Política
Gobernadores patagónicos firmaron un documento en defensa de la «soberanía, los recursos y la industria pesquera»
Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal se mostraron en contra de varios puntos establecidos en la denominada Ley Ómnibus.

Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; y Claudio Vidal de Santa Cruz firmaron un documento en conjunto en contra de varios puntos planteados en la denominada Ley Ómnibus, presentada días atrás por el presidente de la Nación Javier Milei.
«Las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberania de nuestro país», indicaron.
«Los ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos: En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley N° 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos
laborales y económicos», agregaron.
«Asimismo, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura: El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual», añadieron.
Por otro lado, «la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina: Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región».
«Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley Federal de Pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca», manifestaron los gobernadores patagónicos.
«Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica», concluyeron Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal.
Política
El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto para que trabajadores estatales puedan elegir libremente su obra social
De esta manera, se elimina la obligatoriedad de contar con IPROSS.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley que propone habilitar la libre elección de obra social para el personal estatal, eliminando la obligatoriedad de contar con IPROSS.
“IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el gobernador.
La iniciativa incorpora el derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Quienes decidan ejercerlo podrán derivar sus aportes y contribuciones, junto con la cobertura de su grupo familiar primario.
La opción deberá incluir a todo el grupo familiar a cargo. Una vez realizado el cambio, el afiliado deberá permanecer al menos 12 meses en la entidad seleccionada.
Cumplido ese plazo, podrá optar por otra entidad habilitada o reincorporarse a IPROSS como afiliado obligatorio directo.
El proyecto también garantiza la continuidad de la atención. Si la cobertura elegida cesa por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática. Además, los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio.
La medida se suma al proceso de cambios que viene llevando adelante IPROSS, con la incorporación de nuevas herramientas digitales, el pago de coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas, entre ellas las vinculadas a medicamentos. “Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo”, concluyó Weretilneck.
Política
Río Negro proyecta una obra de $400 millones para mejorar el acceso a Roca por Damas Patricias
La obra permitirá concretar la colectora de ingreso de Damas Patricias hacia la Ruta 22 y mejorar las condiciones de circulación en uno de los accesos a la ciudad.

El Gobierno de Río Negro proyecta una obra de $400 millones para mejorar el acceso vial y el sistema de drenaje en el cruce de calle Damas Patricias con la Ruta Nacional N° 22, en General Roca. El proyecto ejecutivo es impulsado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) e incluye la construcción de un nuevo alcantarillado de 50 metros y el revestimiento de 135 metros de un colector perteneciente al sistema de drenaje pluvial.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck al Municipio durante los festejos por el aniversario de General Roca. La obra forma parte de una planificación articulada entre el Gobierno de Río Negro, Vialidad Nacional y el Municipio de General Roca. En ese marco, se vincula con el proyecto de Acceso provisorio calle Damas Patricias, presentado por Vialidad Nacional, y con la ejecución del asfalto de esa calle por parte del Municipio.
La intervención permitirá concretar la colectora de ingreso de calle Damas Patricias hacia la Ruta Nacional 22, con el objetivo de reducir la peligrosidad del cruce y favorecer una circulación vehicular más segura y ordenada.
Una obra hídrica que también mejora la seguridad vial
El colector pluvial P4 cumple una función fundamental dentro del sistema de drenaje de General Roca, ya que recibe y conduce los excedentes de agua de lluvia de buena parte de la zona oeste de la ciudad. Además, permite la descarga de la defensa aluvional de J. J. Gómez.
El revestimiento de los 135 metros permitirá garantizar una conducción adecuada de los caudales y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento periódico del colector pluvial, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema ante eventos de precipitaciones.
A su vez, la construcción del nuevo alcantarillado contribuirá a mejorar las condiciones de transitabilidad en un sector considerado estratégico para la circulación de la ciudad.
Política
Río Negro busca USD 60 millones de FONPLATA para recuperar las Rutas 22 y 151
La Provincia y el organismo internacional avanzan en la definición de las intervenciones prioritarias para recuperar los sectores más deteriorados de ambos corredores.

Río Negro avanza junto al Banco de Desarrollo FONPLATA en la definición de un plan de obras prioritarias para recuperar las condiciones de circulación y seguridad en las Rutas Nacionales N° 22 y 151. Tras el relevamiento realizado sobre los sectores más deteriorados, la Provincia y el organismo internacional trabajan en precisar las intervenciones necesarias para avanzar con una operación de financiamiento por USD 60 millones. La presentación de la operación ante el Directorio de FONPLATA está prevista para noviembre.
El proceso es impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck a partir del acuerdo que permitirá a Río Negro asumir la gestión de ambos corredores estratégicos. El objetivo es contar con las herramientas necesarias para intervenir en los tramos que presentan mayores dificultades y mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad vial.
En esta etapa, una comitiva integrada por representantes de Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Externo (UPCEFE) y especialistas de FONPLATA recorrió distintos sectores de la Ruta Nacional 151 y continuó posteriormente con el análisis de la Ruta 22.
El relevamiento incluyó además la rotonda de Choele Choel, una de las obras que la Provincia prevé incorporar entre las intervenciones prioritarias.
La jefa de Operaciones de FONPLATA, Malena Araneo, destacó la importancia de realizar el análisis directamente sobre los corredores para determinar las necesidades concretas. «La idea de esta visita es hacer el análisis técnico para ver qué obras hay que reiniciar y cuáles están para sacar a licitación desde cero», explicó durante la recorrida.
La funcionaria señaló que el relevamiento forma parte del proceso mediante el cual FONPLATA evalúa el proyecto presentado por Río Negro y las condiciones necesarias para avanzar con el financiamiento.
La operación contempla un préstamo de USD 60 millones, con garantía del Ministerio de Economía de la Nación, y la planificación actual apunta a que la propuesta sea elevada al Directorio del organismo durante noviembre.
El programa estará concentrado en los sectores con mayores niveles de deterioro de las Rutas 22 y 151, con intervenciones destinadas a recuperar la infraestructura, mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.








