Gremios
Nueva propuesta salarial para el sector docente
La oferta alcanza un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, llegando a un 50,77% de aumento acumulado a agosto.
En el marco de las negociaciones salariales que el Gobierno Provincial lleva adelante con los gremios estatales, la representación paritaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó a la UnTER la propuesta de un 50,77% de aumento acumulado al mes de agosto en relación a los valores de enero de 2023.
El incremento se daría con un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, al tiempo que se ratificaron los aumentos ofrecidos para los meses de mayo, junio, julio y agosto, contemplando esta pauta salarial instancias de revisión en mayo y agosto.
Teniendo en cuenta que con los sueldos de febrero y marzo se liquidó un 5% de aumento a cuenta de futuros acuerdos, esta propuesta contempla el pago del 1% retroactivo a febrero y del 2% a marzo.
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De esta manera, detallaron desde el Gobierno que «un maestro de jornada completa con 70% de antigüedad, porcentaje tomado como promedio, y sin el aumento que también representan el 20%, 40% u 80% de ubicación, alcanzaría un haber mensual de $405.375 en el mes de agosto. Al mes de enero de este año, el mismo cargo representó un salario de $283.492″, afirmaron.
En la propuesta del Gobierno también se ratificó el incremento de las asignaciones familiares en un 100%, igual porcentaje en Movilidad, y el 20% para el tope de ese concepto.
En referencia al adicional del 10% ofrecido en el pasado encuentro paritario, «al sólo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno, con carácter excepcional y por única vez», se ratificó la propuesta anterior de liquidarlo en caso de aprobarse la propuesta a todo el sector. También se recordó que el mismo ya fue liquidado a las y los docentes que cumplieron con sus obligaciones laborales los días 22 y 23 de marzo
«De acuerdo con lo expuesto, la presente propuesta profundiza la política de recuperación salarial seguida por el Estado provincial, ello toda vez que supera con un margen mayor a la inflación informada por INDEC. Asimismo, da continuidad al proceso de recuperación de la calidad del salario iniciado años atrás», destacó la representación gubernamental encabezada por el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez.
El encuentro paritario con representantes de UnTER se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, presidido por su titular, Jorge Stopiello.
Allí también se profundizó respecto al reclamo realizado por el gremio docente en el encuentro paritario anterior en relación a la liquidación del impuesto a las ganancias sobre distintos conceptos. En ese sentido se informó que Educación, «en cumplimiento de lo oportunamente manifestado», se puntualizó en el acta de la reunión, ya ha formalizado, mediante presentación digital #202300370650, el pedido correspondiente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Postura oficial
En ese marco, la parte gubernamental se manifestó sobre el hecho que a un mes de iniciado el ciclo lectivo, el sindicato haya realizado medidas de fuerza por un total de 8 jornadas, a lo que se suma el anuncio de 3 más para la semana próxima, totalizando 11 días de clases interrumpidos. «Estas medidas afectan el derecho a la Educación de los y las estudiantes de la provincia, en un escenario pospandémico en el que es sumamente necesario que los mismos y las misma se encuentren en las escuelas participando en clases, reforzando vínculos e intensificando los aprendizajes», se indicó.
Asimismo, se hizo lo propio por el no acatamiento por parte del sindicato de la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución N° 782/23, desconociendo de esta manera las facultades otorgadas por la Ley 5.255 a dicho organismo público. «La gravedad de desconocer estos marcos legales e institucionales que garantizan el ejercicio de los derechos en un marco democrático, impacta directamente en el derecho a la Educación de los y las estudiantes y expone a los y las docentes a incurrir en inasistencias injustificadas», se marcó.
En un sentido similar, la representación gubernamental se manifestó respecto al no cumplimiento por parte de UnTER del plazo mínimo de 48 horas para notificar al Ministerio de Trabajo las medidas de acción directa (Ley 5255 art. 78) «No sólo implica una nueva violación y menosprecio al marco legal e institucional vigente, sino que además perjudica gravemente a las familias rionegrinas. Esto se debe a que se priva a las comunidades educativas de contar con información certera sobre el normal desarrollo de las clases con la suficiente anticipación que requiere la organización familiar, en tanto el sindicato ha comunicado, en ocasiones, su decisión de adoptar o no medidas de fuerza en el transcurso de altas horas de la noche o directamente en horas de la madrugada», indicaron.
En la paritaria también destacaron que «el posicionamiento y las acciones desarrolladas desde la representación gubernamental, demuestran la clara voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos, escuchando el pliego de solicitudes y teniendo en cuenta estos pedidos en la conformación de las propuestas salariales y de política educativa».
Junto al ministro Pablo Núñez participaron de la reunión los secretarios de Educación, Duilio Minieri, y de Administración Financiera, Miguel Cruz; el vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Alejandro Bustos, y el secretario General del cuerpo, Leonardo López.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
