Política
Gobernadores patagónicos firmaron un documento en defensa de la «soberanía, los recursos y la industria pesquera»
Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal se mostraron en contra de varios puntos establecidos en la denominada Ley Ómnibus.
Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; y Claudio Vidal de Santa Cruz firmaron un documento en conjunto en contra de varios puntos planteados en la denominada Ley Ómnibus, presentada días atrás por el presidente de la Nación Javier Milei.
«Las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberania de nuestro país», indicaron.
«Los ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos: En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley N° 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos
laborales y económicos», agregaron.
«Asimismo, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura: El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual», añadieron.
Por otro lado, «la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina: Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región».
«Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley Federal de Pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca», manifestaron los gobernadores patagónicos.
«Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica», concluyeron Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
Política
Río Negro entre las provincias con menor desocupación
Según el INDEC, la tasa es del 1,3%, dato que ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%.
Río Negro se consolida como una de las provincias con menor desocupación del país, con una tasa del 1,3%, según datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El dato ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%. «Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.
«Este resultado refleja una dinámica sostenida, con crecimiento en sectores productivos, energéticos y de servicios, pero también pone en valor el talento de los rionegrinos y rionegrinas, que son protagonistas de este proceso. Río Negro tiene capacidad, formación y vocación de trabajo, y eso se traduce en oportunidades concretas y en estos indicadores positivos», indicó el mandatario provincial.
«Hoy Río Negro registra una desocupación del 1,3%, la segunda más baja de la Argentina. Además, el empleo privado creció un 0,7%, ubicándonos entre las únicas provincias que hoy están generando trabajo», afirmó Weretilneck.
El gobernador remarcó que estos resultados responden a un modelo sostenido en el tiempo: «Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer. Acá no se cambian las reglas a mitad de camino».
En esa línea, la provincia cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia. «Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro», sostuvo, y destacó el rol estratégico de la región: «Junto a la provincia hermana de Neuquén, la Norpatagonia se consolida como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina. Este es el rumbo, tenemos con qué».
El dato ratifica que Río Negro avanza en una nueva etapa productiva, donde la generación de empleo es una prioridad central, con un modelo que vincula inversión, desarrollo y oportunidades concretas para los rionegrinos.
Datos del informe nacional
El informe del INDEC muestra un escenario nacional complejo, con una desocupación del 7,5% y más de 1.600.000 de personas sin trabajo. En ese contexto, Río Negro se posiciona entre las provincias con mejores indicadores del país.
Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.
