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Judiciales

Condena y multa a una financiera de Roca por no brindar información y por entorpecer el proceso judicial

Deberán indemnizar con $2.200.000 a una roquense por daño moral y punitivo.

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Una financiera deberá indemnizar a una clienta por no brindarle información clara sobre las deudas que le reclamaba, producto de tres préstamos personales que había solicitado. El fallo de primera instancia, del Juzgado Civil N° 3 de Roca, fue confirmado por la Cámara Civil de Apelaciones, que además impuso sanciones a la financiera.

La Cámara le aplicó de oficio una multa del 20% de la indemnización por litigar en forma «maliciosa», dilatando el proceso y el ocultando información solicitada por el Tribunal. Además, los abogados de la empresa no cobrarán los honorarios de la apelación por haber presentado escritos sin fundamentación real. Por último, el fallo ordenó informar a la AFIP y a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia una sospecha de evasión impositiva por parte de la financiera.

La sentencia de primera instancia condenó a la empresa Finanpro SRL, conocida como Rapicuotas, por las deudas que le reclamaba a la jubilada sin brindarle detalles y sin justificar los intereses que la mujer calificó como «exorbitantes y extremadamente superiores» a los acordados.

Con ayuda de su hija y su nieto, la señora reclamó personalmente, por teléfono y por carta documento que le den la información por escrito, que le entreguen copia de los contratos firmados y que le expliquen la fórmula que usaban para calcular los intereses, pero no consiguió respuestas claras. Entonces inició una demanda civil que terminó con una condena de $2.200.000 a su favor, por daño moral y punitivo.

La empresa apeló aquel fallo pero la Cámara de Apelaciones no sólo lo confirmó, sino que además sancionó de oficio a la financiera.

Al estudiar la apelación, la Cámara detectó que faltaba documentación necesaria para poder analizar bien el caso. Entonces, como «medida para mejor proveer», le dio un plazo a la empresa para presentar información bancaria, constancias de transferencias y libros contables obligatorios. Pero la respuesta fue tan incompleta que ni siquiera permitía «acreditar la efectiva entrega del dinero» a la señora. Tampoco presentaron los libros contables de IVA, de Caja ni de Bancos. La Cámara sólo recibió «dos hojas» de «movimientos de caja» sin firmas de ninguna autoridad ni del contador de la empresa y un libro caja que «no guarda vinculación alguna con las operaciones. Del libro IVA, que de ordinario es la documentación de respaldo más fiable en estos casos, nada se dice y nada se acompaña», señaló el Tribunal.

La empresa, dijo la Cámara, tuvo «una oportunidad más de reforzar su prueba» pero en cambio «sigue ocultando información y documentación que es de presumir que tiene y permitiría esclarecer los hechos».

La falta de documentos contables, que son obligatorios para las empresas, llevó a la Cámara a sospechar de «maniobras para eludir el pago de tributos y probablemente evasión tributaria», y por eso dispuso enviar oficios a la agencia de recaudación impositiva nacional y a la provincial.

Malicia procesal

El recurso de apelación de la empresa fue declarado «desierto» por falta de fundamentación. No estamos ante un mero incumplimiento de la carga de fundamentación por el desarrollo de una argumentación insuficiente, sino frente a un acto contrario a los más elementales imperativos de conducta profesional, faltándosele el respeto a la contraria y al tribunal, con menoscabo del servicio de justicia al ocasionar un inútil dispendio», dijo la Cámara tras verificar que los escritos de la apelación eran copia de escritos de otros casos o eran repeticiones textuales de lo presentado anteriormente, sin argumentos específicos para sostener la apelación.

La Cámara aplicó de oficio a la empresa una multa «por temeridad y malicia procesal». Para eso argumentó que «se ha verificado, especialmente en todo el trámite recursivo, una conducta maliciosa y temeraria» motivada «probablemente en que el monto de la indemnización que debe pagar a la consumidora se va licuando con los días» mientras la firma obtiene «altas utilidades en el mercado financiero, con tasas que superan las que deben abonar judicialmente». A eso sumó la posibilidad «siempre latente de forzar a los justiciables, que con menores recursos y sí mayores urgencias, a que se vean obligados a abandonar sus reclamos o avenirse a acuerdos injustos, por el desgaste que la litigación produce».

Judiciales

Cuarta condena por la violenta banda que cometía robos en Roca, Allen y Cipolletti

Dos integrantes de la asociación ilícita reconocieron su participación en los delitos investigados. Un hombre de 35 años recibió 6 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que un adolescente fue declarado responsable penalmente.

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La investigación por una asociación ilícita acusada de cometer violentos robos en viviendas de General Roca, Allen y Cipolletti sumó dos nuevas resoluciones judiciales. Dos de sus integrantes reconocieron haber cometido los delitos que se les atribuían y, de esta manera, ya son cuatro las condenas dictadas por estos hechos.

Tras el pedido conjunto de la acusación y las defensas, el Tribunal Colegiado homologó una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva para un hombre de 35 años, quien además fue declarado reincidente por segunda vez. En tanto, para el otro imputado, que tenía 16 años al momento de los hechos, se resolvió declarar su responsabilidad penal y disponer que permanezca bajo el régimen del programa de Libertad Asistida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El hombre de 35 años llegó detenido a la audiencia, luego de que la Fiscalía solicitara su prisión preventiva durante la formulación de cargos realizada el 13 de noviembre de 2025. Durante el juicio abreviado reconoció haber integrado la asociación ilícita y haber participado puntualmente en cuatro hechos.

Según describió la Fiscalía, el grupo actuaba con uno o dos vehículos que habían sido robados previamente. Sus integrantes irrumpían violentamente en las viviendas elegidas, ingresando por puertas traseras luego de escalar paredones y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y las ataban con alambres o precintos.

Posteriormente, exigían dólares y preguntaban por la ubicación de las cajas fuertes para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos, aunque no teléfonos celulares. También se llevaban los DVR, equipos donde quedan almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad.

Entre las pruebas reunidas se destacó el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar esta multiplicidad de casos y coordinada por el Ministerio Público.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del servicio de emergencias 911 y de particulares, cuyo contenido fue cotejado con testimonios, pericias y datos obtenidos de los teléfonos celulares. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General, permitió establecer la ubicación de los imputados mediante el tráfico de las antenas telefónicas y determinar los distintos lugares donde ocurrieron los hechos.

También intervinieron el Gabinete de Criminalística, que realizó levantamientos de rastros, muestras odoríficas y material genético, y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que entrevistó y asistió a las personas afectadas mediante los correspondientes análisis victimológicos.

A estas tareas se sumaron las denuncias penales, las actas policiales, los croquis, las entrevistas a vecinos que habían alertado al 911 y los resultados positivos de requisas vehiculares y allanamientos.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos apareció un equipo de comunicación con características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, que tenía acceso a 12 frecuencias policiales. Las pericias determinaron que no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.

La investigación continúa con otras ocho personas vinculadas al legajo fiscal, todas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes.

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Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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