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Ahora es compatible el plan Alimentar con beneficios para trabajadores temporarios
La medida beneficiará a más de 60.000 personas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció la implementación de una medida que permite la compatibilización de la prestación Alimentar con el empleo rural temporario y estacional. La disposición, publicada hoy bajo la Resolución N° 1165/23, busca abordar la situación de las trabajadoras y trabajadores rurales que enfrentan altos niveles de informalidad laboral y bajos e irregulares ingresos salariales.
Hasta ahora, la Resolución N° 1734/2021 del Ministerio de Desarrollo Social establecía la incompatibilidad entre la prestación Alimentar y el registro de ingresos de trabajadores rurales temporarios. Sin embargo, el Ministerio ha decidido tomar medidas para revertir esta situación y fomentar el trabajo registrado en el sector rural.
Con la nueva Resolución N° 1165/23, las y los trabajadores temporarios contratados por Ley 26.727, Ley 20.744 y alcanzados por convenios de corresponsabilidad gremial podrán acceder o continuar con la prestación Alimentar, siempre y cuando los ingresos del grupo familiar no superen los límites establecidos para el otorgamiento de asignaciones familiares.
Esta medida beneficiará a una población destinataria estimada en más de 60.000 trabajadoras y trabajadores registrados en 2022, así como a aquellos que se incorporen al trabajo registrado rural temporario o estacional a partir de ahora. La decisión tiene como objetivos eliminar desincentivos al trabajo registrado, garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes, proteger los derechos laborales de las y los trabajadores rurales, y responder a las demandas de las asociaciones de productores de las economías regionales.
Con esta acción, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca promover la inclusión y brindar un apoyo integral a los trabajadores del sector rural, asegurando tanto su bienestar laboral como el de sus familias.
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ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
