Gremios
ATE lanzó otra jornada nacional de lucha para el miércoles
La medida tendrá alcance nacional e incluirá asambleas, paros y manifestaciones. «El retroceso institucional es tan grave que de un plumazo nos devuelven a 1976», sentenció Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva movilización para el miércoles (27/12) que incluirá asambleas, paros y movilizaciones en todo el país. La conducción nacional, encabezada por el secretario general, Rodolfo Aguiar, se manifestó en la Jefatura de Gabinete de Ministros en rechazo al ajuste y el mega decreto del presidente Javier Milei.
«No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo 12 días desde que el Gobierno asumió, ni tampoco el mayor o menor apoyo popular que éste tenga. Eso corresponderá a los analistas políticos. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados», exclamó Aguiar.
«Es una barbaridad lo que nos proponen. Milei habla de abrir la economía y multiplicar la inflación. Multiplicando la inflación lo único que van a hacer es multiplicar la pobreza», disparó el dirigente estatal. La movilización se desarrolló durante el mediodía del viernes frente al edificio de la Jefatura de Gabinete, ubicado en Diagonal Sur 782 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar contra la desregulación del mercado, la privatización de las empresas estatales, y la reforma laboral que se encuentra entre los principales puntos del decreto firmado por el presidente durante la jornada del miércoles.
En referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, señaló que «el retroceso institucional que configura el DNU del Presidente es tan grave que de un plumazo nos devuelve a 1976. Se intenta instaurar en el país nuevamente el programa económico de la última Dictadura Militar».
Aguiar enumeró también las medidas adoptadas desde ATE en los últimos días como respuesta a las recientes medidas del Gobierno. «Hemos decidido enfrentar este decretazo en tres planos. En el Poder Legislativo, solicitando reuniones con todas las fuerzas que tengan representación parlamentaria. En el Poder Judicial hemos presentado un amparo para que mediante una medida cautelar se suspendan sus efectos. Pero ninguno de estos dos casos depende de nosotros. Es más, no existe un juez o fiscal que se anime a actuar de oficio. Todos se están declarando incompetentes. Dan vergüenza. Se les nota mucho que reciben instrucciones desde la Casa Rosada. Por eso hoy nos toca salir a las calles».
«Son tiempos de derribar algunos mitos. Plata hay, lo que pasa es que la tienen los que siempre la tuvieron y quieren acaparar más. Basta con analizar los balances de las grandes empresas para saber que son los únicos que incrementaron sus ganancias hasta triplicando la inflación», evaluó el secretario general de ATE.
Aguiar sostuvo que «lo que pretende este DNU es moldear un Estado que esté sólo al servicio de los principales grupos económicos» y explicó «con asombro, hemos escuchado declarar a Asociación Empresaria Argentina (AEA) que luego del inicio del Gobierno tienen esperanza. No nos sorprende que sean los únicos esperanzados en el país. Quieren volverse más multimillonarios de lo que siempre fueron a costa del sacrificio de todo el pueblo argentino».
«El presidente nos dijo que después del decreto van a venir más medidas. Nosotros le respondemos que si van a haber más medidas, también van a haber más luchas. Todas las que sean necesarias hasta poder frenarlo a él y al desquicio de sus políticas», indicó Aguiar.
Concluyó con que «nos negamos a encomendarnos a las fuerzas del cielo. Preferimos encomendarnos a la fuerza de los trabajadores porque es la única que más temprano que tarde nos permitirá recuperar todos nuestros derechos».
La respuesta de ATE al ajustazo de Milei
En primera instancia, ATE solicitó reuniones con todas las fuerzas con representación parlamentaria para que rechacen el DNU firmado por Javier Milei. El primer encuentro se dio durante la jornada del jueves con el bloque de diputados de Unión por la Patria, quienes se posicionaron en contra de la norma por su nulidad absoluta e insanable
Además, se presentó un amparo ante la Justicia pidiendo que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del mega decreto, solicitando que, mediante una medida cautelar, se suspendan de inmediato los efectos del mismo, alegando que el Presidente se atribuye facultades extraordinarias que atentan contra la división de poderes de la República Argentina.
De esta forma, los principales ejes reclamados del sindicato durante la jornada son:
- -Cese de las políticas de ajuste;
- -Pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma;
- -Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación;
- -Pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral;
- -Rechazo a la aplicación del Protocolo Antimovilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un software que vale 600.000
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.
«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».
«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.
«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.
Licitaciones con sobreprecios
El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.
Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000
Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.
El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.
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ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
