Judiciales
Radares ilegales le costarán $1 millón por día al Municipio de Chimpay
La Justicia intimó a la comuna de Valle Medio a que retire los equipos de control de velocidad y aplicará una multa diaria si no cumple. Son ilegales.
Los radares de velocidad sobre la Ruta Nacional N° 22 en el Valle Medio generan reclamos y polémica desde hace años. La Defensoría del Pueblo tiene un apartado especial para responder las quejas y la Justicia intentó zanjar la polémica al declarar ilegal las multas que se realizan en Chimpay. Sin embargo, el Municipio continúa cobrando infracciones en forma ilegal y ahora enfrenta un castigo superior al millón de pesos por día.
El Superior Tribunal de Justicia intimó esta semana al Municipio de Chimpay por no acatar el fallo que declaró ilegal el radar que se instaló en la Ruta N° 22, según informó LM Cipolletti. La Justicia declaró que la ordenanza de esa ciudad para permitir el uso de medidores de velocidad avanza sobre jurisdicción provincial y, por lo tanto, no puede aplicarse.
El proceso judicial comenzó luego de varios años de quejas constantes de automovilistas, especialmente turistas que fueron sancionados mientras viajaban hacia la costa atlántica o regresaban de sus vacaciones. Los reclamos individuales tenían sentencia favorable, pero la mayoría de los automovilistas pagaba la sanción, por lo que a pesar de las polémicas públicas, en Chimpay siguieron cobrando multas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, ante diferentes reclamos se constató que los equipos utilizados para medir la velocidad de los autos no cumplían con los requisitos impuestos en la Ley Nacional de Tránsito. Tras los primeros expedientes judiciales, el Municipio sancionó una ordenanza y habría incorporado los equipos de medición correctos. Sin embargo, continuaba infringiendo la ley.
Los automovilistas reclamaban porque el punto de control no estaba señalizado, por lo que era una especie de trampa para hacer multas. Ese punto es suficiente para anular las multas. El Gobierno provincial, sin embargo, fue en busca de cortar de plano con las infracciones y denunció que la ordenanza era ilegal. En diciembre de 2022, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo que le da la razón a Provincia.
Lejos de acatar la decisión judicial, el Municipio de Chimpay continuó cobrando multas. Tras constatar que los radares siguen en uso, el STJ intimó al gobierno local. Si no se certifica la eliminación de los radares durante la próxima semana, el Municipio tendrá que pagar una multa diaria.
El castigo económico fue fijado en 100 JUS -la unidad de sanción que impone la Justicia-. Durante abril, cada JUS equivale a $10.860, por lo que el castigo sería superior al millón de pesos.
Judiciales
Choque fatal en la Ruta 22: Imputaron al conductor que manejaba con 2,06 de alcohol en sangre
La víctima, Ángel Lautaro Monsalve, murió tras un impacto frontal entre su moto y un auto, conducido por el imputado.
Un hombre fue formalmente imputado por el homicidio culposo de Ángel Lautaro Monsalve, ocurrido ayer (15/03) a la madrugada en el kilómetro 1159 de la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 6.00 de la mañana, cuando el imputado conducía un Volkswagen Gol en sentido oeste-este de manera imprudente y antirreglamentaria, sin el cuidado ni el dominio exigidos para circular por una Ruta Nacional.
De acuerdo a la Fiscalía, el hombre se movilizaba a unos 100 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido en ese sector es de 80 km/h. Además, manejaba bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcoholemia de 2,06 gramos por litro de sangre.
En ese mismo momento, Monsalve circulaba en una motocicleta en sentido contrario, es decir, de este a oeste. Por motivos que aún se investigan, el motociclista invadió el carril contrario y se produjo un impacto frontal excéntrico con el sector delantero izquierdo del automóvil.
Producto de la violencia del choque, el conductor de la moto falleció en el lugar.
La Fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio culposo agravado por conducir un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, con un nivel superior a 0,5 gramos por litro de sangre.
Entre las evidencias reunidas hasta el momento se mencionaron el relevamiento realizado por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho, el test de alcoholemia practicado al conductor, entrevistas a testigos y registros fotográficos.
Durante la audiencia, la defensa penal pública no presentó objeciones a la formulación de cargos.
Respecto a las medidas cautelares, la fiscalía indicó que no se advierten riesgos procesales como entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, ya que el imputado tiene domicilio fijo, trabajo y una hija a la que mantiene.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso como medidas cautelares la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo y la obligación de no modificar su domicilio, bajo apercibimiento de revocar su libertad provisoria.
Judiciales
Chocó su auto nuevo y la reparación nunca quedó bien: La Justicia condenó a la aseguradora
Además, el vehículo ingresó al taller con 42.183 kilómetros y fue entregado meses después con casi 4.000 kilómetros más.
Una mujer de General Roca que había comprado un auto cero kilómetro y contratado un seguro contra todo riesgo logró que la Justicia condenara a la aseguradora por las reparaciones defectuosas realizadas tras un choque.
El caso comenzó cuando la mujer adquirió un Renault Kwid y, para proteger su inversión, contrató una póliza de seguro. Dos años después protagonizó un siniestro vial y la compañía derivó el vehículo a un taller para su reparación.
Sin embargo, el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni con respaldo técnico del fabricante del vehículo. Durante meses, la mujer recibió promesas sobre repuestos y arreglos que, según le indicaban, dejarían el auto en condiciones óptimas.
El vehículo ingresó varias veces al taller debido a que las fallas persistían. Los ruidos extraños y las luces de advertencia en el tablero nunca desaparecieron, lo que generó reiterados reclamos ante la aseguradora y el taller.
Tras una instancia de mediación sin resultados, la mujer inició una demanda por daños y perjuicios. Durante el proceso explicó que el auto ingresó al taller con 42.183 kilómetros y que tres meses después fue entregado con más de 46.000 kilómetros, es decir, con unos 3.800 kilómetros adicionales y con las mismas fallas.
La pericia mecánica determinó que las reparaciones se realizaron en distintas etapas y fuera de los parámetros sugeridos por el fabricante. Además, señaló que el taller no estaba homologado y que no existía documentación técnica que permitiera verificar las tareas realizadas.
También se estableció que el establecimiento no tenía habilitación municipal vigente. Por ese motivo, el Tribunal hizo lugar a la excepción planteada por el mecánico demandado y rechazó la demanda en su contra, ya que no era titular del taller.
Finalmente, el fuero Civil de Roca concluyó que existió un cumplimiento defectuoso de las obligaciones de la aseguradora y aplicó la responsabilidad prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia reconoció una indemnización por la privación del uso del vehículo durante aproximadamente un mes y medio, la desvalorización del automotor y el daño moral ocasionado a la propietaria.
Judiciales
Apareció el joven que era intensamente buscado en Roca
La búsqueda había sido iniciada luego de que fuera visto por última vez el fin de semana en el Camping Municipal.
El joven que era intensamente buscado en General Roca apareció en buen estado de salud y el Ministerio Público Fiscal confirmó que se dio por finalizado el pedido de paradero.
Se trata de Ezequiel Vázquez, de 26 años, cuya búsqueda había sido difundida por la Policía de Río Negro luego de que fuera visto por última vez entre el sábado (07/03) y el domingo (08/03) en el sector del Camping Municipal.
Tras diversas tareas realizadas para dar con su ubicación, finalmente se confirmó que el joven se encuentra en buen estado de salud.
Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal dispuso dar por finalizada la búsqueda y dejar sin efecto el pedido de colaboración a la comunidad.
