Gremios
Nueva propuesta salarial para el sector docente
La oferta alcanza un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, llegando a un 50,77% de aumento acumulado a agosto.
En el marco de las negociaciones salariales que el Gobierno Provincial lleva adelante con los gremios estatales, la representación paritaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó a la UnTER la propuesta de un 50,77% de aumento acumulado al mes de agosto en relación a los valores de enero de 2023.
El incremento se daría con un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, al tiempo que se ratificaron los aumentos ofrecidos para los meses de mayo, junio, julio y agosto, contemplando esta pauta salarial instancias de revisión en mayo y agosto.
Teniendo en cuenta que con los sueldos de febrero y marzo se liquidó un 5% de aumento a cuenta de futuros acuerdos, esta propuesta contempla el pago del 1% retroactivo a febrero y del 2% a marzo.
Noticia relacionada: UnTER adelantó que la oferta del Gobierno sigue siendo «insuficiente», pero será el Congreso el que tenga la decisión final
De esta manera, detallaron desde el Gobierno que «un maestro de jornada completa con 70% de antigüedad, porcentaje tomado como promedio, y sin el aumento que también representan el 20%, 40% u 80% de ubicación, alcanzaría un haber mensual de $405.375 en el mes de agosto. Al mes de enero de este año, el mismo cargo representó un salario de $283.492″, afirmaron.
En la propuesta del Gobierno también se ratificó el incremento de las asignaciones familiares en un 100%, igual porcentaje en Movilidad, y el 20% para el tope de ese concepto.
En referencia al adicional del 10% ofrecido en el pasado encuentro paritario, «al sólo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno, con carácter excepcional y por única vez», se ratificó la propuesta anterior de liquidarlo en caso de aprobarse la propuesta a todo el sector. También se recordó que el mismo ya fue liquidado a las y los docentes que cumplieron con sus obligaciones laborales los días 22 y 23 de marzo
«De acuerdo con lo expuesto, la presente propuesta profundiza la política de recuperación salarial seguida por el Estado provincial, ello toda vez que supera con un margen mayor a la inflación informada por INDEC. Asimismo, da continuidad al proceso de recuperación de la calidad del salario iniciado años atrás», destacó la representación gubernamental encabezada por el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez.
El encuentro paritario con representantes de UnTER se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, presidido por su titular, Jorge Stopiello.
Allí también se profundizó respecto al reclamo realizado por el gremio docente en el encuentro paritario anterior en relación a la liquidación del impuesto a las ganancias sobre distintos conceptos. En ese sentido se informó que Educación, «en cumplimiento de lo oportunamente manifestado», se puntualizó en el acta de la reunión, ya ha formalizado, mediante presentación digital #202300370650, el pedido correspondiente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Postura oficial
En ese marco, la parte gubernamental se manifestó sobre el hecho que a un mes de iniciado el ciclo lectivo, el sindicato haya realizado medidas de fuerza por un total de 8 jornadas, a lo que se suma el anuncio de 3 más para la semana próxima, totalizando 11 días de clases interrumpidos. «Estas medidas afectan el derecho a la Educación de los y las estudiantes de la provincia, en un escenario pospandémico en el que es sumamente necesario que los mismos y las misma se encuentren en las escuelas participando en clases, reforzando vínculos e intensificando los aprendizajes», se indicó.
Asimismo, se hizo lo propio por el no acatamiento por parte del sindicato de la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución N° 782/23, desconociendo de esta manera las facultades otorgadas por la Ley 5.255 a dicho organismo público. «La gravedad de desconocer estos marcos legales e institucionales que garantizan el ejercicio de los derechos en un marco democrático, impacta directamente en el derecho a la Educación de los y las estudiantes y expone a los y las docentes a incurrir en inasistencias injustificadas», se marcó.
En un sentido similar, la representación gubernamental se manifestó respecto al no cumplimiento por parte de UnTER del plazo mínimo de 48 horas para notificar al Ministerio de Trabajo las medidas de acción directa (Ley 5255 art. 78) «No sólo implica una nueva violación y menosprecio al marco legal e institucional vigente, sino que además perjudica gravemente a las familias rionegrinas. Esto se debe a que se priva a las comunidades educativas de contar con información certera sobre el normal desarrollo de las clases con la suficiente anticipación que requiere la organización familiar, en tanto el sindicato ha comunicado, en ocasiones, su decisión de adoptar o no medidas de fuerza en el transcurso de altas horas de la noche o directamente en horas de la madrugada», indicaron.
En la paritaria también destacaron que «el posicionamiento y las acciones desarrolladas desde la representación gubernamental, demuestran la clara voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos, escuchando el pliego de solicitudes y teniendo en cuenta estos pedidos en la conformación de las propuestas salariales y de política educativa».
Junto al ministro Pablo Núñez participaron de la reunión los secretarios de Educación, Duilio Minieri, y de Administración Financiera, Miguel Cruz; el vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Alejandro Bustos, y el secretario General del cuerpo, Leonardo López.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
