Río Negro
Peligra la atención oftalmológica para afiliados al IPROSS
La Asociación que nuclea a los oftalmólogos rionegrinos denuncia atrasos en los pagos y falta de actualización en los valores.
La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN) dio a conocer la crítica situación que atraviesa la atención medica para afiliados a IPROSS en toda la provincia, debido a «los atrasos significativos en los plazos de pago que la obra social continúa manteniendo a 90 días o más, la no actualización de valores de las prestaciones médicas y por último, los débitos injustificados en la facturación que se aplican desde septiembre del año pasado».
«La crisis se profundiza en un contexto donde la escalada inflacionaria impacta directo en la provisión de insumos con los que diariamente trabajan los profesionales», agregaron desde AORN.
«Los pagos de las prestaciones que realiza IPROSS se establecen a 90 días o más, con lo cual resulta insostenible mantener y tolerar estos plazos en la coyuntura actual que atraviesa el país. A ello se suma el hecho de que el valor de las prácticas no ha sido actualizado, lo que provoca un desafío diario poder afrontar el ejercicio de la actividad, teniendo en cuenta que en oftalmología la totalidad de los insumos son importados, ya sea descartables, medicamentos, prótesis, y la compra y mantenimiento de los aparatos que se utilizan para desarrollar la profesión y brindar atención de calidad», añadieron desde la Asociación.
«Si bien, desde la AORN se ha solicitado una actualización del orden del 25%, aún así los valores se mantienen congelados», indicaron.
«A todo lo expuesto se agrega el acto injustificado que IPROSS ejecuta al retener un porcentaje de la facturación que corresponde abonar a los y las profesionales. El débito del 5% corresponde a un procedimiento administrativo que fija la obra social para corroborar que la factura emitida se corresponda con la prestación brindada. Ese monto una vez auditado debe ser devuelto a los prestadores de la especialidad, junto con el pago correspondiente a los servicios. Sin embargo, pese a los reclamos realizados aún no se han devuelto las retenciones efectuadas desde septiembre del año pasado a marzo de este año, que suman casi $17.000.000, así como tampoco se ha dado respuesta sobre las causas que originan el retraso de dichas devoluciones, incurriendo en una falta grave», explicaron desde la Asociación de Oftalmólogos.
«Es por ello que la extensión en los plazos de pago de las prácticas, las retenciones injustificadas en la facturación mensual de los y las profesionales y el congelamiento de los honorarios en un contexto inflacionario, no hacen más que desanimar los esfuerzos que los y las profesionales realizan para mantener la atención médica y pone en riesgo la cobertura oftalmológica para los miles de afiliados y afiliadas que IPROSS posee en la provincia», concluyeron.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
