Gremios
Nueva propuesta salarial para el sector docente
La oferta alcanza un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, llegando a un 50,77% de aumento acumulado a agosto.
En el marco de las negociaciones salariales que el Gobierno Provincial lleva adelante con los gremios estatales, la representación paritaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó a la UnTER la propuesta de un 50,77% de aumento acumulado al mes de agosto en relación a los valores de enero de 2023.
El incremento se daría con un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, al tiempo que se ratificaron los aumentos ofrecidos para los meses de mayo, junio, julio y agosto, contemplando esta pauta salarial instancias de revisión en mayo y agosto.
Teniendo en cuenta que con los sueldos de febrero y marzo se liquidó un 5% de aumento a cuenta de futuros acuerdos, esta propuesta contempla el pago del 1% retroactivo a febrero y del 2% a marzo.
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De esta manera, detallaron desde el Gobierno que «un maestro de jornada completa con 70% de antigüedad, porcentaje tomado como promedio, y sin el aumento que también representan el 20%, 40% u 80% de ubicación, alcanzaría un haber mensual de $405.375 en el mes de agosto. Al mes de enero de este año, el mismo cargo representó un salario de $283.492″, afirmaron.
En la propuesta del Gobierno también se ratificó el incremento de las asignaciones familiares en un 100%, igual porcentaje en Movilidad, y el 20% para el tope de ese concepto.
En referencia al adicional del 10% ofrecido en el pasado encuentro paritario, «al sólo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno, con carácter excepcional y por única vez», se ratificó la propuesta anterior de liquidarlo en caso de aprobarse la propuesta a todo el sector. También se recordó que el mismo ya fue liquidado a las y los docentes que cumplieron con sus obligaciones laborales los días 22 y 23 de marzo
«De acuerdo con lo expuesto, la presente propuesta profundiza la política de recuperación salarial seguida por el Estado provincial, ello toda vez que supera con un margen mayor a la inflación informada por INDEC. Asimismo, da continuidad al proceso de recuperación de la calidad del salario iniciado años atrás», destacó la representación gubernamental encabezada por el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez.
El encuentro paritario con representantes de UnTER se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, presidido por su titular, Jorge Stopiello.
Allí también se profundizó respecto al reclamo realizado por el gremio docente en el encuentro paritario anterior en relación a la liquidación del impuesto a las ganancias sobre distintos conceptos. En ese sentido se informó que Educación, «en cumplimiento de lo oportunamente manifestado», se puntualizó en el acta de la reunión, ya ha formalizado, mediante presentación digital #202300370650, el pedido correspondiente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Postura oficial
En ese marco, la parte gubernamental se manifestó sobre el hecho que a un mes de iniciado el ciclo lectivo, el sindicato haya realizado medidas de fuerza por un total de 8 jornadas, a lo que se suma el anuncio de 3 más para la semana próxima, totalizando 11 días de clases interrumpidos. «Estas medidas afectan el derecho a la Educación de los y las estudiantes de la provincia, en un escenario pospandémico en el que es sumamente necesario que los mismos y las misma se encuentren en las escuelas participando en clases, reforzando vínculos e intensificando los aprendizajes», se indicó.
Asimismo, se hizo lo propio por el no acatamiento por parte del sindicato de la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución N° 782/23, desconociendo de esta manera las facultades otorgadas por la Ley 5.255 a dicho organismo público. «La gravedad de desconocer estos marcos legales e institucionales que garantizan el ejercicio de los derechos en un marco democrático, impacta directamente en el derecho a la Educación de los y las estudiantes y expone a los y las docentes a incurrir en inasistencias injustificadas», se marcó.
En un sentido similar, la representación gubernamental se manifestó respecto al no cumplimiento por parte de UnTER del plazo mínimo de 48 horas para notificar al Ministerio de Trabajo las medidas de acción directa (Ley 5255 art. 78) «No sólo implica una nueva violación y menosprecio al marco legal e institucional vigente, sino que además perjudica gravemente a las familias rionegrinas. Esto se debe a que se priva a las comunidades educativas de contar con información certera sobre el normal desarrollo de las clases con la suficiente anticipación que requiere la organización familiar, en tanto el sindicato ha comunicado, en ocasiones, su decisión de adoptar o no medidas de fuerza en el transcurso de altas horas de la noche o directamente en horas de la madrugada», indicaron.
En la paritaria también destacaron que «el posicionamiento y las acciones desarrolladas desde la representación gubernamental, demuestran la clara voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos, escuchando el pliego de solicitudes y teniendo en cuenta estos pedidos en la conformación de las propuestas salariales y de política educativa».
Junto al ministro Pablo Núñez participaron de la reunión los secretarios de Educación, Duilio Minieri, y de Administración Financiera, Miguel Cruz; el vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Alejandro Bustos, y el secretario General del cuerpo, Leonardo López.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.
En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
