Judiciales
Le retuvieron el Iphone más de un año y tendrán que pagarle $80.000 de multa
La justicia determinó que nunca le informaron con claridad los trabajos que debían realizar al equipo y por eso deben indemnizarla.

Un taller de reparación de celulares deberá indemnizar a la dueña de un Iphone 6 por no haberle informado con precisión cuáles eran los riesgos que implicaba el trabajo que ella había solicitado. Por esa falta de información el teléfono estuvo más de un año en el taller, sin avances ni retrocesos en la solución del problema técnico que tenía.
La sentencia del Juzgado de Paz de Roca fue confirmada por el Juzgado Civil N° 3, que rechazó la apelación del comerciante.
La multa por daño punitivo se fijó en 80.000 pesos y la condena incluye la obligación de devolver el teléfono a su propietaria, en el estado en que se encuentra.
«Cuanto más complejo y difícil de comprender sea el servicio, mayores deberán ser los recaudos que deba tener el proveedor al momento de brindar la información pertinente», destacó el juez de Paz en su sentencia. Recalcó que tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial de la Nación obligan a proveedores de bienes y servicios a brindar información «cierta, clara y detallada» a sus clientes.
En el caso, la mujer llevó a arreglar su teléfono y luego recibió un mensaje de WhatsApp con el diagnóstico, que decía: «no da imagen debido a un problema electrónico, ya que tiene el black light dañado. Para que funcione correctamente se debe hacer una reparación electrónica de la placa de circuitos de imagen».
En el momento la mujer respondió al WhatsApp y aceptó la reparación. Pero unas horas después, el mismo día, se comunicó nuevamente para cancelar el arreglo. Fue entonces cuando la información se tornó aún más difícil, porque el taller le respondió que ya había iniciado la reparación y que había serios riesgos si decidían “revertir” lo avanzado. El mensaje decía: «Es posible revertir, a riesgo y sin garantías por cualquier tipo de fallos que posteriormente presente su equipo. Ya que implica un desgaste de los materiales no contemplado y solicitado por Usted».
«Claramente la reparación a realizar en el celular Iphone 6 es de una complejidad difícil de apreciar si no se brinda la información adecuada», indicó el juez. Y agregó que «como vemos, de dicho intercambio de mensajes, se puede apreciar fácilmente que el demandado jamás informó a la actora cuáles eran los riesgos, ni en qué consistían lo mismos, sólo se limitó a expresarle que no le darían garantías por los mismos y que se debían a un desgaste no contemplado en los materiales».
La mujer nunca llegó a comprender «cuáles son los riesgos específicos de revertir el trabajo ya realizado sobre el celular». Eso le impidió ejercer plenamente sus derechos como consumidora y «resultó ser el factor determinante para dar inicio a este proceso», sostuvo el juez de Paz en la sentencia de menor cuantía.
Judiciales
Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.

Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
Judiciales
Uno de los adolescentes imputados por el crimen de Julián Dobra se quitó la tobillera
Finalmente fue localizado en su vivienda y ahora lo internarán en uno de los dispositivos de la SENAF, hasta que continúe el proceso.

Este mediodía (09/10) la Fiscalía solicitó que se modifique la detención de uno de los menores imputados en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra, tras la notificación por parte la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico que el adolescente se había quitado el dispositivo.
«Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer (08/10) la Policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente», explicó el equipo fiscal.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que «pesa sobre el menor punible una imputación por un hecho grave, en calidad de participe primario. El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos«.
Por su parte, la defensora pública de menores punibles explicó que «se ha trabajado en este tema, no se han encontrado otras medidas alternativas por eso se adhiere al pedido de la Fiscalía».
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de lo planteado por la Fiscalía.
Datos e imágenes de menores
Al inicio de la audiencia, la defensora de menores volvió a solicitar, a través del juez interviniente en este legajo, que se inste a los medios de comunicación de mantener la prohibición de publicar datos e imágenes de los menores que están involucrados en este o en cualquier otro legajo.
La defensora invocó, además de normativa provincial, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional N° 20.056 sobre la prohibición de la difusión o publicidad de hechos referidos a menores de edad. Tal como indica la normativa internacional de raigambre nacional y provincial.
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Le robaron el celular y le negaron cobertura porque no entregó la factura ni el cargador
La Justicia falló a favor de la víctima y falló contra la empresa de seguros.

Una mujer entrenaba al aire libre en Roca cuando sufrió el robo de su riñonera. Adentro tenía las llaves de su casa y un teléfono celular. Rápidamente hizo la denuncia policial y el reclamo ante el seguro.
El dispositivo contaba con cobertura de protección para portátiles. Cumplió con todos los requisitos, pero la aseguradora rechazó la cobertura. Ante la falta de respuesta, presentó una denuncia en Defensa del Consumidor. Finalmente, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda contra BBVA Consolidar Seguros S.A y y la mujer será indemnizada por los daños y perjuicios. La jueza consideró que entre las partes existió una relación de consumo, lo que implica la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
La empresa de seguros alegó que la mujer no presentó documentación complementaria indispensable para probar el siniestro. Mencionó la falta de la factura de compra, la caja del celular, el cargador, los manuales y otros accesorios. También solicitó la constancia de bloqueo de IMEI y la verificación del dispositivo móvil mediante las plataformas Gmail y Hotmail.
Con la prueba presentada, se acreditó que la mujer cumplió con los requisitos formales: denunció dentro del plazo, presentó la denuncia policial y remitió la documentación básica solicitada. Respecto de los elementos reclamados por la aseguradora, la jueza resolvió que esos requisitos no surgían del contrato firmado.
El fallo establece que el proveedor debe brindar información adecuada, clara y completa durante toda la vigencia del contrato. La falta de información y la negativa injustificada a cubrir el siniestro constituyeron un incumplimiento contractual grave.