Río Negro
Realizan audiencia pública para analizar cambios en la tarifa de EdERSA
La resolución se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante la jornada.
Ayer (25/10) por la mañana se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre abril y agosto de este año.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti.
Esa propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que «se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico». A su vez, adelantó que a instancias de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro se retiró del proceso de revisión al análisis del paso a tarifa de una línea eléctrica de 33 kV que tenía como propósito abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre. «Quedó suspendida su ejecución producto de la situación económica actual», indicó Tipping.
Esa obra ya había sido autorizada en mayo pasado, para lo cual se habilitó a la distribuidora EdERSA a realizar una compulsa pública para determinar el valor de la línea, de unos 85 kms., más la estación transformadora correspondiente. De igual modo, se había anticipado en aquella oportunidad, que cumplir con ese paso no era suficiente sino que antes de su adjudicación, se debería realizar una nueva audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto.
Más allá de la determinación de último momento de detener el paso a tarifa de la inversión, la cual quedó en suspenso, la valorización de esa inversión fue referida por los dos representantes de EdERSA que expusieron en la audiencia de esta mañana. Se mostraron dos cotizaciones, con precios a julio de este año, que van de los 4.700 a 6.000 millones pesos, según los diferentes plazos de ejecución propuestos.
El subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación de EdERSA, José Cainelli, tras dar los detalles técnicos de la obra analizada, se focalizaron en lo que sí formará parte de la evaluación del EPRE, que es el incremento de costos no salariales como consecuencia del proceso inflacionario acumulado en los cinco meses aludidos.
Agnelli exhibió cómo se compone la tarifa y contó cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de postes de eucalipto preservado de abril a un valor unitario de $9.990 y otro de este mes, a $19.500 cada poste. El incremento del precio en dólares adujo que fue de 10% y de un 95% si se hace la conversión oficial a pesos.
«Al haber transcurrido cinco meses desde la última actualización del VAD No Salarial, incluido en el actual cuadro tarifario, la inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación de un índice, de publicación oficial y permanente, representativo de la variación de los costos de materiales, servicios y suministros», resumió el representante de EdERSA.
Agnelli no habló de porcentajes, sino que refirió que el efecto de la actualización solicitada proyectado a nivel promedio para una familia tipo, de la cual no especificó consumo, importa un incremento de 706 $/mes (más Impuestos), y su correspondiente correlación para los demás categorías tarifarias según régimen vigente.
Las intervenciones de las partes inscriptas:
En primer término, habló el Defensor Adjunto de la Provincia de Río Negro, Álvaro Larreguy, para poner de manifiesto que se considere especialmente el contexto económico que atraviesa el país y su repercusión en los hogares rionegrinos. Aludiendo a pactos internacionales suscriptos por nuestro país en relación a los servicios básicos esenciales como el de electricidad, Larreguy instó a que, en el caso de producirse aumentos, deben darse necesariamente en forma gradual, previsible y progresiva.
En paralelo, Larreguy comentó que recibieron reclamos por irregularidades y una aparente deficiente prestación del servicio en la zona de Guardia Mitre, mayormente durante la temporada estival. «Apreciamos que el ente regulador haya constatado esta situación e intervenido requiriendo un plan integral de disminución de contingencias a la concesionaria, por lo que consideramos que la obra tendrá un impacto positivo», apuntó, independientemente de que ese tema fue retirado del proceso de revisión.
Luego, llegó el turno a diferentes representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido, como lo hizo en primer término Miguel Grasso, de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. El referente de la cámara aludió a una falta de una adecuada divulgación de los detalles de la convocatoria y del impacto posible en las tarifas, más allá de que estaban publicadas formalmente en los espacios públicos virtuales con los que cuenta el EPRE. Y tras cuestionar los montos de la obra en cuestión, consideró «inoportuno otorgar un nuevo aumento a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad, máxime cuando el mismo se da en este difícil contexto, donde las PyMES de la provincia se debaten por sobrevivir».
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, en el mismo sentido pidió que se rechace la audiencia y un consecuente aumento, además de requerir la realización de este tipo de debates en forma presencial. Tampoco se mostró a favor de que los usuarios financien las obras de infraestructura del sistema eléctrico, las que entendió que deberían ser afrontadas por el Estado.
En términos similares se expresó Ornela Susca, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; y Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados.
En esta oportunidad, también intervino el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D’Angelo, quien sin negar la situación de incrementos constantes en los precios entendió que las inversiones son necesarias para una mejora del servicio eléctrico y para garantizar la seguridad de la ciudadanía y trabajadores que representa.
En el cierre, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que ninguna obra es un activo de la empresa sino que es parte de una concesión, propiedad de la Provincia de Río Negro. «No hay propiedad por parte de EdERSA», aclaró y reiteró que «esta obra no va a ser trasladada a tarifa en noviembre por la situación económica imperante, donde no hay precios relativos para tamaña inversión». Y anticipó que llegado el momento, se va a analizar en un ámbito de debate similar al que hoy se celebró.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
