Política
Elecciones Río Negro: Impugnan a candidato que fue imputado por abuso sexual
También fue impugnado Juan Reggioni, ex intendente de Fernández Oro, quien se postuló como candidato a jefe comunal.
En la continuidad del cronograma previsto, esta semana el Juzgado Electoral Provincial emitió más de 15 sentencias con oficializaciones de candidaturas y resolvió las impugnaciones presentadas por partidos y alianzas a postulantes.
La oficialización de listas implicó un arduo trabajo del equipo del Juzgado, que debió evaluar el cumplimiento de los requisitos de más de 3000 postulantes. Entre otras cuestiones, se verificó si no eran deudores alimentarios, edad, residencia y todos los requisitos que establece la Constitución, las leyes provinciales y ordenanzas locales.
De esta manera, se cumplen con cada uno de los pasos del cronograma electoral: padrón provisorio, presentación y oficialización de alianzas, presentación de candidaturas, entre otras. La próxima fase tiene que ver con las boletas electorales.
Justamente ante el cúmulo de impugnaciones y observaciones, se resolvió extender hasta el lunes 13 el plazo para presentar al Juzgado Electoral Provincial los modelos exactos de boletas de sufragio. Los modelos serán auditados por la Secretaría y con posterioridad se llamará a audiencia con las alianzas y partidos, previo a la oficialización de las mismas.
Por otra parte, el 17 de marzo es la fecha límite para que el Juzgado Electoral Provincial designe los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.
Impugnaciones resueltas
En cuanto a las impugnaciones, el Tribunal hizo lugar a tres. Por un lado, a la postulación del Primer Concejal Titular de la localidad de San Antonio Oeste, Lucio Gerardo Benites Gutiérrez, y otorgó “a la agrupación política Unidos por San Antonio Oeste – Las Grutas – San Antonio Este un plazo de 24 horas para ejercer el derecho de sustitución de dicha candidatura, antes de la sentencia de oficialización”.
El postulante fue oportunamente condenado a un año de prisión en suspenso por abuso sexual simple. Alegó en su defensa que la condena estaba agotada. El Juzgado Electoral tuvo en cuenta la Ordenanza del Concejo Deliberante de la ciudad que inhabilita a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales.
La segunda resolución hizo lugar a la impugnación de la candidatura como Intendente de la localidad de El Bolsón de Gustavo Galiano Huenelaf y otorgó a la agrupación política Cambia Río Negro- Juntos por el Cambio un plazo de 24 horas para ejercer el derecho de sustitución de dicha candidatura. El postulante no figuraba en el padrón electoral. En su defensa expresó que “realizó el cambio de domicilio y el reclamo respectivo ante los organismos pertinentes a los fines de ingresar en el padrón electoral; que jamás perdió la residencia permanente de El Bolsón, que es dueño de una empresa que se dedica a prestar servicios de informática y el cambio de domicilio en el extranjero se debió a una cuestión contractual/ laboral”.
Sin embargo, resolvió el Juzgado que “lo establecido en la Carta Orgánica Municipal de El Bolsón, que en su art. 81 inc. 1 determina que se hallan inhabilitados para ser miembros del gobierno Municipal los que no fueren electores inscriptos en el Padrón Electoral”. Asimismo, “el art. 4 de la ley O 2431 dispone por su parte que la calidad de elector se prueba a los fines del sufragio exclusivamente por su inclusión en el Registro Electoral”.
Finalmente, hizo lugar a la impugnación “respecto a la candidatura como Intendente de la localidad de Gral. Fernández Oro de Juan Oscar Reggioni” y a otorgó a la agrupación política Partido Vecinal Frente de Oro (P.V.F Oro) un plazo de 24 horas para ejercer el derecho de sustitución”. Reggioni fue condenado y se planteó que la Ordenanza denominada “ficha limpia” de la localidad impediría su presentación.
El postulante expresó en su defensa que “la ordenanza de «Ficha Limpia» establece requisitos distintos a los previstos en la Constitución Provincial, en la ley O 2431 y en la COM y vulnera palmariamente el principio de inocencia del art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que la considera proscriptiva y de gravedad institucional al inhabilitar a un ciudadano basado en una sentencia condenatoria no firme”. El Tribunal, citando antecedentes del STJ, resolvió que debía aplicarse la Ordenanza en vigencia.
Política
Río Negro lanzó capacitación para promover el buen trato a personas mayores
Nueva iniciativa que apunta a fortalecer la atención de adultos mayores.
El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a una nueva capacitación orientada a fortalecer el trato digno y respetuoso hacia las personas mayores, especialmente en instituciones de cuidado.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y la presidenta del IPAP, Juana Benítez.
La propuesta, titulada Promoción del buen trato hacia las personas mayores en instituciones de cuidado, se enmarca en la implementación de la Ley Provincial N° 5798 y forma parte de una estrategia integral que articula distintas áreas del Estado, a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
La capacitación será de caracter obligatoria y está dirigida principalmente a personal de residencias de larga estadía, tanto públicas como privadas, y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá su alcance en todo el territorio provincial.
La capacitación comenzará de forma virtual el día 15 de junio, y ya se encuentra abierta para inscripción a través del siguiente enlace https://ipap.rionegro.gov.ar/programa/702/adultos-mayores?n=OTQyOzkxNDsxMjEw.
Durante la presentación, las autoridades destacaron la relevancia de esta política pública orientada a mejorar la calidad de atención de un sector prioritario. En ese sentido, el Secretario Henríquez señaló que «en cumplimiento de la ley 5798 ya empezamos la reglamentación de la ley, y hoy en esta primera instancia, que es la presentación de la inscripción para las capacitaciones». Además, subrayó que «se busca, se trabaja fuertemente para poder justamente un mejor trato hacia los adultos mayores».
Por su parte, la presidenta del IPAP, Juana Benítez, celebró la puesta en marcha de la iniciativa y convocó a la participación. «Hoy abrimos una capacitación para adultos mayores que ya está habilitada en nuestra página del IPAP, donde hemos articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Políticas Públicas de Adultos Mayores y Función Pública». Asimismo, destacó que «esta capacitación es tan importante, ya que vamos a fomentar el trato digno y respetuoso de los adultos mayores», agregó.
Benítez también remarcó el carácter inclusivo de la propuesta. «Esta es modalidad virtual, dirigida a todo el personal de las residencias de la provincia y también al público privado», indicó.
En la misma línea, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, remarcó que la capacitación será obligatoria para agentes del sector público e invitó al sector privado a adherirse.
A su turno, el Ministro Juan Pablo Muena enmarcó la iniciativa dentro de una política pública más amplia. «Esto está enmarcado dentro de una política pública que lleva adelante el gobernador Alberto Weretilneck, en donde a través de esta ley tenemos que llevar adelante estas capacitaciones para el cuidado de nuestros adultos mayores». Además, destacó que la modalidad virtual permitirá que cada participante realice el curso según su disponibilidad.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que impulsa el Gobierno provincial para garantizar derechos, promover el respeto y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo Río Negro.
Política
La Provincia resolvió trámites a más de 600 familias roquenses en el marco del Programa Cerca
La jornada se desarrolló en la Escuela 350 de Chacramonte.
El programa provincial Cerca reunió a una gran cantidad de vecinos y vecinas en el barrio Chacramonte de General Roca, donde más de 600 familias pudieron resolver trámites y acceder a servicios en una misma jornada.
La actividad -impulsada por la Secretaría General del Gobierno Provincial- se desarrolló en la Escuela Primaria N° 350, con un movimiento constante durante todo el día y una alta demanda en gestiones vinculadas a documentación, trámites de DNI, consultas sobre vivienda, servicios y programas provinciales.
El operativo integró a organismos como el Registro Civil, IPPV, Aguas Rionegrinas, el Ministerio de Salud, SENAF, el área de Discapacidad, IPAP, IUPA y equipos de SIARME, que brindaron atención directa, asesoramiento y capacitaciones. Se realizaron controles de salud, vacunación, acciones de prevención, acompañamiento en trámites sociales y espacios de formación como cursos de primeros auxilios y RCP.
El secretario General, Nelson Cides, destacó que la llegada del programa respondió a una demanda concreta de la comunidad. «Volvimos porque la gente lo pide. Tiene que ver con poder resolver trámites en el momento, sin intermediarios y cerca de la casa», dijo.
Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.
En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
