Río Negro
Peligra la atención oftalmológica para afiliados al IPROSS
La Asociación que nuclea a los oftalmólogos rionegrinos denuncia atrasos en los pagos y falta de actualización en los valores.
La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN) dio a conocer la crítica situación que atraviesa la atención medica para afiliados a IPROSS en toda la provincia, debido a «los atrasos significativos en los plazos de pago que la obra social continúa manteniendo a 90 días o más, la no actualización de valores de las prestaciones médicas y por último, los débitos injustificados en la facturación que se aplican desde septiembre del año pasado».
«La crisis se profundiza en un contexto donde la escalada inflacionaria impacta directo en la provisión de insumos con los que diariamente trabajan los profesionales», agregaron desde AORN.
«Los pagos de las prestaciones que realiza IPROSS se establecen a 90 días o más, con lo cual resulta insostenible mantener y tolerar estos plazos en la coyuntura actual que atraviesa el país. A ello se suma el hecho de que el valor de las prácticas no ha sido actualizado, lo que provoca un desafío diario poder afrontar el ejercicio de la actividad, teniendo en cuenta que en oftalmología la totalidad de los insumos son importados, ya sea descartables, medicamentos, prótesis, y la compra y mantenimiento de los aparatos que se utilizan para desarrollar la profesión y brindar atención de calidad», añadieron desde la Asociación.
«Si bien, desde la AORN se ha solicitado una actualización del orden del 25%, aún así los valores se mantienen congelados», indicaron.
«A todo lo expuesto se agrega el acto injustificado que IPROSS ejecuta al retener un porcentaje de la facturación que corresponde abonar a los y las profesionales. El débito del 5% corresponde a un procedimiento administrativo que fija la obra social para corroborar que la factura emitida se corresponda con la prestación brindada. Ese monto una vez auditado debe ser devuelto a los prestadores de la especialidad, junto con el pago correspondiente a los servicios. Sin embargo, pese a los reclamos realizados aún no se han devuelto las retenciones efectuadas desde septiembre del año pasado a marzo de este año, que suman casi $17.000.000, así como tampoco se ha dado respuesta sobre las causas que originan el retraso de dichas devoluciones, incurriendo en una falta grave», explicaron desde la Asociación de Oftalmólogos.
«Es por ello que la extensión en los plazos de pago de las prácticas, las retenciones injustificadas en la facturación mensual de los y las profesionales y el congelamiento de los honorarios en un contexto inflacionario, no hacen más que desanimar los esfuerzos que los y las profesionales realizan para mantener la atención médica y pone en riesgo la cobertura oftalmológica para los miles de afiliados y afiliadas que IPROSS posee en la provincia», concluyeron.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».
Policiales
Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y entrega indumentaria a Policía
Demandó una inversión de casi $350.000.000.
El Gobierno de Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) destinados al personal de la Policía provincial, con una inversión de $349.800.000. La compra permitirá equipar a nuevos aspirantes y avanzar con el proceso de actualización del material de protección de la fuerza.
En paralelo, la Provincia comenzará en los próximos días con la entrega de nueva indumentaria para todo el personal policial, adquirida mediante licitación pública con una inversión superior a los $2.100 millones, llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de continuar fortaleciendo a la Policía de Río Negro con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo acordes a la tarea que desarrollan diariamente. «Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia», expresó el mandatario.
La indumentaria fue adquirida mediante licitación pública, con una inversión de $2.101 millones, y forma parte del plan de actualización y renovación del equipamiento policial.
La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de camisas administrativas, pantalones, chaquetillas sociales, camperas, calzado, chombas operativas y prendas específicas para distintas áreas de la fuerza.
Entre los principales elementos adquiridos se destacan:
- 6.300 camisas celestes de manga larga
- 2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas
- 2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos
- 9.000 tricotas de lana
- 5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas
- 400 pares de borceguíes tácticos
- 400 pares de zapatillas deportivas
- 400 camperas oficiales
- Camperas Goretex y chaquetas tácticas
- Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales
Asimismo, el Gobierno Provincial avanzó con la compra de neumáticos para la totalidad de la flota del sistema de seguridad, que incluye a la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y Protección Civil.
