Judiciales
El perro estaba encerrado pero pasó sobre la reja y mordió a un adolescente
Tras una denuncia, el dueño del can aceptó la responsabilidad y pagó los gastos médicos.
Un perro de gran tamaño sacó su cabeza por encima del cerco de la casa de su dueño y mordió a un adolescente que justo pasaba por la vereda. El chico sufrió una herida profunda de tres centímetros de largo en el brazo izquierdo y tuvo que recibir asistencia médica, primero en el Centro de Atención Primaria de Salud de General Enrique Godoy y luego en el Hospital de Villa Regina.
El episodio derivó en una denuncia que realizó la madre del chico en la Subcomisaría de Godoy y así el caso llegó al Juzgado de Paz, donde se realizó un rápido juicio contravencional. A pesar de su primera negativa, finalmente el dueño del perro aceptó su responsabilidad por los daños causados. La sentencia del Juez de Paz plasmó el acuerdo de partes y el hombre pagó los gastos médicos.
El nuevo Código Contravencional de Río Negro dice en el artículo 43 que corresponde sancionar a «la persona dueña y/o encargada de la custodia de animales que ocasionen daño a la integridad física de las personas, y que no hubiesen adoptado las medidas de precaución necesarias para evitar causar perjuicios». El mismo artículo aclara que no se necesita la intención de causar daño por parte del contraventor, sino que su responsabilidad nace incluso en situaciones de descuido o negligencia, algo que en la ley se define como «comisión culposa de la falta».
En la denuncia que radicó la mujer, indicó que su hijo iba caminando con un amigo por la vereda cuando el perro pasó su cabeza sobre las rejas bajas que delimitan el terreno del hombre y mordió al chico en el brazo. El amigo lo ayudó a soltarse y enseguida llamaron al dueño del animal. Pero según la presentación, el hombre «no les dio mucha importancia».
Los chicos caminaron hasta la casa del amigo, donde la mamá advirtió la gravedad de la herida y llevó al adolescente a la salita de primeros auxilios. Desde allí lo derivaron al Hospital de Villa Regina, donde le indicaron antibióticos y especiales cuidados para la herida, ante la imposibilidad de aplicarle puntos de sutura en ese momento.
Según el expediente contravencional, la madre fue a reclamar al dueño del perro y le pidió colaboración para los medicamentos. El hombre, en un primer momento, negó tener responsabilidad afirmando que el perro estaba «adentro» de su propiedad.
El juez de Paz, al definir la sanción, precisó que «la ocurrencia del daño, por sí misma, evidencia que el animal ha estado insuficientemente vigilado. La obligación de custodiar y guardar los animales es una obligación legal de resultado. La culpa en la guarda queda evidenciada por el mero hecho de la existencia del daño», agregó.
Durante los ocho días corridos que pasaron entre la denuncia y la sentencia contravencional, el hombre, por propia decisión, hizo modificaciones en su vivienda para que el perro no pueda volver a trasponer la reja. Luego, en la audiencia presencial en el Juzgado de Paz, aceptó la responsabilidad y se comprometió a pagar los gastos médicos y de movilidad que había costeado la familia del chico.
El pago se hizo una semana después, en el mismo Juzgado de Paz, donde quedó certificada la entrega del dinero por parte del contraventor y la recepción por parte de la denunciante.
Judiciales
La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
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Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.
La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
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Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
