Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los empleados se manifestaron preocupados por sus fuentes de trabajo. Según explicó la oficina del presidente en un comunicado, en reemplazo del actual entre recaudador, Nación creará otro organismo. Se tratará de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con una «estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática». La decisión llega en «el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes» e implicará «el despido de más de 3.000 empleados públicos, recorte salarial y la creación de un nuevo organismo recaudador, con una estructura más chica».

Claudio López es el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) seccional Neuquén habló esta mañana (22/10) en Radio La Super del tema. En declaraciones al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes por FM La Super FM 96.3), López explicó que la seccional tiene jurisdicción en Viedma, Roca, Zapala, San Martin de los Andes y Bariloche. «Estamos sorprendidos por semejante anuncio. Ni ellos tienen la capacidad ni la organización para armar una nueva agencia de recaudación y control aduanero. Esto les genera una estructura que no la tienen armada. Tienen una desorganización total», indicó.

El dirigente gremial señaló como es la situación en las sedes de la AFIP de la zona. «A nivel nacional son unos 3.155 trabajadores que serían despedidos. En la Seccional somos 360 empleados y los más nuevos son unos 35, que son los que se despedirían. Lo que vemos es una persecución política, ya que se anunció que la gente que se despedirá es la que entró en el último período de Alberto Fernández. No vamos a tolerar ni un solo despido, es más, se necesita gente para funcionar», agregó.

«Estamos de asambleas en todo el país. Hoy se hace una asamblea acá en Buenos Aires y se comenzará con reuniones regionales», destacó.

«El gobierno bastardea la tarea que se hace en AFIP. Y decir que hay grandes sueldos, con sumas exorbitantes es una política para atraer a la opinión pública. Salen a decir que van a achicar el estado. Hoy un sueldo de un profesional que recién ingresa es de $450.000 más el fondo de jerarquización, que puede llegar a $1.200.000. Un empleado con 15 años llega a cobrar $2.000.000», concluyó.

Con varios proyectos y seguramente un importante debate, se llevará adelante la novena sesión del XXXV período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante roquense. Se realizará este martes (22/10) a las 10 de la mañana en el edificio Gobernador Carlos E. Soria, ubicado en calles Villegas y Avenida Roca.

Entre varios temas a tratar, se destacan el repudio al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y también a aquellos legisladores de la ciudad que votaron afirmativamente el proyecto de Ley Nº 756/2024, que declara a la educación como servicio estratégico esencial.

A través de un proyecto de ley, el legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) propuso la creación de un registro provincial de huellas genéticas en el ámbito del Poder Judicial, que aportará elementos para la investigación de distintos delitos.

«Nuestra propuesta es que cuando se detiene a una persona, además de tomarle las huellas digitales, la foto y todos los datos que son habituales, también se le extraiga una muestra de ADN para incorporar a este registro», explicó Juan Martin.

El presidente del bloque PRO-Unión Republicana planteó que «el ADN es un método largamente probado para esclarecer todo tipo de crímenes» y en este sentido consideró que «hay que sistematizar y ampliar la base de datos para que cuando sucede un hecho delictivo sea más simple encontrar al autor».

El proyecto presentado en la Legislatura, que cuenta con el acompañamiento de los demás integrantes del bloque PRO-Unión Republicana, recogió la experiencia del registro genético que desde 2017 funciona en la provincia de Mendoza, que cuenta con los datos de 90.000 personas y permitió esclarecer cerca de 1.200 delitos. Asimismo, a nivel nacional existe un registro que hasta hace poco incorporaba sólo los datos de agresores sexuales y recientemente amplió su objeto para abarcar otros delitos.

Juan Martin recordó que en Bariloche funciona un laboratorio de genética forense que brinda apoyo en causas no sólo provinciales sino de toda la Patagonia Norte, por lo que consideró que «la Provincia tiene los recursos para avanzar en este registro que nos permitiría vivir más seguros».