Un operativo de Toxicomanía y Sección Canes realizado sobre la Ruta Nacional N° 22 a la altura de Cervantes permitió el hallazgo de más de un kilo de droga lista para la comercialización. El procedimiento culminó con la detención de dos personas y el secuestro de un vehículo, celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

En primer lugar, el control vehicular se desarrolló durante la madrugada, con participación de personal de Toxicomanía, Seguridad Vial y perros detectores de estupefacientes. A las 2 de la mañana, un Ford Focus blanco que circulaba desde Villa Regina hacia el oeste, con destino aún no precisado, fue interceptado. En su interior viajaban una mujer de 31 años y un joven de 22.

Fue entonces cuando el perro Máximo, especialmente entrenado para detectar estupefacientes, marcó la puerta del conductor. Esa señal resultó clave: se dispuso la requisa inmediata del rodado, que permitió confirmar la sospecha.

Durante la inspección se encontraron dos envoltorios con cocaína, uno de 151 gramos y otro más pequeño con restos de la misma sustancia, y tres paquetes de marihuana con pesos de 375, 209 y 203 gramos respectivamente. En total, se incautaron más de 938 gramos de cannabis y 152 gramos de cocaína.

Además, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos que evidencian la preparación para la comercialización.

La Fiscalía Federal a cargo de Matías Zanona ordenó la detención de los ocupantes bajo la Ley 23.737 de estupefacientes, y quedaron alojados en la Comisaría 22º de Cervantes.

El operativo contó con la participación coordinada de la División Toxicomanías Alto Valle Este, la Sección Canes de Allen y el Cuerpo de Seguridad Vial. La acción conjunta demostró la eficacia del trabajo policial y el rol fundamental de los canes en la lucha contra el narcotráfico.

Una mujer de 29 años fue detenida este sábado (30/05) en General Roca luego de ser acusada de intentar sustraer una bebida alcohólica de un comercio ubicado en la intersección de las calles Panamá y Paraná.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría 31°, cuyos efectivos advirtieron movimientos sospechosos en el local mientras se encontraban en la unidad policial, por lo que decidieron acercarse al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados fueron informados de que la mujer había intentado llevarse una bebida alcohólica sin abonarla. Según se pudo establecer, antes de la llegada de los policías entregó el producto a un hombre que la acompañaba, quien se retiró del lugar.

La propietaria del comercio realizó la denuncia correspondiente, mientras que las empleadas que presenciaron el episodio también brindaron su testimonio ante los efectivos.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía de turno dispuso la imputación de la mujer por el delito de tentativa de hurto y ordenó la continuidad de las actuaciones judiciales.

El Superior Tribunal de Justicia revocó una sentencia de primera instancia y, sin reenviar el expediente, hizo lugar a un amparo para que el Ministerio de Salud entregue el material solicitado para una cirugía reconstructiva en Roca.

El caso trataba sobre la provisión de injertos de piel porcina para una paciente con una herida grave en una pierna. El pedido médico inicial había sido realizado con carácter «urgente» y luego reiterado ante la persistencia de las úlceras.

La sentencia de primera instancia había rechazado el amparo. Para resolver de ese modo, consideró que no estaban acreditados los requisitos exigidos para la procedencia de la acción, en especial la urgencia y el peligro de imposible reparación ulterior. Se basó en un fallo anterior del Superior Tribunal. Sin embargo, el STJ señaló que el precedente utilizado por la primera instancia «no es aplicable por sus diferencias sustanciales con el caso en examen».

En ese punto, el fallo remarcó que en aquel antecedente se habían acreditado gestiones administrativas concretas. Según la sentencia, en esa oportunidad el Ministerio había brindado información «acerca de las gestiones realizadas tendientes a la adquisición de la prótesis y demás insumos» y se habían respaldado «los sucesivos llamados a contratación que resultaron desiertos por falta de oferentes».

En cambio, en este expediente, el STJ afirmó que «solo consta un pedido de cotización con fecha de apertura en enero de 2026, es decir, transcurrido un año desde la solicitud inicial». También indicó que «tampoco se expresaron motivos para justificar la demora incurrida ni se adjuntó documental que demuestre la adopción de medidas dirigidas a la obtención de las prótesis objeto de amparo».

El máximo Tribunal tuvo en cuenta que el formulario de solicitud de prótesis, firmado por el especialista, la auditoría médica y la dirección hospitalaria, consignaba «expresamente el carácter urgente del requerimiento de material para la cirugía de reconstrucción», sin que se hubiera concretado la provisión.

La sentencia también señaló que la existencia del expediente administrativo «corrobora que si bien se desplegó una actividad administrativa en procura de dar solución a la problemática planteada, aquella no resultó conciliable con la urgencia determinada por el especialista tratante y la auditoría médica».

Para el STJ, en este caso estaba acreditada la urgencia. La paciente presentaba una «herida grave de miembro inferior izquierdo con falta de cobertura cutánea» y que requería cirugía «a la brevedad posible», según los informes médicos.

Por esas razones, resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar directamente a la acción de amparo, evitando su reenvío.