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ATE lanzó una jornada nacional de lucha para el próximo viernes
Se trata de la primera medida de fuerza en la nueva gestión de Gobierno. «No garantizan el pago del aguinaldo, anuncian cancelación de salarios en cuotas, se suspenden paritarias y se congela la planta de personal, entre otras medidas», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la primera medida de fuerza durante la gestión del presidente Javier Milei para el próximo viernes (22/12). Para esta jornada nacional de lucha, cada distrito definirá las características y modalidades en las próximas horas.
Esta decisión forma parte del plan de acción definido en la reunión que el Consejo Directivo Nacional mantuvo con todas las provincias el jueves 14 de diciembre. Allí se otorgó el mandato a la conducción nacional, encabezada por el secretario general, Rodolfo Aguiar, para determinar la medida de fuerza.
«Es el Gobierno el que empieza a afectar la paz social con sus políticas. Las medidas económicas están agravando las condiciones de vida de todos los trabajadores, jubilados y sectores populares. El potente ajuste regresivo que se anunció a nivel nacional se dispara rápidamente a las provincias», apuntó el referente nacional en referencia a las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
También se suma la preocupación por las definiciones que adoptaron distintas provincias en las últimas horas. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, ya anunció el pago en cuotas de los salarios de diciembre y enero, medida que también evalúan adoptar su pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el aguinaldo en este último caso, entre otros. A su vez, algunas gobernaciones dejaron trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas.
«No está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios. Hay gobernadores que ya anunciaron el pago de salarios en cuotas. Se suspendieron paritarias. Se congelan las plantas de personal. La situación no da para más y hemos resuelto una medida de fuerza nacional. Cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo anunciaremos próximamente», informó Aguiar.
El dirigente de ATE también se refirió al protocolo antipiquetes anunciado en los últimos días por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Frente a semejante avance sobre nuestros derechos e intentos de represión y criminalización de la protesta por parte del Gobierno, necesitamos empezar a ejercer plenamente nuestros derechos de huelga y movilización».
«La remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo Gobierno, y luego la devaluación de más del 118 por ciento han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados. Nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias», profundizó el referente estatal.
Aguiar aseguró que «el Gobierno lleva tan sólo siete días, pero el daño que ya ocasionó agravando las condiciones de vida de toda la gente tardará años en poder repararse» y sentenció que «al shock de ajuste le tenemos que empezar a responder con la progresividad de las protestas».
«ATE es uno de los sindicatos más grandes y antiguos de la Argentina. Nuestras generaciones anteriores pasaron por todas, hasta por la Dictadura Militar. Tenemos la responsabilidad no sólo de resistir en unidad en este momento, sino también de proponer frente a esta crisis que nos está hundiendo, una salida en favor de todo nuestro pueblo», concluyó el referente sindical.
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ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
