Los nuevos incrementos en las tarifas de electricidad que fijó Nación tendrán un impacto significativo en el servicio que prestan a hogares y comercios las distribuidoras que operan en Río Negro. El aumento del costo de abastecimiento de la energía, que escapa al control de las autoridades provinciales, llega este mes con variaciones superiores al 500%.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aclararon que es una decisión ajena a la competencia provincial y adelantaron que se reflejará en las próximas facturaciones. Según se indicó, están actualizando los cuadros tarifarios, donde se registrarán aumentos que en su totalidad se explican por el nuevo valor de la energía que fijó Nación ya que la Provincia no estipuló variaciones en el tramo provincial que otorga a las distribuidoras.

A esta situación debe sumarse la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación progresiva de las ayudas en la tarifa eléctrica, a través de cambios en los umbrales de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos medios, junto a topes para los usuarios de bajos ingresos que anteriormente no los tenían.

Al respecto, el presidente del EPRE, Juan Justo, resaltó que «la provincia de Río Negro no tiene injerencia en la fijación de estos precios. Las decisiones sobre los costos de la energía y el transporte son tomadas a nivel nacional y nosotros simplemente lo trasladamos a los cuadros tarifarios que fijamos para EdERSA, y las cooperativas CEB y CEARC».

La titular de la obra social provincial, Marcela Ávila, confirmó que tras las auditorías realizadas y en el marco de la presentación de una denuncia penal, IPROSS rompió el vínculo prestacional con el centro de salud mental de General Roca en el que se detectaron irregularidades.

Ávila detalló que estas auditorías comenzaron antes de su gestión el 11 de diciembre. «Se verificó que la cantidad de afiliados que se encontraban en el establecimiento que funciona como hospital de día era sensiblemente menor a la nómina que se facturaba y que IPROSS pagaba mensualmente», dijo.

«Se informaba al IPROSS desde este lugar que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones pero eran solo 5«, destacó la titular de la obra social.

Cabe recordar que IPROSS denunció ante la justicia tres casos de maniobras fraudulentas detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión.

«Desde IPROSS estamos realizando controles y auditorías. Incluso hemos implementado auditorías en terreno, que implican que equipos médicos, asistentes sociales, personal de la dirección de discapacidad realiza visitas a distintos centros que brindan prestaciones a afiliados de nuestra Obra Social», explicó Ávila sobre la metodología de trabajo implementada para garantizar la atención de los afiliados.

Sobre el futuro reflexionó. «Estamos trabajando analógicamente aún en IPROSS y por eso es tan importante el proceso de transformación digital que va a implicar agilizar los procesos, los trámites que el afiliado tiene que realizar con la obra social pero también va a permitir ser más eficientes en los controles».

La titular del IPROSS, Marcela Ávila, presentó ante la justicia tres denuncias penales por defraudaciones realizadas contra la obra social de los rionegrinos. Las denuncias fueron radicadas personalmente al Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma.

En los tres casos, las maniobras fraudulentas fueron detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión. En dos de ellos, los pagos por parte de la obra social se concretaron hasta el mes de febrero pasado, por supuestos servicios facturados.

En uno de los casos un establecimiento de salud mental de General Roca, informaba al IPROSS que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones, como pacientes psiquiátricos, en esa institución. Fruto de la investigación realizada, el IPROSS, comprobó que solamente se efectuaba el tratamiento de 5 afiliados. La mayoría de los afiliados cuya internación se facturaba nunca ingresaron al establecimiento.

En otro de los casos, una enfermera, que actualmente vive en Mendoza, facturaba al IPROSS por el cuidado de una menor, hija de una afiliada con domicilio en El Bolsón. Los hechos se habrían realizado entre octubre de 2022 y marzo del presente año.

La última denuncia, fue realizada por los hechos ocurridos presuntamente entre mayo de 2022 (primera factura) y marzo de 2024, vinculados a la presentación de facturas falsas, recibo de haberes falsos y falsificación de firmas de profesionales médicos, cometidos presumiblemente por un afiliado de Cinco Saltos.

Los hechos descritos revelan una serie de acciones fraudulentas dirigidas a obtener un beneficio indebido a expensas de la obra social provincial. Provisionalmente, podrían constituir elementos característicos del delito de fraude agravado, dado que fueron perpetrados contra la administración (artículo 174 inciso 5 del Código Penal). Además, para llevar a cabo estos actos fraudulentos, los acusados incurrieron en falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal) al falsificar diversos documentos, como planillas de solicitud de reintegros y de asistencia diaria de la niña, declaraciones juradas de domicilio, datos de contacto, entre otros (artículo 292 del Código Penal).