recibió el aval de legisladores de distintos bloques. Luis Noale (FdT) votó a favor para “darle las herramientas al Poder Ejecutivo para poder llevar adelante su plan de gobierno”. Gabriela Abraham, por Unidad Ciudadana, acompañó entendiendo que el Ejecutivo provincial debe contar con esta herramienta que otorga previsibilidad. Nicolás Rochas (Frente Renovador) también acompañó; consideró que el Presupuesto es una herramienta vital para el ejercicio del buen gobierno y de las buenas decisiones políticas cuando son adoptadas en Democracia.
La mayoría del bloque del Frente de Todos votó en forma negativa. María Eugenia Martini y Marcelo Mango criticaron el endeudamiento, que la deuda pública provincial siga aumentando, y las sub ejecuciones del período actual. Criticaron que en el Presupuesto 2023 no hay una propuesta política de cambio, al seguir los mismos parámetros de los anteriores. Martini cuestionó el incremento tributario que prevé el Presupuesto. Mango pidió fortalecer el Presupuesto y la inversión en políticas de Salud, Educación y Alimentación “para que con Democracia se coma mejor, se tenga mejor salud y se pueda educar más a las rionegrinos y los rionegrinos”.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín también votó en contra; sostuvo que se trata de Presupuesto “mentiroso”, basado en una inflación “subestimada”, un nivel de crecimiento “sobrestimado” y en proyecciones sobre el tipo de cambio también “subestimadas”. “Es un dibujo”, expresó. Cuestionó los “recurrentes” endeudamientos y criticó el déficit fiscal.
Cerró el debate Facundo López (JSRN) con una defensa del ministro Luis Vaisberg, resaltando la reducción del stock de deuda y el superávit en el resultado económico. Aseguró que el Gobierno viene haciendo las cosas bien, cumpliendo con las obras del Plan Castello.
Fueron sancionadas las leyes que integran el paquete fiscal 2023
La Cámara sancionó por mayoría las iniciativas que conforman el paquete fiscal que son la modificación a las leyes base y la ley impositiva anual del período 2023.
El miembro informante por el oficialismo, Fabio Sosa (JSRN), destacó que “la reducción por el pago anual y por cumplimiento llegará al 50%, y el proyecto impositivo de Río Negro repetirá el esquema de topes para los aumentos de los tributos mayoritarios como son Inmobiliario y Automotores”.
Explicó que “las modificaciones mantienen los lineamientos implementados por la actual administración en materia tributaria, lo que ha permitido mantener un incremento sostenido en la recaudación de los tributos provinciales, manteniendo los principios de igualdad y equidad en la tributación sin perder de vista el objetivo de lograr la progresividad del sistema tributario provincial”.
“Este es un instrumento fiscal privilegiado para garantizar derechos en nuestra Provincia. Como dijo la legisladora Ávila representa el 22% del ingreso de nuestra provincia y también marca lineamientos que tienen que ver con la justicia, la igualdad, la equidad en las retribuciones, y tenemos que tener presente que no se pierde la progresividad”, aseguró.
Sosa destacó que “la iniciativa respeta primero a los rionegrinos que producen y trabajan en nuestra Provincia, también a los que cumplen y llevan al día sus impuestos, y otorga previsibilidad no solo para la provincia, sino también para los contribuyentes”.
Por su parte, el legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) adelantó su voto positivo a la modificación de las leyes base y señaló que “no hay Estado presente sin el esfuerzo contribuyente”, a la vez que destacó los beneficios que contempla la ley para diferentes sectores productivos.
El legislador Nicolás Rochas (Frente Renovador) adelantó el voto favorable en general y en particular a estas leyes tributarias “apostando fuertemente en la gente, en los vecinos, y en los ciudadanos que esperan un buen gobierno y un prospero año”.
Las leyes que integran el paquete fiscal fueron sancionadas por mayoría, con la excepción del legislador Marcelo Mango (FdT) que votó negativamente la modificación a las leyes base; y los bloques Frente de Todos y Juntos por el Cambio que rechazaron la ley impositiva anual.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
