El Gobierno provincial ratificó hoy (03/12) el descuento de haberes a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial que adhieran a las medidas de fuerza dispuestas para el próximo jueves (5/12), convocadas por parte de distintos gremios estatales (UnTER y ATE). Asimismo, se confirmó que ya fueron realizados los descuentos correspondientes a los paros realizados en octubre último.

Desde la Secretaría de la Función Pública ya se notificó a todos los responsables de las áreas de Recursos Humanos de los Ministerios y Secretarías de Estado para que informen fehacientemente los listados con las personas que no han concurrido a trabajar por haberse sumado a la medida de fuerza, de manera tal de realizar los descuentos respectivos.

En el caso de los docentes, los trabajadores y trabajadoras que concurran a dictar clases normalmente podrán notificar su situación a través del sistema de botón de asistencia.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que «por una cuestión de fechas de liquidación, el descuento de los paros realizados en los últimos días de octubre se realizó sobre los salarios de noviembre, que estarán siendo abonados por el Gobierno desde mañana miércoles. En tanto, quienes hagan paro este jueves tendrán el correspondiente descuento en los sueldos de diciembre, que se cobran en enero».

Indicó en este marco que de acuerdo a los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, que alcanza todos los empleados del Poder Ejecutivo salvo el sector docente, el monto descontado en forma general supera los 111 millones de pesos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una serie de plenarios de cara al paro general de estatales del 5 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir del mediodía y ya se anticipan altos niveles de acatamiento en todo el país. Además, las asambleas continuarán durante los primeros días de la semana en todos los ministerios y organismos nacionales.

«Con el plan de lucha que los estatales definimos apenas asumió Milei, hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien encabezará una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas a partir de las 9 en la sede de la Federación Judicial Argentina (Rincón 74, CABA).

«El malestar en la Administración Pública es generalizado. Al recorte de los salarios, se le suman exámenes, supuestamente de idoneidad, pero que en realidad persiguen por finalidad estigmatizar. Se anticipa un alto acatamiento a la huelga del próximo jueves en todos los ministerios y en las provincias», agregó el dirigente. Las protestas se replicarán en todo el país con manifestaciones, asambleas, radios abiertas y cortes de ruta.

En este marco, Aguiar concluyó con que «la última paritaria fue vergonzosa y empujó a la pobreza a miles de empleados públicos. Tenemos que seguir peleando hasta lograr sacarle la lapicera a los que firman acuerdos a la baja».

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional -aceptado por UPCN- fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz.

En este marco, el sindicato exigirá durante las protestas la reincorporación inmediata de los 20.000 trabajadores despedidos de la Administración Pública Nacional, según el relevamiento propio de la entidad. También expresará el «rechazo al intento de desguace y privatización de las empresas públicas, como así también a los exámenes de idoneidad inconstitucionales ideados por el Poder Ejecutivo».

El CCCLXXXI Congreso Extraordinario de la UnTER, que sesionó este jueves (28/11) en Ingeniero Huergo, con la presencia de las 18 Seccionales de la provincia, resolvió la continuidad del plan de lucha con un paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre, con la realización de acciones regionales articuladas con la jornada federal de lucha convocada por las dos CTA.

El Congreso también definió por unanimidad pedir la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. «Es una ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no se ha hecho cargo de la responsabilidad que le compete, aun más cuando ha asistido sin propuesta salarial y sin tener en cuenta el difícil contexto socio económico que estamos atravesando como trabajadores de la educación», indicaron desde UnTER.

«También por los descuentos desmedidos realizados en relación a las licencias por salud no otorgadas arbitraria e injustamente por un sistema de auditorías médicas que no respeta la Resolución N° 233/98, y por la actitud autoritaria y caprichosa de seguir sosteniendo el quite de licencias gremiales», agregaron.

El Congreso resolvió exigir una convocatoria a paritaria que contenga una propuesta de recomposición salarial para el último trimestre, para todos los cargos del sistema educativo, y que no haya trabajadores de la educación con salarios por debajo de la línea de pobreza. «De no concretarse esta exigencia, derivará en un no inicio del ciclo lectivo 2025», aseguraron desde el gremio.