Judiciales
La Justicia otorgó un plazo de dos meses a la Cooperativa 1° de Mayo para articular el desalojo pacífico del aserradero
La sentencia de desalojo está firme desde 2019 y es jurídicamente irreversible. Deberán mudar el aserradero a otro predio.

La jueza Civil que tiene a su cargo el desalojo del predio donde opera la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo en Roca otorgó un plazo de dos meses para finalizar las gestiones necesarias para una desocupación pacífica de las tierras y el traslado del aserradero a un nuevo predio. En una resolución instó a todos los involucrados a dar cumplimiento a la medida y destacó el rol del Estado como garante de los Derechos Humanos implicados.
La sentencia de desalojo está firme desde 2019 y es jurídicamente irreversible. Sin embargo, la complejidad del caso demanda un procedimiento especial para poder ejecutar la medida sin tener que llegar a un desalojo por la fuerza pública. Es así que desde 2019 se están articulando acciones con las partes y con diversos organismos públicos.
En una resolución dictada esta semana, la titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca definió que antes del 1 de octubre se deberán finalizar varias gestiones pendientes, lo que permitiría cumplir con la sentencia firme y dar un cierre consensuado al proceso judicial. De lo contrario, el trámite deberá avanzar hacia una ejecución forzosa de la sentencia de desalojo.
La resolución asignó deberes a todas las partes involucradas, a cumplir en ese lapso:
– El Estado Provincial «de conformidad con los compromisos asumidos en la mediación comunitaria», deberá arbitrar «todos los mecanismos y medida conducentes a fin de que, en el plazo acordado, se haga efectivo el acompañamiento económico y financiero a la Cooperativa, para que -al vencimiento del plazo acordado- los trabajadores desalojen el predio sito en Alsina 2900». La jueza asignó responsabilidad «en forma personal» para el cumplimiento de este punto «a las personas a cargo de los Ministerios de Gobierno, de Seguridad y Justicia y de Desarrollo y Articulación Solidaria de de la Provincia de Río Negro y a los organismos a su cargo».
– La Cooperativa 1° de Mayo deberá arbitrar «todos los medios necesarios para efectivizar la orden de desalojo del inmueble, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial». La jueza definió que «en caso de no desocuparse el predio en el plazo acordado, se ordenarán todas las medidas conducentes para hacerlo efectivo por la fuerza pública», respetando siempre las pautas de derecho internacional de los Derechos Humanos que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
– En un plazo de 5 días la Cooperativa deberá informar concretamente sobre «los avances en los proyectos de obra para la construcción del aserradero» nuevo, que se instalará en un predio del Parque Industrial II aportado por el Municipio de Roca. El asesoramiento técnico para esa obra fue aportado por el área de Arquitectura del Ministerio de Gobierno provincial. En el mismo plazo la Cooperativa deberá presentar un inventario de los instrumentos de trabajo y otros bienes materiales que se encuentran en el aserradero y que pertenecen a la Cooperativa.
– El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tendrá un plazo de 10 días para informar sobre el financiamiento económico o cualquier tipo de ayuda que pueda otorgar a la Cooperativa «para el traslado de la maquinaria y la instalación del nuevo aserradero». Para eso, la jueza ordenó notificar directamente a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, de la cual depende el organismo.
– El demandante, quien ya cuenta con la sentencia favorable de desalojo firme y ha solicitado reiteradamente su cumplimiento, deberá informar sobre «la factibilidad de colaborar con el traslado de materiales de la Cooperativa, maquinarias y tinglado necesarios para el nuevo aserradero», teniendo en cuenta «la buena predisposición y colaboración demostrada a lo largo del proceso».
– Todas las personas e instituciones involucradas en el proceso judicial deberán informar al Juzgado, cada 15 días, «sobre el cumplimiento de las medidas e informes solicitados».
– La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro tendrá a su cargo «el seguimiento y control del cumplimiento de todo lo aquí acordado».
Fundamentos
Para fundamentar la concesión de un plazo final de dos meses, la jueza analizó los derechos «en tensión» que aparecen en el caso.
En primer lugar, dijo, «no se pueden desconocer los derechos constitucionales del actor, quien ha obtenido una sentencia firme pasada a autoridad de cosa juzgada, con protección constitucional».
Por otro lado, indicó que «la Cooperativa 1° de Mayo está conformada por un conjunto de trabajadores que tanto la Constitución Nacional como Tratados con igual jerarquía han considerado como ‘sujeto de preferente tutela’, enfatizándose las obligaciones estatales y el deber de proveer recursos para garantizar derechos a esos colectivos históricamente desaventajados».
Luego valoró el «fuerte compromiso con el cooperativismo» que surge de leyes provinciales «reconociendo su función económica y social, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación».
«Expuestos los derechos que se encuentran en tensión en este proceso, resta definir cómo se implementará el desalojo del predio que ocupa la Cooperativa. La respuesta a tal dilema debe realizarse a la luz de los valores de nuestra sociedad democrática, con un fuerte compromiso con la diversidad, el pluralismo, la tolerancia y el rechazo a la violencia», explicó.
Así, la jueza asignó un plazo final para poder articular el desalojo pacífico y destacó que el uso de la fuerza pública es el último recurso del ordenamiento jurídico.
Judiciales
Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto
Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.
El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.
Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.
El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.
El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.
Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.
La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.
A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.
Judiciales
Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025
Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.
En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.
La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.
Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.
También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.
En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.
La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.
La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.
La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.
Judiciales
Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria
La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.
Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.
Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.
El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.
Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.
La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.
Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.









