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Política

Gobernadores patagónicos firmaron un documento en defensa de la «soberanía, los recursos y la industria pesquera»

Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal se mostraron en contra de varios puntos establecidos en la denominada Ley Ómnibus.

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Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; y Claudio Vidal de Santa Cruz firmaron un documento en conjunto en contra de varios puntos planteados en la denominada Ley Ómnibus, presentada días atrás por el presidente de la Nación Javier Milei.

«Las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberania de nuestro país», indicaron.

«Los ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos: En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley N° 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos
laborales y económicos», agregaron.

«Asimismo, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura: El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual», añadieron.

Por otro lado, «la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina: Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región».

«Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley Federal de Pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca», manifestaron los gobernadores patagónicos.

«Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica», concluyeron Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal.

Gremios

Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos

«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.

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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.

Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.

Cómo se implementará la medida

El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.

Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.

En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.

Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.

Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.

Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.

«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».

En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».

«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.

En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.

“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.

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Gremios

El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión

El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.

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En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».

«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.

En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».

«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.

Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».

«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.

Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.

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Agro

Impulsan una ley para recuperar chacras abandonadas y proteger la producción regional

El proyecto apunta a intervenir sobre tierras abandonadas para prevenir riesgos sanitarios y promover su vuelta a la actividad productiva.

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La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén recibió al legislador provincial Lucas Pica para analizar una propuesta destinada a la recuperación productiva de chacras abandonadas y la protección sanitaria de las tierras irrigadas de la región.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Gestión Productivo Patagónico y estuvo encabezado por el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, junto al director de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), Pablo De Azevedo. También participaron el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, y el presidente de la Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda, Juan Orlando Oller.

Durante la reunión se presentó una iniciativa impulsada por la Federación y las cámaras de productores para avanzar en un proyecto de ley que permita intervenir sobre chacras abandonadas, resguardar la sanidad regional y promover su reincorporación a la actividad productiva.

Según explicaron, la propuesta busca generar herramientas legales que permitan afrontar una problemática creciente en distintas zonas productivas, donde el abandono de tierras puede generar riesgos sanitarios y afectar la competitividad de la actividad frutihortícola.

Tras el encuentro, los funcionarios recorrieron las instalaciones del Centro de Gestión Productivo Patagónico, donde funciona el Centro de Emergencia del Adulto Frío (CEDAF), ejecutado por Funbapa, y también conocieron el trabajo que desarrolla el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM).

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los productores y los organismos sanitarios para preservar el estatus fitosanitario de la Patagonia y fortalecer una actividad considerada estratégica para las economías regionales.

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