El gobernador Alberto Weretilneck descartó que la eliminación de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia pueda influir en una baja del precio de la carne. «La distorsión está en otro lado: en un modelo que concentra el negocio, margina al interior y convierte la comida en un privilegio para pocos», afirmó.

«La evidencia es clara. En los últimos dos meses, en el resto del país, el kilo de costilla subió de $9.000 a $14.000. La exportación cayó casi un 20%. Y nuestro país alcanzó el valor en gancho más alto del Mercosur, con US$5,17 por kilo, muy por encima de Brasil y Paraguay», explicó el mandatario en sus redes sociales, acompañando su mensaje con capturas de noticias que reflejan estos datos.

Weretilneck enfatizó que eliminar la barrera no beneficiará a los consumidores patagónicos. «Más del 60% de la carne que se consume en Río Negro proviene del norte del país, y los precios no bajaron. El consumo no mejoró. Y los que realmente pierden son los productores locales», sostuvo.

Además, advirtió que el problema radica en la concentración del negocio cárnico. «La distorsión está en otro lado: en un modelo que margina al interior y convierte la comida en un privilegio para pocos», insistió.

El gobernador destacó el caso de Brasil, que en 2024 logró ser reconocido como país libre de aftosa sin vacunación tras 50 años de trabajo. «Lo hizo para ingresar a mercados de alto valor y, a partir del 1 de abril, tendrá el mismo estatus sanitario que la Patagonia. Miremos ese ejemplo: cuando un país avanza en sanidad, lo defiende. No lo destruye», subrayó.

Para Weretilneck, la resolución en debate «no tiene sustento técnico ni económico» y es «una imposición diseñada para beneficiar a los grandes exportadores y supermercados, sin considerar el impacto devastador que puede tener sobre las provincias que hicieron las cosas bien».

«No podemos dimensionar lo que está en riesgo. Estamos realmente preocupados ante la posibilidad de que esto avance. Por eso defendemos la Patagonia, el trabajo, la salud animal y el desarrollo de nuestra región. Defendemos a nuestros productores», resaltó.

Y concluyó que «aceptar que destruyan la barrera sanitaria que nos llevó 20 años construir es entregar la Patagonia. Y eso sí que nunca lo vamos a hacer».

Luego de la reunión que mantuvieron el secretario general de ATE Nacional y presidente de la Unidad Popular Río Negro, Rodolfo Aguiar, junto al referente de Patria Grande y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, los dirigentes evaluaron la confección de una lista conjunta para las elecciones legislativas nacionales en Río Negro que se celebrarán el domingo 26 de octubre.

Ambos espacios se opusieron fervientemente a la suspensión de las PASO porque las consideran «un mecanismo plural de elección de candidatos». Sin esta herramienta, «los partidos comenzaron a evaluar conjuntamente la conformación de una lista de unidad».

Unidad Popular viene alentando desde los últimos comicios que los candidatos de los espacios sean definidos mediante internas, y no a dedo por los principales referentes de los partidos tradicionales como ha sucedido anteriormente.

El espacio de Grabois ya anunció que llevará a la barilochense Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para postularse a una de las dos bancas de diputados. Además, se renovarán las tres bancas del Senado.

Por su parte, el espacio que conduce Aguiar mantuvo las reuniones tanto con los referentes de Somos, Mateo Canosa, y del socialismo rionegrino, Paolo Etchepareborda, con quienes se conformó la alianza electoral Somos Unidad Popular y Social que llevó a Rafael Zamaro como candidato a gobernador en 2023 y aún no definió candidaturas.

El Gobierno decidió suspender de manera temporal la medida hecha pública este martes (18/03) que implicaba habilitar, después de 24 años de restricción, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación. La resolución oficial fue cuestionada por productores y gobernadores y, en el Poder Ejecutivo aseguran que habrá un paréntesis de negociación para su implementación.

El Gobierno había tomado la decisión de permitir, tras 24 años de restricciones, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta medida, oficializada a través de la Resolución N° 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), modifica normativas que desde 2001 prohibían el traslado de productos cárnicos desde zonas con vacunación hacia la región patagónica, con el fin de preservar su estatus sanitario. A partir de esta resolución, se establecían nuevas condiciones sanitarias que permiten el ingreso de carne y material genético de otras partes del país y del exterior, sin comprometer la seguridad de la región.

La flexibilización de estas restricciones se basa en estudios sanitarios realizados por el Senasa, que detectaron circulación viral de fiebre aftosa en el territorio nacional. De acuerdo con los análisis, la posibilidad de introducir el virus mediante el traslado de carne con hueso es mínima, lo que dio pie a la decisión. Además de esta flexibilización, se fijaron estrictas normativas de producción, procesamiento, empaque y transporte para garantizar que los productos cárnicos cumplan con los estándares sanitarios establecidos, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La medida generó el rechazo de los gobernadores de las provincias patagónicas, entre ellos el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores».

En tanto, su par neuquino Rolando Figueroa, a través de la misma red social, anticipó esa suspensión por 90 días. «Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente», mencionó.

«Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus», completó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que «estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial». Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».

Según fue presentada por el Gobierno, una de las principales razones detrás de esta medida fue la reducción de los altos precios de la carne en la Patagonia. Históricamente, los precios de los cortes vacunos en la región han sido significativamente más altos que en otras partes del país debido a la oferta limitada de carne local. En zonas como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el precio del asado llegó a superar los $18.500 por kilo en algunas carnicerías, mientras que en Buenos Aires se puede comprar a $8.200 el kilo. El levantamiento de la prohibición se espera que incremente la oferta de carne en el mercado patagónico, lo que podría ayudar a reducir los precios y los costos asociados a la distribución de la carne en la región.