El Gobierno de Río Negro lanzó el programa de Financiamiento de Extensión Universitaria para el Desarrollo, una iniciativa conjunta con universidades públicas de la provincia que destinará $150 millones a proyectos que generen soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la gestión estatal y promover un desarrollo sostenible.

La propuesta se enmarca en una etapa estratégica para Río Negro, que avanza hacia la diversificación productiva con nuevas actividades como la exportación de hidrocarburos y la minería de primera categoría. Frente a un escenario nacional de incertidumbre, la Provincia apuesta a políticas innovadoras con fuerte anclaje territorial, integrando el conocimiento universitario con las necesidades reales del presente y del futuro.

«Estamos atravesando uno de los momentos más críticos en la etapa democrática del vínculo Provincia-Nación, y sin embargo nuestras universidades siguen funcionando con esfuerzo y compromiso», señaló el gobernador durante la presentación en Cipolletti.

Destacó además el rol de las universidades como «forjadoras de identidad provincial», que contribuyen a pensar y construir el futuro de Río Negro. «Nunca vamos a dejar atrás el trabajo conjunto entre el Estado Provincial y las universidades públicas rionegrinas», afirmó.

La secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri, explicó que el nuevo programa busca «fomentar la innovación social y tecnológica como motor de transformación», con propuestas que amplíen la presencia territorial del sistema universitario y respondan a los desafíos estratégicos definidos por el Gobierno.

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, valoró la iniciativa como «una muestra de un modelo de Estado que no se retira de la inversión en educación pública», y remarcó que «la universidad no es un gasto, sino una inversión». En la misma línea se expresó el Secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Damián Cancelo.

También estuvieron presentes el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, y autoridades universitarias.

Convocatoria 2025

La convocatoria 2025 es pública y está abierta a todas las universidades con sede en la provincia. Los proyectos deberán ser elaborados por equipos integrados por docentes, investigadores y estudiantes, en articulación con organismos públicos provinciales o municipales. El financiamiento se otorgará como Aportes No Reintegrables, administrados por las Unidades de Vinculación Tecnológica de cada institución.

Cada proyecto podrá recibir entre $1.000.000 y $15.000.000, según su escala. Entre los ejes temáticos definidos se incluyen gobernanza ambiental y cambio climático, energías y minería, inteligencia artificial, salud comunitaria, igualdad social, educación STEM y promoción de vocaciones científicas.

La Unidad Provincial de Enlace con Universidades será responsable del seguimiento técnico y administrativo de los proyectos. Cada equipo deberá presentar informes de avance y resultados, mientras que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos evaluará las propuestas seleccionadas para su aprobación final.

Los proyectos serán evaluados por un Comité Evaluador Ad-Hoc conformado por expertos independientes y referentes del Gobierno. Los proyectos seleccionados son aprobados mediante Resolución del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Seguimiento y control

La Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades será la responsable del seguimiento y control de los proyectos financiados. Los equipos extensionistas deberán presentar informes de avance y un informe técnico final de implementación. Además, la Secretaría realizará visitas a las comunidades beneficiadas y podrá requerir informes de ejecución a personas, instituciones u organizaciones públicas y privadas.

El subsidio podrá ser anulado, parcial o totalmente, por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en caso de incumplimiento.

«El Programa de Financiamiento de Extensión Universitaria para el Desarrollo de Río Negro es una herramienta clave para construir una provincia más inclusiva, equitativa y con futuro, donde el conocimiento puesto al servicio del bien común transforma realidades», destacó finalmente Weretilneck.

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, se presentaron las principales líneas de trabajo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro para el 2025 y se lanzó una nueva etapa que propone un cambio de paradigma: dejar atrás el modelo donde el Estado era el único motor de la economía, para pasar a uno donde acompaña, articula y potencia al sector privado como protagonista del desarrollo.

En la presentación, realizada en la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy y el director Ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias. También participó la intendenta de Roca, María Emilia Soria.

Durante la presentación, el gobernador definió a la Agencia como un símbolo del nuevo tiempo: menos planificación centralizada y más dinamismo territorial, apoyado en quienes invierten, producen y generan empleo. Convocó al empresariado a asumir un rol central en la transformación productiva. «Hay ciertas acciones donde, lo mejor que nos puede pasar, es que las lidere el sector privado con acompañamiento del Estado” y remarcó que “Río Negro debe adaptarse a los cambios globales: ya no el Estado marcando el rumbo, sino acompañando la dinámica privada», indicó.

Además, destacó la puesta en marcha de herramientas concretas de acompañamiento, como el Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARÍO) con $2000 millones para respaldar a las pymes, y la nueva Ley de Parques Industriales Mixtos, sumando herramientas para motorizar inversiones y empleo local. «Tenemos el desafío de construir una mirada unificada como provincia, sin perder nuestras identidades regionales», agregó.

El ministro Banacloy destacó que la creación de la Agencia marca un antes y un después en la forma de pensar la economía provincial. «Esta herramienta nace con una visión transversal e integradora, que va más allá de una gestión. La Agencia debe construir una identidad productiva rionegrina sólida, que no dependa de coyunturas ni de visiones fragmentadas», expresó.

Además, señaló que se busca consolidar un espacio permanente de diálogo entre lo público y lo privado. «Es momento de abandonar la mirada cerrada, aislada, y pensar como provincia. La Agencia debe ser el nexo que articule todos los esfuerzos hacia un modelo de desarrollo estratégico y sostenible», agregó.

La intendenta Soria subrayó el actual contexto de «fragilidad económica» y valoró el esfuerzo conjunto para sostener políticas activas. «En los momentos difíciles, desde lo local hasta lo provincial, estamos articulando estrategias para sobrellevar esta etapa compleja», añadió.

El director Ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias, presentó junto a su equipo los ejes estratégicos para los próximos meses: fortalecimiento del entramado productivo, acompañamiento a pymes y emprendedores, desarrollo territorial con enfoque sustentable e impulso a la innovación como motor del crecimiento económico. «En Río Negro, contamos con más de 9.000 pymes en diversos sectores. Eso nos ubica por encima de la media nacional, en relación a la población. Este entramado es el corazón de nuestra economía y desde la Agencia vamos a trabajar para potenciarlo», afirmó Iglesias.

Acompañaron el acto la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Betiana Gabilondo; y el subsecretario de Comercio Exterior e Inversiones, Christian Kreber, quienes detallaron las estrategias para fortalecer el comercio interno, impulsar las exportaciones y atraer inversiones productivas a la provincia.

El control de ausentismo por licencias médicas de los empleados públicos, implementado por el Gobierno de Río Negro, evitó que el Estado provincial erogara un monto estimado de $9.825.197.652 entre septiembre de 2024 y abril de 2025, al rechazar licencias médicas no justificadas. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Hacienda y destacaron en este sentido que «se trata de dinero público, de todos los rionegrinos y rionegrinas, que se gastaba sin la correspondiente contraprestación del trabajo por parte del agente, ya que hacían un uso incorrecto de las licencias médicas».

Este control es llevado adelante por la empresa Dienst Consulting S.A., prestador de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. – ART de la Provincia, cuyo costo inicial es de $292.000.000 mensuales. «Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el servicio costó la suma de $2.336.000.000, mientras que las licencias médicas de corto plazo no convalidadas por el servicio contratado, significan una estimación de $9.825.197.652 en el periodo mencionado», aseguran desde la cartera de Hacienda.

«La diferencia de $7.489.197.652 marca a las claras la efectividad del nuevo sistema implementado, justificando la inversión, que ha permitido bajar sensiblemente la cantidad de abusos al sistema que se estaban produciendo, impactando directamente en detrimento de aquellos empleados y empleadas que efectivamente cumplen día a día con sus tareas como corresponde. Debe tenerse en cuenta que las ausencias, en muchos casos deben ser cubiertas por otros agentes, en otros casos cubiertas por recargo de horas en los que siempre cumplen con sus obligaciones y en los casos imposible de reemplazar de alguna de las maneras señaladas, se paga con menor calidad de servicio a los ciudadanos», añadieron.

Todos estos indicadores forman parte de la respuesta al Pedido de Informes respectivo realizada desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia a la Legislatura. «La contratación del servicio especializado, surge como consecuencia de haberse detectado una falta total de control de las licencias de corto tratamiento por razones de salud de los agentes públicos provinciales y/o familiares, contando sólo con la intervención de las Juntas Médicas Provinciales, que si bien cumplen una función importante, sólo tienen competencia para actuar en las licencias de largo tratamiento. Esto generaba un problema estructural en el sistema de control, ya que una parte considerable de licencias por razones de salud no era debidamente auditada y se aprobaban sin ningún control», explicaron.

Frente a esta situación, «con la finalidad de garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la gestión y evitar abusos en el sistema de licencias médicas, se decidió requerir a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., el servicio de Medicina Laboral, que incluye las auditorías sobre las licencias por razones médicas de los agentes de la Administración Pública Provincial, la que brinda tal servicio a través de su prestador, Dienst Consulting S.A., en el marco del contrato de afiliación entre la ART y el empleador, Gobierno de la Provincia de Río Negro».

«Cabe resaltar que, este plan complementario de monitoreo de la salud de los empleados públicos amparados por la ART, prevé el chequeo de afecciones que ameritan licencia médica justificada, monitoreo de la salud y control de tratamientos, con el fin de prevenir y promover la salud de los trabajadores, contribuyendo a la reducción del ausentismo y su efecto perjudicial para los trabajadores que quedan expuestos a sobrecargas de tareas, procurando ambientes laborales saludables para los mismos», indicaron.

En el contrato entre la ART y su prestador, cuya copia se remitió a la Legislatura, el costo del servicio mensual inicial se estableció en $ 5.615,38 por empleado (52.000 empleados), es decir, $ 292.000.000, lo que representaba a esa fecha un 0,003% del costo estatal que se busca optimizar con este servicio, o sea de la masa salarial.

Como resultado de la implementación de este control, en el primer mes -septiembre 2024- se encontraron irregularidades o inconsistencias en el 53% de las licencias presentadas y auditadas, lo que evitó una erogación cercana a los $1.600.000.000 por licencias por enfermedad propia o de familiar a cargo, presentadas por los agentes públicos que no ameritaban su justificación. «Esto demuestra el acierto y la efectividad de la decisión política de afrontar el problema del ausentismo de los empleados públicos provinciales relacionado a licencias por razones de salud y su modalidad, debido al abuso desmedido que existía al no contar con ningún tipo de control», ratificaron desde el Ejecutivo.