Gremios
ATE lanza una nueva jornada nacional de lucha para el 15 de enero contra los despidos y por aumentos salariales
La fecha coincide con el aniversario 99 del sindicato. También habrá un paro total de actividades con movilización al Congreso para el 24 de enero.
Luego de conocerse los primeros despidos en Ministerios y organismos públicos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva Jornada Nacional de Lucha para el 15 de enero, con modalidad a definir en cada provincia, y anunció la adhesión al paro general del 24 de enero con movilización. «Son las argentinas y argentinos de bien los que están quedando en la calle por decisión de este Gobierno», apuntó el secretario general, Rodolfo Aguiar.
«No vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que los estatales atentamos contra la gobernabilidad. Es el propio Gobierno el que está quebrantando la paz social. No sólo por las cesantías sin causa justificada, sino fundamentalmente por poner en riesgo el funcionamiento de numerosos organismos del Estado», señaló el dirigente estatal. Agregó que «tenemos que despabilarnos. No podemos naturalizar lo que está pasando. Esta gestión propone un volantazo hacia el Siglo XIX para dejarnos sin derechos».
En esta línea, el referente de ATE explicó que «la medida de fuerza no sólo tiene que ser para exigir la reincorporación de los despidos, sino que debe servir para empezar a hablar de lo que el Gobierno no quiere, que es la necesidad de una inmediata recomposición salarial. Se ha decidido un congelamiento de los ingresos y el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumenta aceleradamente».
«Si no salimos a la calle los trabajadores, jubilados y el pueblo, no tendremos destino», afirmó Aguiar. Añadió que «en todas las provincias hay que interpelar a los diputados y senadores nacionales. Si es necesario, hasta en sus domicilios. Les tenemos que hacer poner la cara porque muchos cuando vuelven a sus distritos se olvidan de lo que votaron en Buenos Aires».
El dirigente también apuntó contra el Poder Judicial. «Llama poderosamente la atención el silencio de los jueces ante medidas que en todos los casos son inconstitucionales y resultarán inaplicables. La Justicia tiene que dejar de esperar instrucciones de la Casa Rosada y actuar con la celeridad que el pueblo requiere», indicó.
La decisión de la jornada de lucha para el 15 de enero, fecha en la que el sindicato cumple 99 años, se tomó luego de una extensa reunión del Secretariado Ampliado que comenzó a las 16 en el Hotel Quagliaro, propiedad del sindicato con dirección en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del encuentro, se exigió la inmediata reincorporación de todos los despedidos.
Durante el encuentro se analizó el impacto del mega DNU 70/2023, el Decreto 84/2023 mediante el cual se dispuso la no renovación de los contratos que habían sido firmados en 2023, y la Ley Ómnibus, donde se incluyen distintas medidas de ajuste, supresión de organismos públicos y la posibilidad de despido de trabajadores en planta permanente.
También se exigió una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta de recomposición salarial para la Administración Pública. En este marco es que se definió el paro total de actividades para el 24 de enero con movilización al Congreso.
Jubilados de ATE protestan el 10 de enero
El Centro Nacional de Jubilados de ATE también se reunió para votar y definir una jornada de protesta el día 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional.
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
