Río Negro
Realizan audiencia pública para analizar cambios en la tarifa de EdERSA
La resolución se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante la jornada.
Ayer (25/10) por la mañana se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre abril y agosto de este año.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti.
Esa propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que «se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico». A su vez, adelantó que a instancias de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro se retiró del proceso de revisión al análisis del paso a tarifa de una línea eléctrica de 33 kV que tenía como propósito abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre. «Quedó suspendida su ejecución producto de la situación económica actual», indicó Tipping.
Esa obra ya había sido autorizada en mayo pasado, para lo cual se habilitó a la distribuidora EdERSA a realizar una compulsa pública para determinar el valor de la línea, de unos 85 kms., más la estación transformadora correspondiente. De igual modo, se había anticipado en aquella oportunidad, que cumplir con ese paso no era suficiente sino que antes de su adjudicación, se debería realizar una nueva audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto.
Más allá de la determinación de último momento de detener el paso a tarifa de la inversión, la cual quedó en suspenso, la valorización de esa inversión fue referida por los dos representantes de EdERSA que expusieron en la audiencia de esta mañana. Se mostraron dos cotizaciones, con precios a julio de este año, que van de los 4.700 a 6.000 millones pesos, según los diferentes plazos de ejecución propuestos.
El subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación de EdERSA, José Cainelli, tras dar los detalles técnicos de la obra analizada, se focalizaron en lo que sí formará parte de la evaluación del EPRE, que es el incremento de costos no salariales como consecuencia del proceso inflacionario acumulado en los cinco meses aludidos.
Agnelli exhibió cómo se compone la tarifa y contó cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de postes de eucalipto preservado de abril a un valor unitario de $9.990 y otro de este mes, a $19.500 cada poste. El incremento del precio en dólares adujo que fue de 10% y de un 95% si se hace la conversión oficial a pesos.
«Al haber transcurrido cinco meses desde la última actualización del VAD No Salarial, incluido en el actual cuadro tarifario, la inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación de un índice, de publicación oficial y permanente, representativo de la variación de los costos de materiales, servicios y suministros», resumió el representante de EdERSA.
Agnelli no habló de porcentajes, sino que refirió que el efecto de la actualización solicitada proyectado a nivel promedio para una familia tipo, de la cual no especificó consumo, importa un incremento de 706 $/mes (más Impuestos), y su correspondiente correlación para los demás categorías tarifarias según régimen vigente.
Las intervenciones de las partes inscriptas:
En primer término, habló el Defensor Adjunto de la Provincia de Río Negro, Álvaro Larreguy, para poner de manifiesto que se considere especialmente el contexto económico que atraviesa el país y su repercusión en los hogares rionegrinos. Aludiendo a pactos internacionales suscriptos por nuestro país en relación a los servicios básicos esenciales como el de electricidad, Larreguy instó a que, en el caso de producirse aumentos, deben darse necesariamente en forma gradual, previsible y progresiva.
En paralelo, Larreguy comentó que recibieron reclamos por irregularidades y una aparente deficiente prestación del servicio en la zona de Guardia Mitre, mayormente durante la temporada estival. «Apreciamos que el ente regulador haya constatado esta situación e intervenido requiriendo un plan integral de disminución de contingencias a la concesionaria, por lo que consideramos que la obra tendrá un impacto positivo», apuntó, independientemente de que ese tema fue retirado del proceso de revisión.
Luego, llegó el turno a diferentes representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido, como lo hizo en primer término Miguel Grasso, de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. El referente de la cámara aludió a una falta de una adecuada divulgación de los detalles de la convocatoria y del impacto posible en las tarifas, más allá de que estaban publicadas formalmente en los espacios públicos virtuales con los que cuenta el EPRE. Y tras cuestionar los montos de la obra en cuestión, consideró «inoportuno otorgar un nuevo aumento a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad, máxime cuando el mismo se da en este difícil contexto, donde las PyMES de la provincia se debaten por sobrevivir».
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, en el mismo sentido pidió que se rechace la audiencia y un consecuente aumento, además de requerir la realización de este tipo de debates en forma presencial. Tampoco se mostró a favor de que los usuarios financien las obras de infraestructura del sistema eléctrico, las que entendió que deberían ser afrontadas por el Estado.
En términos similares se expresó Ornela Susca, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; y Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados.
En esta oportunidad, también intervino el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D’Angelo, quien sin negar la situación de incrementos constantes en los precios entendió que las inversiones son necesarias para una mejora del servicio eléctrico y para garantizar la seguridad de la ciudadanía y trabajadores que representa.
En el cierre, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que ninguna obra es un activo de la empresa sino que es parte de una concesión, propiedad de la Provincia de Río Negro. «No hay propiedad por parte de EdERSA», aclaró y reiteró que «esta obra no va a ser trasladada a tarifa en noviembre por la situación económica imperante, donde no hay precios relativos para tamaña inversión». Y anticipó que llegado el momento, se va a analizar en un ámbito de debate similar al que hoy se celebró.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Gremios
Descontarán los días no trabajados a los agentes provinciales que adhieran al paro nacional de ATE
La medida de fuerza iniciará este martes a las 12 del mediodía y se extenderá durante toda la jornada del miércoles.
El Gobierno de Río Negro autorizó la aplicación de descuentos salariales para las y los agentes estatales que no se presenten a trabajar en adhesión al paro de 36 horas dispuesto por ATE para martes (29/10) y miércoles (30/10) próximos.
«La Provincia ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones paritarias durante todo el año, garantizando que los salarios de sus trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo en un contexto nacional donde el desempleo, la crisis económica y la notable reducción en el nivel de ingresos han sido una constante», indicaron desde el Gobierno.
«En Río Negro, no sólo se garantizó el empleo, sino que además, en lo que va del año, los aumentos salariales otorgados a las y los trabajadores públicos rionegrinos supera ampliamente a la inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC)», aseguraron.
«La diferencia real entre los salarios estatales y la inflación varía entre 50% y 80%, aunque en el caso de los docentes alcanza el 87% (según escalafón), poniendo a los salarios del sector entre los mejores del país», afirmaron.
Ante esa situación, «habiendo garantizando la decisión de sostener el poder adquisitivo del salario estatal», el Gobierno Provincial manifestó que «no se encuentra en condiciones de realizar una propuesta de incremento para octubre, que podría poner en riesgo el pago de los salarios y la atención de los servicios esenciales«.
Judiciales
Lo hostigaron por una deuda de $105 y ahora tendrán que pagarle más de $400.000
Una empresa de televisión satelital hostigó por correo electrónico y llamadas a un consumidor, diciéndole que estaba en mora y que lo enviarían al Veraz.
Un hombre de Viedma inició una demanda contra una empresa de televisión satelital. Fue cliente por varios años, pero hace una década se dio de baja. Sin embargo, tiempo atrás comenzaron a hostigarlo por correo electrónico y llamadas, diciéndole que estaba en mora y que lo enviarían al Veraz.
En su demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz, refirió que inicialmente ni siquiera le decían de cuanto era la deuda. Por eso, se acercó a la sucursal en Viedma. Allí le informaron que debía $105.
Le dijo a la cajera que no tenía inconvenientes de abonar el monto por ser irrisorio, pero quería conocer la razón de la deuda. Intentó luego comunicarte por Facebook, hasta que logró el contacto.
La operadora a cargo de la red social de DirectTV le informó que la deuda era del año 2009. El excliente le dijo que entonces estaba prescripta. Aunque la operadora le contestó que lo informaría a los fines de la finalización, los correos electrónicos y los llamados continuaron.
Finalmente, en abril de este año pagó la supuesta deuda, porque «ya no aguantaba más las molestias». Al momento de abonar, había recibido 128 correos electrónicos. Sin embargo, lejos de cesar luego del pago, siguió recibiendo intimaciones por email durante unos días más.
En su demanda en el Juzgado de Paz solicitó que se condene a la empresa por el hostigamiento, la falta de información clara y la amenaza con terminar en el Veraz.
El juez de Paz recordó que «el trato digno equitativo constituye uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, que sirve de fundamento de los restantes derechos que les asisten».
Tuvo en cuenta no solo la cantidad de correos, sino también «los términos en que fueron redactados, con intimación de reportes ante central de deudores e informes en Veraz», dice el fallo.
El juez tuvo en consideración «un obrar desaprensivo de la demandada, denotando un claro desinterés por los derechos» del consumidor.
Agregó que la información no fue clara. «No surge el motivo ni la causa del pago reclamado por la empresa demandada. En efecto, luego de múltiples reclamos del actor, éste toma conocimiento de que las intimaciones que se le formularon», indica.
En cuanto al daño moral, el juez consideró acreditado que el hombre «debió de padecer múltiples intimaciones de pago sin precisión de causa específica alguna». Así, «se ha acreditado un proceder de la demandada totalmente desaprensivo y desinteresado de los derechos de la actora».
De esta manera, dispuso que DirectTV deberá pagar $150.000 de indemnización por daño moral y $280.000 por daño punitivo, más las costas del proceso.
Agro
La exportación de peras y manzanas a México creció un 32% durante la temporada 2024
La producción de Río Negro y Neuquén accede a este mercado a través de un plan de control de plagas cuarentenarias.
Finalizada la temporada 2024 de exportación de peras y manzanas con destino a México, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó el envío desde Río Negro y Neuquén de 1.022.760 cajas de ambas frutas, lo que representa un aumento del 32% con respecto a la temporada 2023 y del 103% en relación a la temporada 2022.
Estos envíos se enmarcan en el Plan de Trabajo para la Exportación de peras y manzanas de Argentina a México, que se implementa en esas provincias patagónicas para minimizar los riesgos de introducción de plagas de interés cuarentenario.
El enfoque en las plagas cuarentenarias Grapholita molesta y Pseudococcus viburni requiere de inspecciones muy específicas, tanto a campo como en empaque, previo a la consolidación de las cargas para exportación. Por esto, entre febrero y agosto, agentes del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa se centraron en tareas de fiscalización requeridas por ese Plan.
Durante la temporada 2024, fueron 15 las exportadoras que enviaron peras y manzanas a México, en tanto que 26 frigoríficos -un 44% más que en la temporada anterior- habilitaron un total de 65 Cámaras de Tratamiento de Frío en Origen (TFO).
Entre las acciones de fiscalización relacionadas con el tratamiento cuarentenario de frío en origen, los agentes del Senasa habilitan las cámaras, verifican los stocks de fruta, colocan sensores de temperatura y, cumplido el tratamiento de 42 días, certifican su validez a fin de disponer de la mercadería para su despacho. En la campaña de este año, se realizaron 78 cierres de cámara (con lo que se inicia el proceso cuarentenario), un 34% más que en la temporada anterior.
Finalmente, antes de consolidar las cargas, se realiza la inspección de una muestra de cajas que deben analizarse fruto por fruto, para determinar que no haya presencia de las plagas cuarentenarias. Por eso, la exportación de 18.483 tn de peras implicó la inspección de 1.030 lotes y 18.526 pallets.
Todas estas tareas son llevadas a cabo de manera conjunta por agentes del Senasa y de la Oficina de Verificación en Origen del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México y con el apoyo financiero y administrativo del Comité de Productores y Exportadores de Fruta para los Estados Unidos y México (COPEXEU).