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Le cobraron consumos que no hizo y tuvo que sacar un préstamo para pagar: Condenan al banco

El hombre sacó un crédito porque le habían debitado más de la mitad del sueldo.

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A un hombre de Viedma el banco le descontó más de la mitad del sueldo por consumos que no realizó. A pesar de sus reclamos, tuvo que sacar un préstamo para poder afrontar los gastos. La tarjeta le dio la razón, pero el banco siguió adelante y ahora deberá indemnizarlo por los daños sufridos.

Todo comenzó cuando al cliente le llegó el resumen de la tarjeta con 12 gastos que no había hecho. Además, figuraban adhesiones a débitos automáticos. Inmediatamente llamó a Visa, donde le reconocieron que los consumos no habían sido realizados por el usuario, le dieron de baja el plástico y le enviaron uno nuevo.

Entre los consumos figuraban débitos automáticos a varios meses. La tarjeta le informó que el ‘stop debit’ debía tramitarlo de forma directa con el Banco Hipotecario, por ser la entidad financiera que manejaba dichas operaciones.

Buscó en internet y allí encontró un teléfono 0810. Realizó 8 llamadas. En una de ellas se le informó que el trámite debía concretarse por homebanking, cuestión que intentó numerosas veces sin éxito.

A pesar de los reiterados reclamos, se le volvió a cobrar el débito automático. Aún cuando la tarjeta ya le había dado la razón, el banco le descontó la totalidad del monto de los consumos impugnados.

Como esos gastos no realizados implicaban más de la mitad de su sueldo, debió sacar un préstamo en el mismo banco, en 12 cuotas y con una alta tasa de interés.

En la práctica, según la denuncia, el banco «además de no accionar a los fines de defenderlo de ese cobro extra, le cobra una tasa de interés anual para otorgarle un préstamo, a los fines de cubrir su propia ineptitud».

Expresó que la tarjeta «reaccionó de forma positiva, atenta y rápida, otorgando todas las soluciones que podía en el momento, quedando únicamente a solucionar frenar el débito automático de la tarjeta de crédito, tarea encomendada al Banco Hipotecario».

Por su parte, la entidad crediticia afirmó que «posee un sistema sencillo que puede gestionar el propio cliente desde Home Banking o Banca Móvil con la opción detener débito automático, en el menú de tarjeta de Crédito». También «tiene la opción de comunicarse al Centro de Atención al Cliente, al 0810-222-7777, de lunes a viernes de 8 a 20 hs».

En el expediente intervino el área de Informática Forense del Poder Judicial. Utilizando un dispositivo móvil se accedió sitio web del banco y utilizando la funcionalidad provista en el dispositivo se realizó grabación de la pantalla. Concluyó que «accediendo al home banking vía navegador web no es posible realizar ‘stop debit’ de las tarjetas de crédito».

Tras analizar la prueba, el juez civil de Viedma tuvo por acreditado que el usuario «se comportó diligentemente respecto de la cuestión acaecida con su tarjeta de crédito, al formular el reclamo no solo ante Prisma sino también ante la demandada».

Concluyó que «se le debitó un saldo de consumos cuestionados con resultado favorable por parte de Prisma». Se trató de un «descuento sin causa».

Acreditado el incumplimiento, el juez analizó si el crédito que tomó el cliente fue para saldar esa deuda. Tras analizar la documentación, concluyó afirmativamente. El hombre sacó el préstamo porque le habían debitado más de la mitad del sueldo.

De esta manera, condenó al Banco Hipotecario por un triple daño: moral, punitivo y emergente. Por cada rubro corresponde una indemnización.

Judiciales

Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

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Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.

La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.

Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.

El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.

Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.

La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.

Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.

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