Gremios
Nueva propuesta salarial para el sector docente
La oferta alcanza un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, llegando a un 50,77% de aumento acumulado a agosto.
En el marco de las negociaciones salariales que el Gobierno Provincial lleva adelante con los gremios estatales, la representación paritaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó a la UnTER la propuesta de un 50,77% de aumento acumulado al mes de agosto en relación a los valores de enero de 2023.
El incremento se daría con un 6% en el mes de febrero, un 7% en marzo e igual porcentaje para abril, al tiempo que se ratificaron los aumentos ofrecidos para los meses de mayo, junio, julio y agosto, contemplando esta pauta salarial instancias de revisión en mayo y agosto.
Teniendo en cuenta que con los sueldos de febrero y marzo se liquidó un 5% de aumento a cuenta de futuros acuerdos, esta propuesta contempla el pago del 1% retroactivo a febrero y del 2% a marzo.
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De esta manera, detallaron desde el Gobierno que «un maestro de jornada completa con 70% de antigüedad, porcentaje tomado como promedio, y sin el aumento que también representan el 20%, 40% u 80% de ubicación, alcanzaría un haber mensual de $405.375 en el mes de agosto. Al mes de enero de este año, el mismo cargo representó un salario de $283.492″, afirmaron.
En la propuesta del Gobierno también se ratificó el incremento de las asignaciones familiares en un 100%, igual porcentaje en Movilidad, y el 20% para el tope de ese concepto.
En referencia al adicional del 10% ofrecido en el pasado encuentro paritario, «al sólo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno, con carácter excepcional y por única vez», se ratificó la propuesta anterior de liquidarlo en caso de aprobarse la propuesta a todo el sector. También se recordó que el mismo ya fue liquidado a las y los docentes que cumplieron con sus obligaciones laborales los días 22 y 23 de marzo
«De acuerdo con lo expuesto, la presente propuesta profundiza la política de recuperación salarial seguida por el Estado provincial, ello toda vez que supera con un margen mayor a la inflación informada por INDEC. Asimismo, da continuidad al proceso de recuperación de la calidad del salario iniciado años atrás», destacó la representación gubernamental encabezada por el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez.
El encuentro paritario con representantes de UnTER se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, presidido por su titular, Jorge Stopiello.
Allí también se profundizó respecto al reclamo realizado por el gremio docente en el encuentro paritario anterior en relación a la liquidación del impuesto a las ganancias sobre distintos conceptos. En ese sentido se informó que Educación, «en cumplimiento de lo oportunamente manifestado», se puntualizó en el acta de la reunión, ya ha formalizado, mediante presentación digital #202300370650, el pedido correspondiente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Postura oficial
En ese marco, la parte gubernamental se manifestó sobre el hecho que a un mes de iniciado el ciclo lectivo, el sindicato haya realizado medidas de fuerza por un total de 8 jornadas, a lo que se suma el anuncio de 3 más para la semana próxima, totalizando 11 días de clases interrumpidos. «Estas medidas afectan el derecho a la Educación de los y las estudiantes de la provincia, en un escenario pospandémico en el que es sumamente necesario que los mismos y las misma se encuentren en las escuelas participando en clases, reforzando vínculos e intensificando los aprendizajes», se indicó.
Asimismo, se hizo lo propio por el no acatamiento por parte del sindicato de la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución N° 782/23, desconociendo de esta manera las facultades otorgadas por la Ley 5.255 a dicho organismo público. «La gravedad de desconocer estos marcos legales e institucionales que garantizan el ejercicio de los derechos en un marco democrático, impacta directamente en el derecho a la Educación de los y las estudiantes y expone a los y las docentes a incurrir en inasistencias injustificadas», se marcó.
En un sentido similar, la representación gubernamental se manifestó respecto al no cumplimiento por parte de UnTER del plazo mínimo de 48 horas para notificar al Ministerio de Trabajo las medidas de acción directa (Ley 5255 art. 78) «No sólo implica una nueva violación y menosprecio al marco legal e institucional vigente, sino que además perjudica gravemente a las familias rionegrinas. Esto se debe a que se priva a las comunidades educativas de contar con información certera sobre el normal desarrollo de las clases con la suficiente anticipación que requiere la organización familiar, en tanto el sindicato ha comunicado, en ocasiones, su decisión de adoptar o no medidas de fuerza en el transcurso de altas horas de la noche o directamente en horas de la madrugada», indicaron.
En la paritaria también destacaron que «el posicionamiento y las acciones desarrolladas desde la representación gubernamental, demuestran la clara voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos, escuchando el pliego de solicitudes y teniendo en cuenta estos pedidos en la conformación de las propuestas salariales y de política educativa».
Junto al ministro Pablo Núñez participaron de la reunión los secretarios de Educación, Duilio Minieri, y de Administración Financiera, Miguel Cruz; el vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Alejandro Bustos, y el secretario General del cuerpo, Leonardo López.
Gremios
Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos
«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.
Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.
Cómo se implementará la medida
El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.
Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.
En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.
Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.
Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.
Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.
«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».
En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».
«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.
En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.
“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
Gremios
ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.
El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».
En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».
El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».
En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
