Judiciales
La Justicia otorgó un plazo de dos meses a la Cooperativa 1° de Mayo para articular el desalojo pacífico del aserradero
La sentencia de desalojo está firme desde 2019 y es jurídicamente irreversible. Deberán mudar el aserradero a otro predio.
La jueza Civil que tiene a su cargo el desalojo del predio donde opera la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo en Roca otorgó un plazo de dos meses para finalizar las gestiones necesarias para una desocupación pacífica de las tierras y el traslado del aserradero a un nuevo predio. En una resolución instó a todos los involucrados a dar cumplimiento a la medida y destacó el rol del Estado como garante de los Derechos Humanos implicados.
La sentencia de desalojo está firme desde 2019 y es jurídicamente irreversible. Sin embargo, la complejidad del caso demanda un procedimiento especial para poder ejecutar la medida sin tener que llegar a un desalojo por la fuerza pública. Es así que desde 2019 se están articulando acciones con las partes y con diversos organismos públicos.
En una resolución dictada esta semana, la titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca definió que antes del 1 de octubre se deberán finalizar varias gestiones pendientes, lo que permitiría cumplir con la sentencia firme y dar un cierre consensuado al proceso judicial. De lo contrario, el trámite deberá avanzar hacia una ejecución forzosa de la sentencia de desalojo.
La resolución asignó deberes a todas las partes involucradas, a cumplir en ese lapso:
– El Estado Provincial «de conformidad con los compromisos asumidos en la mediación comunitaria», deberá arbitrar «todos los mecanismos y medida conducentes a fin de que, en el plazo acordado, se haga efectivo el acompañamiento económico y financiero a la Cooperativa, para que -al vencimiento del plazo acordado- los trabajadores desalojen el predio sito en Alsina 2900». La jueza asignó responsabilidad «en forma personal» para el cumplimiento de este punto «a las personas a cargo de los Ministerios de Gobierno, de Seguridad y Justicia y de Desarrollo y Articulación Solidaria de de la Provincia de Río Negro y a los organismos a su cargo».
– La Cooperativa 1° de Mayo deberá arbitrar «todos los medios necesarios para efectivizar la orden de desalojo del inmueble, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial». La jueza definió que «en caso de no desocuparse el predio en el plazo acordado, se ordenarán todas las medidas conducentes para hacerlo efectivo por la fuerza pública», respetando siempre las pautas de derecho internacional de los Derechos Humanos que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
– En un plazo de 5 días la Cooperativa deberá informar concretamente sobre «los avances en los proyectos de obra para la construcción del aserradero» nuevo, que se instalará en un predio del Parque Industrial II aportado por el Municipio de Roca. El asesoramiento técnico para esa obra fue aportado por el área de Arquitectura del Ministerio de Gobierno provincial. En el mismo plazo la Cooperativa deberá presentar un inventario de los instrumentos de trabajo y otros bienes materiales que se encuentran en el aserradero y que pertenecen a la Cooperativa.
– El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tendrá un plazo de 10 días para informar sobre el financiamiento económico o cualquier tipo de ayuda que pueda otorgar a la Cooperativa «para el traslado de la maquinaria y la instalación del nuevo aserradero». Para eso, la jueza ordenó notificar directamente a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, de la cual depende el organismo.
– El demandante, quien ya cuenta con la sentencia favorable de desalojo firme y ha solicitado reiteradamente su cumplimiento, deberá informar sobre «la factibilidad de colaborar con el traslado de materiales de la Cooperativa, maquinarias y tinglado necesarios para el nuevo aserradero», teniendo en cuenta «la buena predisposición y colaboración demostrada a lo largo del proceso».
– Todas las personas e instituciones involucradas en el proceso judicial deberán informar al Juzgado, cada 15 días, «sobre el cumplimiento de las medidas e informes solicitados».
– La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro tendrá a su cargo «el seguimiento y control del cumplimiento de todo lo aquí acordado».
Fundamentos
Para fundamentar la concesión de un plazo final de dos meses, la jueza analizó los derechos «en tensión» que aparecen en el caso.
En primer lugar, dijo, «no se pueden desconocer los derechos constitucionales del actor, quien ha obtenido una sentencia firme pasada a autoridad de cosa juzgada, con protección constitucional».
Por otro lado, indicó que «la Cooperativa 1° de Mayo está conformada por un conjunto de trabajadores que tanto la Constitución Nacional como Tratados con igual jerarquía han considerado como ‘sujeto de preferente tutela’, enfatizándose las obligaciones estatales y el deber de proveer recursos para garantizar derechos a esos colectivos históricamente desaventajados».
Luego valoró el «fuerte compromiso con el cooperativismo» que surge de leyes provinciales «reconociendo su función económica y social, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación».
«Expuestos los derechos que se encuentran en tensión en este proceso, resta definir cómo se implementará el desalojo del predio que ocupa la Cooperativa. La respuesta a tal dilema debe realizarse a la luz de los valores de nuestra sociedad democrática, con un fuerte compromiso con la diversidad, el pluralismo, la tolerancia y el rechazo a la violencia», explicó.
Así, la jueza asignó un plazo final para poder articular el desalojo pacífico y destacó que el uso de la fuerza pública es el último recurso del ordenamiento jurídico.
Judiciales
Su mejor amiga de la secundaria resultó ser su hermana
Años después, una prueba de ADN confirmó que compartían el mismo padre.
Durante la secundaria, formó una estrecha amistad con una compañera de clase, con quien compartió momentos únicos y creó un vínculo especial. Sin saberlo, aquella joven resultó ser su hermana, ya que compartían el mismo padre. Esa relación la llevó a frecuentar la casa de su progenitor, aunque nunca se mencionó la verdad que las unía. Años después, una prueba de ADN confirmó el lazo familiar. Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti ordenó la filiación.
La atmósfera de esas visitas a la casa de su padre siempre fue cordial, pero nunca surgió mención alguna a la verdad que las unía. Ni una mirada distinta ni una palabra reveladora.
Fue solo años después, tras la confirmación de una prueba de ADN, que todo encajó. La revelación de que su mejor amiga de la adolescencia era su hermana tuvo un impacto profundo en la vida del adolescente.
Aquella amistad que siempre había sentido como especial tenía ahora una explicación irrefutable: eran familia, aunque el silencio y las circunstancias les hubieran negado ese reconocimiento por tanto tiempo.
Juicio y multa
Durante el proceso judicial, el progenitor expresó que desconocía la existencia de un hijo y afirmó que la prueba de ADN, aunque positiva, no le resultaba fiable. En tanto, el Laboratorio de Genética Forense ratificó el resultado obtenido previamente: confirmó una probabilidad de vínculo superior al 99,99%.
La jueza de Familia de Cipolletti hizo lugar a la filiación y le ordenó al Registro Civil adicionar al nombre del joven el apellido de su progenitor biológico.
La jueza invocó el artículo 62 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de las personas a llevar el nombre y apellido que les corresponde según su filiación. También se basó en el artículo 64 del mismo código, que regula el uso del apellido en casos de filiación extramatrimonial.
El fallo consideró que, al no haber realizado el reconocimiento dentro del plazo dispuesto, correspondía aplicar una multa según lo establecido por el Código Procesal de Familia.
Esta norma establece que, ante un resultado positivo en la pericia genética, el progenitor debe realizar el reconocimiento en un plazo determinado. En caso de incumplimiento, se autoriza la imposición de una multa a favor del actor.
En este caso, aunque el hombre demandado participó en la prueba de ADN, su negativa a reconocer la filiación fue interpretada como una actitud dilatoria. Esto justificó no solo la aplicación de la multa, sino también la inscripción forzosa del apellido paterno en el Registro Civil.
Judiciales
Condenaron a Martín Guiñez por asesinar a su padre y la pareja
El hecho ocurrió el año pasado en Stefenelli, en el domicilio de la víctima fatal.
Esta mañana (20/11), la Fiscalía repasó el abultado sustento probatorio que en estos meses de investigación logró reunir y que permitió concretar, con la conformidad de la familia de una de las víctimas fatales, un acuerdo de procedimiento abreviado parcial con Martín Guiñez, acusado de asesinar a su padre Raúl Guiñez, y a la pareja Agostina Ivana Ríos.
De esta manera, el imputado, de 30 años, reconoció ser el autor de «homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego mediando circunstancias extraordinarias de atenuación en perjuicio de Raúl Guiñez; homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Agostina Ivana Ríos; portación de arma de fuego agravada por ser calificada como de guerra sin la debida autorización legal y teniendo antecedentes penales; robo simple; todo en concurso real».
Los hechos que fueron aceptados por Guiñez sucedieron «el 30 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en Carlos Gardel al 600, cuando el imputado portando un arma calibre 9 mm, ingresó con intensión de matar a su padre, que se encontraba con Agostina», detalló la Fiscalía.
«Efectuó al menos 3 disparos contra su padre, ocasionándole la muerte, y luego procedió a arremeter de la misma manera contra la joven, provocando con su accionar su deceso», describió el equipo fiscal.
Luego de ello, «el imputado se dirigió a otro domicilio donde le exigió a un hombre la entrega de un vehículo. En ese Renault Megane huyó hasta Plottier y de allí hasta Buenos Aires, lugar donde fue aprehendido«, explicó el Ministerio Público Fiscal.
Los representantes de la Fiscalía detallaron la evidencia, y explicaron que el acuerdo con la defensa particular, y contando con el aval de la mamá y el papá de Agostina Ivana Ríos, es de tipo parcial, es decir que la pena se deberá discutir en otra audiencia, la de cesura.
De esta manera, el Tribunal Colegiado interviniente hoy, tras realizar un cuarto intermedio, resolvió declarar culpable al hombre que reconoció los hechos, estuvo de acuerdo con la calificación legal propuesta y aceptó la prueba que pesa en su contra.
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Caso House Vial: El Sindicato de Trabajadores Viales debe pagarle el valor actualizado del terreno
Ya fueron condenados a más de 10 años de prisión los acusados de 586 hechos de estafa, Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu.
Una ola de estafas con promesas de viviendas afectó a cientos de personas en la provincia entre los años 2006 y 2008. La misma se conoció como el caso House Vial. Hubo víctimas, principalmente, en Roca y en Villa Regina. Por aquellos hechos, después de complejos procesos en el fuero penal, Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu fueron condenados a más de 10 años de prisión efectiva por la gran acumulación de expedientes. Uno de ellos era el presidente del Sindicato de Trabajadores Viales (Sansuerro), entidad que promocionó la venta y construcción de las casas.
Un reciente fallo de la Cámara Civil de Roca confirmó una sentencia de primera instancia que condenó al Sindicato a devolver a una mujer de Villa Regina el valor del terreno que compró en 2006 y que jamás le entregaron. La condena incluye los intereses moratorios y la actualización del precio del lote por la inflación.
La señora había cancelado con $9.000 de contado el valor de su terreno. El contrato decía que en 36 meses, vía convenio con IPPV, el gremio le iba a construir la casa. De no cumplirse ese plazo, una cláusula comprometía al sindicato a entregar el terreno con escritura a la compradora para que ella sea libre de disponer de él.
El plazo venció, la casa no se hizo y tampoco le devolvieron el lote a la mujer. Para ese entonces, su reclamo por la vía civil quedó condicionado a lo que se definiera en la causa penal, por lo que el juicio por la recuperación de su terreno debió quedar en suspenso. Finalmente en 2016 quedó firme la condena penal contra el presidente del Sindicato por las 102 víctimas de Villa Regina, entre las cuales estaba la señora.
En 2011 el IPPV asumió la construcción de las casas y finalmente en 2015 las terminó y las adjudicó. Pero mientras se levantaban las construcciones, la mujer se casó con un hombre que ya era propietario de un terreno. Por tener esa propiedad, al momento de las adjudicaciones ella ya no «calificaba» para vivienda única y no fue beneficiaria.
Contrato incumplido
Agotadas todas las intimaciones previas y una mediación fallida, la mujer inició una demanda contra el Sindicato de Trabajadores Viales. Le reclamó «el valor del terreno que en su momento adquirió, con más intereses y costas».
En su defensa, el sindicato, con nuevas autoridades, negó cualquier responsabilidad por los hechos delictivos cometidos por el presidente anterior y desconoció la existencia de cualquier tipo de contrato con la mujer. Luego reconoció que el contrato existía pero alegó cuestiones formales para negar validez al reclamo de la señora.
El fallo Civil de primera instancia de Villa Regina condenó al sindicato y ahora la Cámara de Apelaciones de Roca confirmó la decisión. El Tribunal de Apelación rechazó cada uno de los agravios con los que se defendió el sindicato y confirmó la indemnización, actualizada por inflación y con la acumulación de intereses moratorios.
