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El ministro Nuñez asegura que «las liquidaciones siguieron los parámetros acordados»
El titular de Educación salió a aclarar en detalle sobre el pago de bono a docentes luego de acusaciones que indicaban que no se abonó de forma completa a algunos trabajadores.
En declaraciones a la radio FM VyP de Viedma, el ministro de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Pablo Nuñez, explicó que las liquidaciones realizadas en el bono a los docentes «siguieron los parámetros acordados, en función de la proporcionalidad tomada desde el cargo testigo, que es el maestro de grado con 0% de antigüedad».
En este sentido indicó que «se pagó según lo establecido en la paritaria, un bono de $60.000, en dos pagos de $30.000, por planilla complementaria». Asimismo, explicó que la primera cuota de este bono «se pagó tomando la relación que históricamente se toma cada vez que se discuten en términos paritarios en Educación, una suma fija o un bono con distintas denominaciones según el sector docente».
«El escalafón docente, los distintos cargos, tienen distinta dedicación horaria, distinta asignación de puntaje, por lo tanto, siempre se trata de mantener una proporcionalidad con el cargo testigo que es el de maestro de grado con 0% de antigüedad», agregó.
Y manifestó que «en las discusiones nacionales como en la provincia el cargo de referencia sobre el cual se hace la propuesta, estimación y análisis es el maestro de grado con 0% de antigüedad. En términos de puntaje es lo que define si el salario llega a los 3000 puntos, hay cargos por encima de 3000 y otros por debajo. Un docente con dos horas cátedras o cuatro en una asignatura de la educación secundaria técnica o de la modalidad adultos/as tienen una cantidad de puntaje menor que un maestro de grado y ahí se establece una proporcionalidad».
«Esto es parte de las discusiones en la paritaria y parte de lo que se acordó, siempre que hay una suma fija se establece una proporcionalidad», indicó.
En este sentido, aseveró que «en ocasiones la discusión se plantea en relación a si es por agente o cargo, y uno se puede encontrar en la situación de una docente que tiene dos cargos de maestro de grado, dos de preceptor o 36 horas cátedras y entonces se toma como un segundo cargo. Y ahí es donde está la discusión, si la asignación es por agente, por DNI, CBU, CUIL o por su puesto de trabajo. En este caso es por agente y si este agente tiene dos cargos se liquida uno, siempre se mantiene la proporcionalidad porque en el ámbito de discusión el perfil de trabajo sobre el cual se hacen las propuestas y se discute es el cargo testigo (maestro de grado con 0% de antigüedad)».
Asimismo, aclaró que, «en el universo de los 23.000 docentes de todo el territorio provincial, de las 15 unidades de gestión en las que se liquida el salario docente si hubo alguna imprecisión se corrige y es parte de los reclamos administrativos que se pueden realizar».
«Pero en términos generales las liquidaciones siguieron los parámetros acorados en paritaria», finalizó.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
