Judiciales
Robo a Zetone: Imputaron a un sujeto por considerarlo coautor del hecho y le dictaron prisión preventiva
Encontraron huellas del detenido en el auto que le robaron a uno de los serenos de la empresa para escapar. También quedaron grabados en las cámaras de seguridad.
Esta mañana (21/03), el Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre ser coautor del robo agravado al Galpón de empaque Zetone, y tal lo solicitado por la Fiscalía, quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de 4 meses.
Según la acusación fiscal, «el hecho ocurrió el pasado domingo 12 de marzo, alrededor de la 1.15 de la madrugada, cuando el imputado junto a dos personas que aún están siendo buscadas, habrían ingresado al predio por la calle Primeros Pobladores al 2.500 de General Roca».
«Allí habrían reducido a tres trabajadores, intimidándolos con un arma de fuego y propinándoles golpes, para luego atarles las manos e inmovilizarlos», enunció la fiscal del caso.
«El imputado y sus dos compañeros se habrían apoderado ilegítimamente de 16 cajas de agroquímicos conteniendo 12 botellas de un litro cada una, de las cuales 100 litros correspondían al químico Piritech, 68 litros a Actisel, 24 litros de Tecto. Además se habrían llevado 5 bidones de 20 litros de Captan, un grupo electrógeno, dos celulares y dinero en efectivo«, enumeró la Fiscalía.
La acusación describió que «el imputado y sus dos cómplices habrían cargado los agroquímicos y el resto de los objetos sustraídos en un Palio color gris, perteneciente a uno de los serenos del lugar, y se dieron a la fuga apropiándose también del rodado».
La calificación legal propuesta por la Fiscalía para esta etapa de formulación de cargos es la de «robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo aún no puede tenerse por acreditada y por haber sido cometido en poblado y en banda», siendo el hombre responsable a título de coautor, de conformidad con los Arts. 166 inc. 2, último párrafo, 167 inc. 2 y 45 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio recabado hasta el momento se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad pertenecientes a la empresa, la denuncia realizada por los serenos de Zetone, la ampliación de la denuncia del gerente de operaciones, el acta de las primeras intervenciones del personal policial de la Unidad 48°.
Se suma el informe del Gabinete de Criminalística acerca de los rastros papilares con correspondencia con el imputado, hallados en el auto que habrían utilizado para irse del lugar. El vehículo encontrado abandonado, los informes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro como también los realizados por el Gabinete de Criminalística.
El defensor penal público que asiste al imputado se opuso a la calificación legal sosteniendo que no estaba de acuerdo con la descripción de lo sucedido, proponiendo que el hombre fuera imputado por el delito de encubrimiento. «Ya que en el hecho no hay mención que lo conecte con el robo, pero si con el hallazgo de los agroquímicos», explicó el representante del Ministerio Público de la Defensa.
La Fiscalía además solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por 4 meses, sosteniendo que «existe información suficiente para endilgar la coautoría de los hechos. Buena parte de los elementos sustraídos, de gran valor patrimonial, fueron encontrados en la vivienda del hoy imputado. Las huellas que se encontraron en el vehículo son de él. Se trató de un hecho violento, en horas de la madrugada, con armas, y fueron tres personas que sorprendieron a quienes allí estaban trabajando», argumentó la fiscal del caso.
«El hombre fue encontrado luego de que esta Fiscalía emitió la orden de detención correspondiente, y se estaba escondiendo en otro lugar. Además sumamos el peligro de entorpecimiento a la investigación ya que quedan medidas por producir», agregó.
Pese a la oposición del defensor, el juez de Garantías interviniente resolvió que el hombre, con antecedentes condenatorios, continúe detenido por el plazo de 4 meses y que la investigación siga su curso por el mismo plazo legal.
Judiciales
Fiscalía pidió más de 7 años de prisión para dos hombres acusados de cometer un violento robo en Roca
Ambos fueron declarados coautores de un robo doblemente agravado ocurrido en febrero de 2024. El Tribunal dará a conocer la sentencia el lunes 20 de octubre.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que dos hombres sean condenados a penas de más de 7 años y medio de prisión, tras haber sido declarados coautores de un violento robo ocurrido en General Roca. La sentencia será leída el próximo lunes (20/10) a las 11.30 horas por el Tribunal Colegiado.
«Se trató de un hecho grave y premeditado, cometido por cuatro personas que se desplazaron en un vehículo y esperaron a un descuido de la víctima para apoyarle un arma en la nuca y maniatarla. Una vez en el interior de la casa, produjeron múltiples destrozos, arrancaron un DVR para no ser descubiertos y rompieron un sommier», explicó el fiscal del caso durante su alegato final.
El representante del Ministerio Público agregó que «la víctima expresó mucho temor a lo largo del proceso, motivo por el cual la fiscalía solicitó rondines policiales para garantizar su seguridad».
Para uno de los acusados, la Fiscalía pidió 7 años y 6 meses de prisión, además de la revocación de la condicionalidad de una condena anterior y la unificación de la pena por el mismo monto. En tanto, para el segundo hombre solicitó 8 años y 6 meses de prisión, con declaración de reincidencia y unificación de condenas en 27 años de prisión.
Por su parte, el defensor particular de ambos sostuvo que sus asistidos no participaron del hecho, cuestionó la falta de acreditación de los daños y pidió que se impongan las penas mínimas previstas por el Código Penal.
El hecho
Durante el juicio se comprobó que el robo ocurrió en febrero de 2024, cerca de las 15.30 horas, cuando la víctima abría el portón de ingreso a su vivienda. En ese momento, fue interceptada por dos de los cuatro autores, quienes la intimidaron con un arma de fuego -real o de utilería- y la obligaron a ingresar al domicilio.
Una vez dentro, la ataron de manos y pies con una soga y sustrajeron dinero en efectivo, una moto, un monitor, un DVR de cámaras de seguridad y un celular. Los delincuentes huyeron en un Citroën C4, vehículo que posteriormente fue identificado por las cámaras de seguridad de la ciudad.
La calificación legal del caso es robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada o de utilería, según los artículos 45, 166 (último párrafo) y 167 inciso 2° del Código Penal.
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Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
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Uno de los adolescentes imputados por el crimen de Julián Dobra se quitó la tobillera
Finalmente fue localizado en su vivienda y ahora lo internarán en uno de los dispositivos de la SENAF, hasta que continúe el proceso.
Este mediodía (09/10) la Fiscalía solicitó que se modifique la detención de uno de los menores imputados en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra, tras la notificación por parte la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico que el adolescente se había quitado el dispositivo.
«Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer (08/10) la Policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente», explicó el equipo fiscal.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que «pesa sobre el menor punible una imputación por un hecho grave, en calidad de participe primario. El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos«.
Por su parte, la defensora pública de menores punibles explicó que «se ha trabajado en este tema, no se han encontrado otras medidas alternativas por eso se adhiere al pedido de la Fiscalía».
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de lo planteado por la Fiscalía.
Datos e imágenes de menores
Al inicio de la audiencia, la defensora de menores volvió a solicitar, a través del juez interviniente en este legajo, que se inste a los medios de comunicación de mantener la prohibición de publicar datos e imágenes de los menores que están involucrados en este o en cualquier otro legajo.
La defensora invocó, además de normativa provincial, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional N° 20.056 sobre la prohibición de la difusión o publicidad de hechos referidos a menores de edad. Tal como indica la normativa internacional de raigambre nacional y provincial.
