Política
La Legislatura aprobó el Presupuesto 2023
Fue sancionado por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
La Legislatura de Río Negro aprobó esta tarde (21/12) el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. La ley fue sancionada por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de Juntos por el Cambio y la mayoría del bloque del Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la encargada de fundamentar el proyecto del Ejecutivo provincial. Describió un Presupuesto “coherente, honesto, que da cuenta de la transparencia en la administración de las cuentas públicas, y que es producto de la escucha de las necesidades, los sueños y los anhelos que tienen los rionegrinos”.
“Es un Presupuesto que da cuenta a las claras de la correcta administración de la deuda pública y de la correcta utilización de las herramientas de financiamiento para potenciar esos recursos y para poder hacer eficiente cada gasto”, agregó.
Resaltó que en Río Negro van decreciendo el stock de deuda y el déficit fiscal, y que la Provincia tiene las cuentas ordenadas y puede cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.
Detalló que los recursos totales estimados en el Presupuesto ascienden a 429 mil millones de pesos, con un crecimiento del 77% de los recursos totales respecto de los recursos que se estiman percibir al cierre del 2022.
Estos recursos se componen en un 97% por recursos corrientes y en un 3% de recursos de capital. El principal aporte a los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios nacionales por coparticipación. Un 22% de los recursos corrientes provienen de los recursos tributarios provinciales, con un 75% de estos recursos que se recaudan por el impuesto a los ingresos brutos, un 10 por el impuesto a los automotores, un 5 por el impuesto inmobiliario y un 5% por el impuesto a los sellos. También indicó que se estima un crecimiento del 74% de recursos provenientes de regalías.
En cuanto a los gastos, se estima ejecutar 430 mil millones de pesos, que representan un 76% más que este año. El 92% de estos gastos corresponde a gastos corrientes y el 8% a gastos de capital. La partida más más importante es la de personal, que alcanza el 62% de los gastos corrientes. Las transferencias corrientes explican un 22% y en ellas incluyen lo que se transfiere a los municipios por coparticipación.
Los gastos de capital están estimados en 34 mil millones de pesos, con un crecimiento del 141% respecto del ejecutado este año. Ávila destacó la importancia de este crecimiento en la asignación de gasto para la obra pública que “da cuenta de la sostenibilidad en los niveles de obra pública de la Provincia a lo largo de todos estos años”. En este sentido resaltó lo hecho a través del Plan Castello.
El Presupuesto prevé un resultado económico positivo, con un ahorro de 21 mil millones de pesos, casi un 300% mayor al del actual Ejercicio. El resultado primario también será positivo; mientras que el financiero, que surge de comparar los ingresos totales con los gastos totales, será deficitario, por 1.900 millones de pesos. A pesar de ser deficitario, Ávila aclaró que será inferior al resultado financiero deficitario de este año, estimado en 2.100 millones.
El proyecto recibió el aval de legisladores de distintos bloques. Luis Noale (FdT) votó a favor para “darle las herramientas al Poder Ejecutivo para poder llevar adelante su plan de gobierno”. Gabriela Abraham, por Unidad Ciudadana, acompañó entendiendo que el Ejecutivo provincial debe contar con esta herramienta que otorga previsibilidad. Nicolás Rochas (Frente Renovador) también acompañó; consideró que el Presupuesto es una herramienta vital para el ejercicio del buen gobierno y de las buenas decisiones políticas cuando son adoptadas en Democracia.
La mayoría del bloque del Frente de Todos votó en forma negativa. María Eugenia Martini y Marcelo Mango criticaron el endeudamiento, que la deuda pública provincial siga aumentando, y las sub ejecuciones del período actual. Criticaron que en el Presupuesto 2023 no hay una propuesta política de cambio, al seguir los mismos parámetros de los anteriores. Martini cuestionó el incremento tributario que prevé el Presupuesto. Mango pidió fortalecer el Presupuesto y la inversión en políticas de Salud, Educación y Alimentación “para que con Democracia se coma mejor, se tenga mejor salud y se pueda educar más a las rionegrinos y los rionegrinos”.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín también votó en contra; sostuvo que se trata de Presupuesto “mentiroso”, basado en una inflación “subestimada”, un nivel de crecimiento “sobrestimado” y en proyecciones sobre el tipo de cambio también “subestimadas”. “Es un dibujo”, expresó. Cuestionó los “recurrentes” endeudamientos y criticó el déficit fiscal.
Cerró el debate Facundo López (JSRN) con una defensa del ministro Luis Vaisberg, resaltando la reducción del stock de deuda y el superávit en el resultado económico. Aseguró que el Gobierno viene haciendo las cosas bien, cumpliendo con las obras del Plan Castello.
Fueron sancionadas las leyes que integran el paquete fiscal 2023
La Cámara sancionó por mayoría las iniciativas que conforman el paquete fiscal que son la modificación a las leyes base y la ley impositiva anual del período 2023.
El miembro informante por el oficialismo, Fabio Sosa (JSRN), destacó que “la reducción por el pago anual y por cumplimiento llegará al 50%, y el proyecto impositivo de Río Negro repetirá el esquema de topes para los aumentos de los tributos mayoritarios como son Inmobiliario y Automotores”.
Explicó que “las modificaciones mantienen los lineamientos implementados por la actual administración en materia tributaria, lo que ha permitido mantener un incremento sostenido en la recaudación de los tributos provinciales, manteniendo los principios de igualdad y equidad en la tributación sin perder de vista el objetivo de lograr la progresividad del sistema tributario provincial”.
“Este es un instrumento fiscal privilegiado para garantizar derechos en nuestra Provincia. Como dijo la legisladora Ávila representa el 22% del ingreso de nuestra provincia y también marca lineamientos que tienen que ver con la justicia, la igualdad, la equidad en las retribuciones, y tenemos que tener presente que no se pierde la progresividad”, aseguró.
Sosa destacó que “la iniciativa respeta primero a los rionegrinos que producen y trabajan en nuestra Provincia, también a los que cumplen y llevan al día sus impuestos, y otorga previsibilidad no solo para la provincia, sino también para los contribuyentes”.
Por su parte, el legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) adelantó su voto positivo a la modificación de las leyes base y señaló que “no hay Estado presente sin el esfuerzo contribuyente”, a la vez que destacó los beneficios que contempla la ley para diferentes sectores productivos.
El legislador Nicolás Rochas (Frente Renovador) adelantó el voto favorable en general y en particular a estas leyes tributarias “apostando fuertemente en la gente, en los vecinos, y en los ciudadanos que esperan un buen gobierno y un prospero año”.
Las leyes que integran el paquete fiscal fueron sancionadas por mayoría, con la excepción del legislador Marcelo Mango (FdT) que votó negativamente la modificación a las leyes base; y los bloques Frente de Todos y Juntos por el Cambio que rechazaron la ley impositiva anual.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
