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Roca

Programa Menstruar se implementará en Roca

Contempla la entrega de copas menstruales con el objetivo de garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a los insumos y la información.

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El Municipio de Roca se prepara para la incorporación al Programa MenstruAr de Nación, que acompaña y asesora en el fortalecimiento de gobiernos locales en sus programas municipales, realiza capacitaciones y brinda información sobre gestión menstrual desde una perspectiva de género y diversidad.

Se fomenta además la producción y utilización de productos sustentables para gestionar la menstruación con la entrega de copas menstruales, como así también el armado de entramados productivos con productoras de toallitas reutilizables.

En este marco, la intendenta María Emilia Soria recibió la semana pasada a la subsecretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Lucia Cirmi, a la coordinadora del Programa MenstruAr Irina Perl y a integrantes del equipo de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, Director Leandro Bleger y Yanina Dossetto.

Luego de visitar la obra en construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad que se construye en la ciudad, la comitiva se dirigió al CIM de Barrio Tiro Federal donde se dictó el Taller sobre Educación Sexual Comunitaria con Perspectiva de Género y Diversidad y Acceso a la Gestión Menstrual como Derecho, destinado a integrantes de equipos técnicos del área en la región. Participaron del mismo las Áreas de Género y Diversidad de los Municipios de Roca, Huergo y Cipolletti, el equipo técnico de los centros infantiles y del CEPLA, ATTS, integrantes de diferentes sectores del Hospital Francisco López Lima, delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de FADECS, del Consejo Local de la Mujer Diversas, entre otras.

En el marco de la transición ecosociocultural hacia la sustentabilidad ambiental, la implementación del Programa MenstruAr contempla la entrega de copas menstruales con el objetivo de garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a los insumos y la información. Por ello en primera instancia se capacita a los y las agentes territoriales de género en la utilización de la misma, para que puedan asesorar en su utilización a las personas beneficiarias.

Para finalizar la jornada, la comitiva participó del acto de presentación y entrega de kits de lactancia en el marco del Plan 1000 días, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Salud. El mismo se llevó adelante en el Hospital roquense.

Judiciales

Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban

Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».

En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.

El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».

«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».

El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».

Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.

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Policiales

Tres celadoras internadas por intoxicación con monóxido en la cárcel de Roca

Se encuentran estables, en observación, en el Sanatorio Juan XXIII.

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El hecho ocurrió en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca este viernes (04/07) por la mañana, cuando tres agentes del Servicio Penitenciario que se encontraban en su espacio de descanso, comenzaron a sentirse mal por la posible inhalación de monóxido de carbono.

Dos de ellas estaban casi por desmayarse, mientras que una tercera logró dar aviso a sus compañeros, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de emergencia.

Las tres mujeres fueron trasladadas hasta el Sanatorio Juan XXIII. Allí quedaron internadas en observación, y según fuentes oficiales, se encuentran estables y fuera de peligro.

Aún no se informó oficialmente el origen del escape, pero todo apunta a una posible falla en un artefacto de calefacción del sector donde descansaban las agentes.

Autoridades del penal iniciaron una investigación interna para determinar las causas del incidente y evitar que vuelva a repetirse.

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Judiciales

Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal

Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.

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Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.

La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.

La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.

El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.

La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.

La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.

El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.

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