Judiciales
Era un trabajador esencial en la pandemia, murió por Covid y deberán indemnizar a su familia
El hombre sufrió una pulmonía bilateral y finalmente, tras ser trasladado al Hospital de Viedma, falleció.
Un hombre de Sierra Grande que trabajaba como despachante de combustible durante el aislamiento por la pandemia cumplió sus tareas de forma habitual, por tratarse de personal exceptuado. Contrajo Covid, luego pulmonía bilateral y finalmente falleció. Sus herederos reclamaron una indemnización y la Cámara Laboral de Viedma condenó a la ART a otorgársela.
Cuando el hombre se contagió, se le indicó aislamiento junto con su familia. Luego fue derivado al hospital de Sierra Grande por la baja saturación de oxígeno. Allí se le diagnosticó la pulmonía bilateral y fue derivado al Hospital Zatti de Viedma, con asistencia respiratoria. Poco después falleció por insuficiencia respiratoria por Covid-19.
La familia llevó adelante el reclamo por la vía administrativa ante la Comisión Médica y en el trámite se reconoció que la enfermedad tuvo un origen laboral. Eso generó para la ART el deber de brindar cobertura y entonces se la intimó a presentar un acuerdo, pero la aseguradora no lo hizo.
En su defensa, el apoderado de Provincia ART S.A. afirmó «que no se encuentra acreditado que el contagio de la patología que provocara el deceso del Sr. ocurriera por el hecho o en ocasión del trabajo y que debe ser la parte actora quien pruebe tal circunstancia».
También se dio intervención a la Defensora de Menores e Incapaces, en representación de los hijos del hombre. Y se fijó una audiencia de conciliación, que quedó sin efecto por el desinterés de la empresa en intentar un acuerdo.
Enfermedad profesional
Se inició entonces la demanda con la pretensión de los herederos para que se le abonen los importes correspondientes por fallecimiento a raíz de la enfermedad profesional Covid-19.
En el fallo la Cámara Laboral explicó que «el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020, ratificado y prorrogado por los D.N.U. N° 39/2021 y 266/2021, estableció en su artículo 1° que la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- (…) respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales».
La norma dispuso también que las ART no podían rechazar la cobertura de esas contingencias y debían adoptar los recaudos necesarios para que los trabajadores esenciales afectados reciban las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo en forma inmediata.
Por último, la Cámara Laboral afirmó que no existe ninguna duda del derecho de los accionantes a percibir los importes indemnizatorios derivados del fallecimiento del trabajador. Y agregó que debe considerarse que la ART se encuentra en mora en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones desde el vencimiento del plazo otorgado, por lo que se debe efectuar la ecuación indemnizatoria a esa fecha y a partir de allí, imponer los intereses.
Judiciales
El joven que le disparó en la cabeza a su pareja fue condenado a 5 años de prisión
El hecho ocurrió el 4 de agosto pasado en Stefenelli.
Mediante un juicio abreviado realizado el pasado 11 de septiembre en la ciudad de General Roca, un Tribunal condenó a Denis Daniel Alcaraz, de 24 años, a 5 años de prisión por dispararle en la cabeza a su pareja.
Aunque en principio la causa estaba caratulada como tentativa de femicidio, durante el juicio se resolvió condenarlo por los delitos de amenazas con armas, lesiones graves culposas y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, todo en concurso real.
El hecho ocurrió el 4 de agosto en el barrio Stefenelli. Según la Fiscalía, en el marco de una discusión y forcejeos, al hombre «se le escapó» un disparo que rozó a la joven, quien cayó contra la mesada y resultó gravemente herida.
«Fueron los vecinos quienes dieron inmediato aviso a la policía. Personal de la Subcomisaría 67 arribó al lugar y logró detener al sujeto, que intentaba escapar por el fondo del patio, mientras arrojaba un arma tipo tumbera», detalló la fiscal.
Debido a la gravedad del hecho, la Fiscalía solicitó una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado aceptó su responsabilidad penal, la calificación legal y el monto de la pena.
Finalmente, el Tribunal Colegiado lo declaró culpable y le impuso una pena de 5 años de prisión efectiva.
Judiciales
Tribunal de Impugnación confirmó condena por abuso sexual a ginecólogo que trabajaba en Roca
El hecho investigado ocurrió en noviembre de 2021 en el consultorio que tenía el condenado en el Sanatorio Juan XXIII.
El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la sentencia de un Tribunal de Juicio de Roca contra el médico ginecólogo Francisco Méndez Peralta Ramos, quien fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación temporal para ejercer la medicina por el delito de abuso sexual simple del que fue víctima una paciente.
La sentencia condenatoria fue impugnada por la defensa del imputado, que la calificó de «arbitraria». En su recurso alegó que la valoración de las pruebas presentadas en el juicio no fue «integral» por parte del Tribunal y que el razonamiento para dictar la condena «se ha apartado de la sana crítica». Planteó que los tocamientos fueron un acto médico, no un hecho violento, sorpresivo e impúdico como dice la sentencia. Y finalmente cuestionó el monto de la pena, al que consideró «desmesurado y arbitrario».
El hecho investigado ocurrió en noviembre de 2021 en el consultorio que tenía el ginecólogo Méndez Peralta Ramos en el Sanatorio Juan XXIII de Roca. La paciente asistió a un control ginecológico de rutina pero sufrió tocamientos, gestos y expresiones verbales de claro contenido sexual por parte del médico, quien además intentó retenerla dentro del consultorio.
Para abordar el caso, el TI comenzó por analizar textualmente el testimonio completo de la víctima, sin recortes ni intermediaciones discursivas. «Partiendo de la transcripción de sus dichos, se puede advertir el camino por el cual el Tribunal de Juicio corrobora con elementos externos la fiabilidad de dicho testimonio», explicó.
«La defensa sostiene que hay arbitrariedad en la sentencia porque se trató de un acto médico sin ninguna connotación sexual. Sin embargo, ello es rebatido fundadamente por la sentencia (del Tribunal de Roca) al considerar el hecho como un acto abusivo en el contexto de una consulta médica», concluyó el Tribunal de Impugnación.
El testimonio de la víctima fue reforzado, entre otras pruebas, por los mensajes de audio que envió a distintas personas apenas salió del consultorio. «Se la puede escuchar llorando, angustiada, nerviosa y alterada por la situación vivida», recordó el TI. También por las declaraciones de las personas que le brindaron contención inmediata tras el episodio y por las psicólogas y la psiquiatra que la atendieron. Así, «la crítica que realiza la esforzada defensa deviene infructuosa, por parcializada y segmentada. Todo ello sin dejar de considerar que no existe un solo motivo acreditado que permita sospechar una falsa denuncia por parte de la denunciante», definió el Tribunal.
Además, citando un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza y los jueces de Impugnación recordaron que la relación médico-paciente «está caracterizada por la asimetría en el ejercicio del poder que el médico asume en razón de su conocimiento profesional especializado y del control de la información que conserva».
«Claro está que acá no hubo ningún consentimiento, no sólo porque no hay consentimiento implícito, porque como dijo la misma denunciante ‘quedó tiesa’ ante un acto abusivo y sorpresivo que no esperaba de quien había sido su médico por cinco años, sino porque además existe una relación asimétrica de poder entre médico-paciente. De ninguna manera puede sostenerse -como pretende la defensa- que acceder a un examen con objetivos médicos puede implicar un consentimiento para un contacto físico de índole sexual», concluyó el Tribunal.
En el mismo sentido, el TI también consideró correctamente fundamentado el razonamiento del Tribunal de Roca para establecer el monto de la pena y la inhabilitación por dos años para ejercer la medicina.
Judiciales
Acusado de un robo millonario, asegura que ese día no estuvo en Roca
El hecho ocurrió en mayo del año pasado, cuando junto a otros dos sujetos más, robaron en la vivienda de una familia roquense.
Ayer (17/09) al mediodía, el Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal de un hombre por considerarlo co-autor de un robo agravado, mientras que la defensa penal pública pidió su absolución planteando que su asistido no estuvo en la ciudad ese día.
El imputado llegó a juicio cumpliendo la prisión preventiva argumentada por el fiscal. Por su parte, el Tribunal Colegiado dará a conocer su sentencia el próximo 20 de septiembre.
El hecho por el que se lo acusa «ocurrió alrededor de las 8.40 de la mañana, en mayo de 2023, cuando la víctima se subió a su vehículo y fue interceptado por el imputado y dos personas más», explicó en sus alegatos el fiscal.
«Los tres estaban vestidos con ropa oscura y encapuchados, e intimidando al hombre con un arma de fuego, ingresaron a la vivienda familiar. Allí le exigieron a él y su esposa que les entregaran dinero», agregó la Fiscalía.
«Los imputados, además del dinero, se apoderaron ilegítimamente de una notebook, un celular, y se dieron a la fuga en una Renault Duster, que fue encontrada por personal policial minutos después sobre calle Mendoza», describió el Ministerio Público Fiscal.
Ayer a la mañana se escucharon los testimonios tanto de los denunciantes, como de los empleados policiales que intervinieron en el lugar del hecho, y que realizaron pericias. También del responsable de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) dependiente de Procuración General. Luego fue el turno de lo testigos de la defensa penal pública.
La calificación legal por la cual la Fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal es la de «robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada», en calidad de co-autor.
Por su parte, el defensor pidió la absolución de su asistido, teniendo presente el «in dubio pro reo», y expresó que «el descargo que hizo mi asistido no ha sido desvirtuado con prueba ninguna, desde un primer momento expresó que ese día no estaba en Roca, que estuvo trabajando en otra ciudad, y así lo acreditaron los dos testigos que hoy escuchamos».
Finalmente, el Tribunal Colegiado interviniente se retiró a deliberar y dará a conocer su resolución el viernes 20 de septiembre a las 10.30 en las salas del subsuelo de los Tribunales de General Roca.
