El Municipio continúa avanzando con la ejecución de la obra conector vial de calle General Martín Miguel de Güemes, en el tramo comprendido entre Jujuy y Mendoza.

Actualmente, se completaron los trabajos de movimiento de suelo y ejecución de cordón cuneta desde calle Jujuy hasta Posadas, mientras que se ejecuta la esquina de la intersección de Jujuy y Güemes. En paralelo, se avanza con el movimiento de suelo destinado a los sectores de estacionamiento entre Jujuy y Grierson.

En cuanto a la magnitud de la obra, se prevé la ejecución de 13.100 m² de carpeta asfáltica, 1.120 metros lineales de cordón cuneta, 900 m² de cordón cuneta en sectores de estacionamiento, 1.600 metros lineales de cordón central y 400 m² de badenes. Los espacios de estacionamiento estarán conformados con adoquines y se ubicarán sobre el sector norte de la traza principal.

Además, se contempla la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces con Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, optimizando el escurrimiento pluvial y reduciendo el riesgo de anegamientos.

De manera complementaria, y previendo futuras intervenciones, se realizará la instalación de conexiones domiciliarias de agua y cloacas para lotes baldíos, junto con la colocación de cañerías destinadas a sistemas de riego y alumbrado público.

Esta obra tiene como objetivo transformar la calle Güemes en un corredor urbano accesible, seguro e integrado, mejorando la circulación y la calidad del espacio público, y acompañando el crecimiento y la consolidación urbana de este sector de la ciudad.

El programa provincial Cerca reunió a una gran cantidad de vecinos y vecinas en el barrio Chacramonte de General Roca, donde más de 600 familias pudieron resolver trámites y acceder a servicios en una misma jornada.

La actividad -impulsada por la Secretaría General del Gobierno Provincial- se desarrolló en la Escuela Primaria N° 350, con un movimiento constante durante todo el día y una alta demanda en gestiones vinculadas a documentación, trámites de DNI, consultas sobre vivienda, servicios y programas provinciales.

El operativo integró a organismos como el Registro Civil, IPPV, Aguas Rionegrinas, el Ministerio de Salud, SENAF, el área de Discapacidad, IPAP, IUPA y equipos de SIARME, que brindaron atención directa, asesoramiento y capacitaciones. Se realizaron controles de salud, vacunación, acciones de prevención, acompañamiento en trámites sociales y espacios de formación como cursos de primeros auxilios y RCP.

El secretario General, Nelson Cides, destacó que la llegada del programa respondió a una demanda concreta de la comunidad. «Volvimos porque la gente lo pide. Tiene que ver con poder resolver trámites en el momento, sin intermediarios y cerca de la casa», dijo.

Hoy el ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro -en el marco de un acuerdo abreviado pleno- reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, y aceptó una pena de 3 años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta. El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el próximo jueves (30/04) a las 12.30.

La condena comenzará a cumplirse de forma inmediata una vez que el juez comunique su sentencia, ya que tanto la fiscalía como la defensa particular del imputado renunciaron a los plazos procesales.

Pedido de declaración de responsabilidad y pena

La Fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal y la pena de 3 años de prisión condicional de Gilberto Montanaro argumentando que no presenta antecedentes penales computables, teniendo presente su edad -75 años-, y sus condiciones socioculturales.

Además, requirió que se le imponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de salir, presentaciones periódicas ante el órgano contralor, mantener el domicilio y no cometer nuevos delitos. «Todo esto debe cumplirse o de lo contrario podría revocarse la condicionalidad», expresó la fiscal jefa.

El defensor particular destacó que su cliente recibió el asesoramiento adecuado, y que se le han indicado los alcances del acuerdo pleno. «En este sentido la situación de Montanaro ha sido la que más ha complicado este caso en particular. Además el ex intendente tiene 75 años, esta causa se inició hace 9 años atrás, cuando tenía 66. Como ya expresó realmente está cansado de este proceso y todo lo que implicaría continuar, que llevaría al menos 4 o 5 años más. Por eso se evaluó el riesgo del caso pero también darle un cierre definitivo», resaltó el defensor.

A su turno, el imputado reconoció ante el juez haber cometido los delitos indicados por el Ministerio Público Fiscal y también aceptó la pena propuesta.

La resolución acerca del acuerdo abreviado pleno se conocerá el próximo jueves (30/04) a las 12.30 en los Tribunales roquenses.

Desarrollo de la audiencia celebrada esta mañana

Durante casi tres horas, la Fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio que involucró la denuncia e investigación del acuerdo firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro en su calidad de intendente, que luego continuó como Secretario de Gobierno y Producción.

«Concretamente, el funcionario debía cumplir lo dispuesto por el acuerdo y sus anexos -firmado en noviembre de 2014- para construir 135 viviendas e infraestructura, dividido en tres planes», explicó la Fiscalía.

«El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.», detallaron las fiscales.

«Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014», detalló el Ministerio Público Fiscal.

«Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley», dijo la fiscal.

La Fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.

Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.

Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.