Política
Gobernadores patagónicos firmaron un documento en defensa de la «soberanía, los recursos y la industria pesquera»
Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal se mostraron en contra de varios puntos establecidos en la denominada Ley Ómnibus.
Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; y Claudio Vidal de Santa Cruz firmaron un documento en conjunto en contra de varios puntos planteados en la denominada Ley Ómnibus, presentada días atrás por el presidente de la Nación Javier Milei.
«Las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberania de nuestro país», indicaron.
«Los ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos: En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley N° 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos
laborales y económicos», agregaron.
«Asimismo, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura: El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual», añadieron.
Por otro lado, «la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina: Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región».
«Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley Federal de Pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca», manifestaron los gobernadores patagónicos.
«Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica», concluyeron Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal.
Gremios
El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,21% en agosto
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.
«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
Evolución salarial
En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:
En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.
Política
Río Negro restringe las salidas transitorias para condenados por delitos graves
La nueva normativa alcanza, entre otros casos, a condenados por homicidios, delitos contra la integridad sexual, robos agravados, secuestros extorsivos y delitos vinculados con la corrupción.
El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que restringe las salidas transitorias y los beneficios de libertad anticipada para personas condenadas por delitos graves.
La nueva normativa, recientemente sancionada por la Legislatura provincial, establece mayores restricciones para quienes hayan sido condenados por delitos de mayor gravedad y limita la posibilidad de acceder a beneficios antes de completar las penas impuestas por la Justicia.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la medida forma parte de una política de seguridad y justicia que viene impulsando la Provincia. «En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley. Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable y cumplir la condena que le impuso la Justicia», afirmó.
La modificación alcanza, entre otros, a condenados por homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando se causare la muerte de la víctima.
Además, Río Negro amplió las restricciones previstas a nivel nacional e incorporó delitos como cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Weretilneck sostuvo que la reforma se suma a otras medidas impulsadas por la Provincia para evitar la denominada puerta giratoria. En ese sentido, mencionó la reiterancia y la doble condena como parte de una misma línea de política penal.
La iniciativa había sido presentada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro Lucas Pica y Facundo López y modifica la legislación provincial que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.
La reforma tiene antecedentes en otras jurisdicciones. Mendoza inició un proceso similar en 2012 y, a nivel nacional, en 2017 se sancionó la Ley Nº 27.375, que introdujo restricciones para el acceso a determinados beneficios en casos de delitos graves.
«En Río Negro, la víctima importa, la seguridad de la sociedad importa y las condenas de la Justicia se tienen que cumplir», sostuvo finalmente Weretilneck.
Política
Weretilneck: «La obra de agua que hará Río Negro en Roca es para 20 años»
El proyecto contempla un nuevo ducto desde el río Negro hasta la planta potabilizadora, un aumento del 50% en la capacidad de producción, una nueva cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo y más de 40 kilómetros de cañerías.
Un día después de que el Gobierno de Río Negro abriera los sobres técnicos para poner en marcha la obra de agua potable más importante de General Roca en las últimas décadas, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la dimensión del proyecto y estimó que los trabajos podrían comenzar en un par de meses. «No es un parche, no es una medida para el próximo verano. Es una obra y una inversión para los próximos 20 o 25 años», afirmó.
La Provincia dio esta semana un paso decisivo con la presentación de cinco empresas interesadas en ejecutar el nuevo Plan Director de Agua Potable, una inversión superior a los $38.500 millones que permitirá aumentar un 50% la capacidad de producción de agua y preparar el sistema para abastecer a una ciudad de hasta 200.000 habitantes.
Weretilneck explicó que no pudo participar de la apertura de sobres por las dificultades generadas por la intensa nevada en la zona cordillerana y el estado de las rutas. «Estábamos en Bariloche y las rutas estaban cortadas a la mañana. Recién pudimos empezar a andar cerca de las 11 y estaba muy difícil, así que no pudimos llegar», señaló.
El gobernador puso el foco en el alcance de la decisión provincial. «Por la dimensión y la complejidad, es una obra que deja a General Roca con un sistema de agua potable para 200.000 habitantes. Para graficarlo, para el doble de la ciudad que es hoy», explicó.
La obra que llevará adelante Río Negro permitirá resolver problemas históricos de abastecimiento y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento urbano, productivo e industrial de General Roca. «Esto nos permite planificar la ciudad desde el crecimiento urbano, desde las radicaciones de empresas e industrias y, fundamentalmente, garantiza llegar a todos los barrios de Roca», sostuvo Weretilneck.
El proyecto contempla un nuevo ducto desde el río Negro hasta la planta potabilizadora, un aumento del 50% en la capacidad de producción, una nueva cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo y más de 40 kilómetros de cañerías. El nuevo sistema permitirá mejorar especialmente el servicio en los sectores más altos de la ciudad, donde hoy existen dificultades de presión y abastecimiento.
«No es una obra sectorial para una parte de General Roca. Es una obra que resuelve todo el problema de abastecimiento de agua de Roca», remarcó el gobernador.
Weretilneck también destacó que Río Negro consiguió financiamiento de la CAF para concretar una inversión de esta magnitud sin detener otras políticas y obras provinciales. «Hay obras que son para hoy, otras que son necesarias y después están las obras estratégicas. Esta es una obra estratégica», señaló.
En ese sentido, explicó que la Provincia viene utilizando herramientas de financiamiento de largo plazo para concretar infraestructura que de otra manera sería imposible ejecutar en simultáneo. «La única manera de financiar las obras estratégicas es con este tipo de herramientas para el desarrollo de la provincia», afirmó.
El gobernador vinculó esta obra con una política provincial sostenida de inversión en infraestructura y recordó otros proyectos estructurales ejecutados con financiamiento externo, como estaciones transformadoras, gasoductos, sistemas cloacales y obras viales. «Lo importante es tener un plan que permita ir haciendo obras a lo largo de los años, no parar nunca de hacer obras y saber qué es urgente, qué es necesario y qué es estratégico», sostuvo.
Tras la apertura de los sobres técnicos realizada el martes, comenzó ahora el proceso de evaluación de las cinco empresas que se presentaron. Weretilneck estimó que durante la primera semana de septiembre podría conocerse la empresa que tendrá a su cargo los trabajos y que la obra podría comenzar entre noviembre y diciembre, con un plazo estimado de ejecución de 24 meses.
