Judiciales
Una pareja fue declarada culpable por estafar a roquenses con viviendas y materiales de construcción
Los hechos investigados ocurrieron entre mediados de 2020 y 2022. En el juicio se acreditaron las estafas sufridas por 10 víctimas.
Un Tribunal de juicio de Roca, por unanimidad, declaró a un hombre y a una mujer responsables como coautores del delito de estafa, reiterado en 10 hechos. Se trata de una investigación que llegó a juicio oral y público por la denuncia de un grupo de personas damnificadas en la edificación de viviendas o en la provisión de materiales de construcción que habían contratado con la empresa constructora y la ferretería- corralón de la pareja.
Los hechos investigados ocurrieron en Roca, entre mediados de 2020 y de 2022. En el juicio se acreditaron las estafas sufridas por 10 víctimas.
El Tribunal sostuvo que el paquete de pruebas presentado por la fiscalía y la parte querellante fue «preciso, convergente y concordante para tener certeza positiva» sobre los hechos y la culpabilidad de los acusados.
En dos casos, se consideró probada la estafa por la no construcción de la vivienda contratada por las víctimas. «Fueron engañados, las casas nunca llegaron a construirse», indicaron los jueces en su veredicto. «No fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas. La participación de un escribano en el contrato y la firma de pagarés era para darle una apariencia de seriedad y seguridad al negocio jurídico, que de no haber sido así, probablemente no se hubiera realizado. Toda esa tarea fue parte de una maniobra cuyo objetivo era asegurar la disposición patrimonial de las víctimas», manifestaron.
Entre sus fundamentos el Tribunal recalcó que «la empresa constructora InTec no tenía habilitación comercial para la actividad, tampoco profesionales propios de la actividad como arquitectos o maestro mayor de obra, no había planos ni se especificaba la cantidad y la calidad de los materiales comprometidos».
En los otros ocho casos, las estafas se configuraron con la venta de materiales de construcción a través del comercio que dirigían los imputados, que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en AFIP ni en el Registro de Personas Jurídicas. «La venta de materiales en ferretería Terrasur era un escaparate para atrapar incautos. No tenía habilitación comercial y vendía materiales de construcción que no tenía en su haber. La modalidad de acopio era una falsedad, porque no tenían en su poder los materiales que vendían. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial», se expresó.
La próxima etapa del proceso es la audiencia de cesura, en la que se definirá el monto de la pena que deberán cumplir las personas condenadas.
Judiciales
Incineraron 43 kilos de cannabis y casi 900 plantas de marihuana en Roca
La quema se realizó en la Planta de Residuos II y corresponde a droga incautada en el marco de 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras avanzadas.
La Unidad Fiscal de General Roca llevó adelante ayer por la mañana la quema de estupefacientes en la Planta de Residuos II de la ciudad. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el material destruido corresponde a 43 kilos de cannabis entre cogollos y picadura de marihuana, y 874 plantas y plantines de marihuana.
La quema abarcó elementos incautados en 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras en etapa avanzada.
Judiciales
Volcó el acoplado y perdió toda la fruta que iba al norte: Condenan parcialmente a la conductora que chocó al camión
El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 22 y calle Félix Heredia.
Un camión que transportaba 1.300 bultos de fruta transitaba por la Ruta Nacional N° 22 en sentido oeste en Roca, volcó y perdió todo su cargamento. El rodado, al llegar al cruce con la calle Félix Heredia, fue colisionado en el costado derecho por una camioneta que circulaba en sentido contrario.
El golpe provocó el vuelco del semirremolque y la pérdida total de la carga. El impacto generó un efecto tijera entre el acoplado y el camión, que terminó en un desagüe.
La empresa se dedica a la carga de peras y manzanas para abastecer el norte del país. Además, realiza el traslado de azúcar a los supermercados de la zona. Luego del siniestro, la firma inició una demanda por daños y perjuicios contra la conductora de la camioneta.
El fuero civil de Roca admitió parcialmente el reclamo. Reconoció el costo de reparación del camión y rechazó la indemnización por el semirremolque porque ya había sido cubierta por el seguro, lo que impedía un doble cobro. También desestimó los reclamos por el equipo de frío y la carga transportada por falta de pruebas.
Mediante una pericia técnica, el fallo consideró acreditada la mecánica del accidente. Así, concluyó que la conductora ingresó a la ruta sin las precauciones necesarias.
La prueba producida no confirmó la existencia de pérdidas económicas derivadas del accidente ni la interrupción de contratos comerciales. La sentencia destacó la ausencia de una pericia contable que respaldara ese perjuicio.
En cambio, sí admitió la indemnización por privación de uso del vehículo. Consideró que la imposibilidad de utilizar el camión genera un daño en sí mismo, por la afectación a la actividad normal de la empresa. Fijó este concepto en el monto reclamado.
Finalmente, la sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la conductora a pagar una indemnización. También extendió la condena a la aseguradora según la póliza vigente.
Judiciales
Los gatos no lo dejaban dormir y ahuyentaron a sus inquilinos: Condenan a vecinos por los daños
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
Un hombre buscaba tranquilidad en su casa de Ingeniero Huergo, pero las noches se volvieron un mal sueño. El silencio se rompía cada madrugada con golpes secos sobre las chapas. Varios gatos saltaban, peleaban y corrían sobre su techo.
Esta situación afectó su salud y también su bolsillo. Sus inquilinos no soportaron el ruido y abandonaron el departamento que él alquila. Un joven que estudiaba y trabajaba fue uno de los más afectados. Nunca lograba el descanso adecuado.
Así, el hombre bajó el precio del alquiler para que el lugar no quedara vacío. Mientras los desechos de los animales se acumulaban sobre su vivienda.
El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo hizo lugar a la demanda de menor cuantía iniciada por el dueño de la casa. La acción fue por los daños y perjuicios derivados de ruidos molestos e inmisiones producidas por animales.
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone a los vecinos la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
El hombre sostuvo que desde 2023 sufre perturbaciones constantes por la presencia de gatos provenientes de la vivienda vecina. Indicó que los animales circulan por los techos, generan ruidos nocturnos, se pelean y dejan excrementos en su propiedad.
También señaló que existieron denuncias previas en el Juzgado de Faltas Municipal, con sanciones que no fueron cumplidas por los vecinos.
Las personas negaron los hechos. Declararon ejercer una tenencia responsable de sus animales. Dijeron que los gatos se encuentran castrados. En su defensa, señalaron que existe sobrepoblación de animales y que no puede atribuirse a ellos la conducta denunciada. Además, acusaron al hombre de hostigar a vecinos y de exagerar los perjuicios.
Durante el proceso se produjeron pruebas documentales y testimoniales. Un testigo que alquilaba al actor confirmó que los ruidos de los gatos eran diarios y nocturnos, y que le impedían descansar, lo que motivó su mudanza. El tribunal consideró relevante la ubicación de los inmuebles, que facilita el tránsito de animales entre ambos fondos.
El juez analizó el caso bajo el Código Civil y Comercial, que regula las inmisiones entre vecinos. Concluyó que las molestias superaron el umbral de tolerancia normal debido a su frecuencia, horario y duración. También valoró el incumplimiento previo de la normativa municipal y de decisiones del Juez de Faltas.
Se consideró acreditada la conducta ilegal por omisión; esto quiere decir que, ante las advertencias y los llamados de atención, los vecinos no actuaron y tomaron una actitud pasiva. Además, se dio por probado el daño moral sufrido por el propietario.
