Gremios
El ministro Nuñez asegura que «las liquidaciones siguieron los parámetros acordados»
El titular de Educación salió a aclarar en detalle sobre el pago de bono a docentes luego de acusaciones que indicaban que no se abonó de forma completa a algunos trabajadores.
En declaraciones a la radio FM VyP de Viedma, el ministro de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Pablo Nuñez, explicó que las liquidaciones realizadas en el bono a los docentes «siguieron los parámetros acordados, en función de la proporcionalidad tomada desde el cargo testigo, que es el maestro de grado con 0% de antigüedad».
En este sentido indicó que «se pagó según lo establecido en la paritaria, un bono de $60.000, en dos pagos de $30.000, por planilla complementaria». Asimismo, explicó que la primera cuota de este bono «se pagó tomando la relación que históricamente se toma cada vez que se discuten en términos paritarios en Educación, una suma fija o un bono con distintas denominaciones según el sector docente».
«El escalafón docente, los distintos cargos, tienen distinta dedicación horaria, distinta asignación de puntaje, por lo tanto, siempre se trata de mantener una proporcionalidad con el cargo testigo que es el de maestro de grado con 0% de antigüedad», agregó.
Y manifestó que «en las discusiones nacionales como en la provincia el cargo de referencia sobre el cual se hace la propuesta, estimación y análisis es el maestro de grado con 0% de antigüedad. En términos de puntaje es lo que define si el salario llega a los 3000 puntos, hay cargos por encima de 3000 y otros por debajo. Un docente con dos horas cátedras o cuatro en una asignatura de la educación secundaria técnica o de la modalidad adultos/as tienen una cantidad de puntaje menor que un maestro de grado y ahí se establece una proporcionalidad».
«Esto es parte de las discusiones en la paritaria y parte de lo que se acordó, siempre que hay una suma fija se establece una proporcionalidad», indicó.
En este sentido, aseveró que «en ocasiones la discusión se plantea en relación a si es por agente o cargo, y uno se puede encontrar en la situación de una docente que tiene dos cargos de maestro de grado, dos de preceptor o 36 horas cátedras y entonces se toma como un segundo cargo. Y ahí es donde está la discusión, si la asignación es por agente, por DNI, CBU, CUIL o por su puesto de trabajo. En este caso es por agente y si este agente tiene dos cargos se liquida uno, siempre se mantiene la proporcionalidad porque en el ámbito de discusión el perfil de trabajo sobre el cual se hacen las propuestas y se discute es el cargo testigo (maestro de grado con 0% de antigüedad)».
Asimismo, aclaró que, «en el universo de los 23.000 docentes de todo el territorio provincial, de las 15 unidades de gestión en las que se liquida el salario docente si hubo alguna imprecisión se corrige y es parte de los reclamos administrativos que se pueden realizar».
«Pero en términos generales las liquidaciones siguieron los parámetros acorados en paritaria», finalizó.
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
