Una sentencia aumentó la cuota alimentaria que debe pagar un padre para sus dos hijos adolescentes, con quienes comparte un día a la semana. El fallo tuvo en cuenta especialmente el valor económico que tienen las tareas de cuidado, que en este caso cubre exclusivamente la mamá. Esas labores diarias, como brindar «el sostén cotidiano, tareas domésticas, apoyo escolar, cocinar, asistir en la enfermedad», tienen valor económico «y es valioso y justo considerar que estas labores son un aporte a la manutención de los hijos a la hora de la fijación de los alimentos», explicó la sentencia de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca.

El Tribunal elevó la cuota mensual al 35% de los ingresos que perciba el padre. Como monto mínimo fijó el equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil, «el que se deberá asegurar aún en el caso de que no trabaje en relación de dependencia», señaló el fallo.

El caso llegó a la Cámara porque la mamá apeló el monto de cuota que se había fijado en la primera instancia, que era del 30% del ingreso del padre o, como piso, medio Salario Mínimo. Aquella misma sentencia había homologado las condiciones fijadas hace más de 10 años, en un acuerdo de mediación que habían firmado la madre y el padre.

Cuando la mamá apeló, admitió que la sentencia de primera instancia había aumentado la cuota valorando el paso del tiempo, la devaluación monetaria y las nuevas necesidades de los hijos. Pero cuestionó que no se puso valor en dinero a las tareas exclusivas de cuidado que ella cumple.

«La suma establecida en la sentencia no resulta suficiente para atender las necesidades de los adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades y el nulo aporte del progenitor en relación a las tareas de cuidado que recaen en la progenitora exclusivamente y deben ser valoradas», definió la Cámara. Y recordó que las necesidades alimentarias de los hijos «incluyen sustento, educación vestido, habitación, salud, esparcimiento» y que «la falta de trabajo fijo no puede constituir un impedimento».

«La falta de cumplimiento del progenitor con deberes esenciales respecto de sus hijos, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora», dijo la Cámara.

Destacó que la señora «ejerce de manera exclusiva la jefatura familiar y la totalidad de las tareas de cuidado de los adolescentes ante la ausencia de su progenitor. En el marco socio-cultural actual y en razón de las obligaciones estatales asumidas por la Argentina en todos su niveles a partir de la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos (…), tal conducta resulta inadmisible, puesto que contribuye a reforzar roles tradicionales de género que nada tienen que ver con elecciones de vida ejercidas en igualdad de condiciones».

El Tribunal citó y compartió, además, un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que valoró con máxima claridad las tareas de cuidado. «El cuidado proporcionado por las madres y otras mujeres de la familia suele ser llamado un ‘trabajo de amor’ pero nunca es solamente eso: involucra trabajo arduo y responsabilidad, tiempo, energía, dinero y pérdida de oportunidades alternativas (…) ya no hay margen para que pase desapercibida la carga mental que conllevan tanto el cuidado de niños, niñas y adolescentes, como la gestión de las tareas del hogar. Es imperante que esa sobrecarga o esfuerzo psicológico ínsito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros sea reconocida y sea cuantificada desde una faz productiva».

En el caso de Roca, el cuidado exclusivo de la mamá ya se veía en el viejo acuerdo de mediación, cuya homologación también fue revisada por la Cámara de Apelaciones. «Quizá en esa época (2013) fue lo que se entendió prudente o posible de convenir, mas no puede ser tildado de definitivo y volverse en contra de quien peticiona ahora el aumento» de la cuota, finalizó el Tribunal.

Una mujer debió ser hospitaliza tras volcar el Renault Clio que manejaba y era perseguido por varios patrulleros de la Policía de Río Negro. Los uniformados están convencidos que dentro del automóvil estaba un conocido delincuente que se encuentra prófugo de la Justicia desde hace casi 8 meses, cuando escapó de la Comisaría 3° de Roca, donde estaba detenido.

El espectacular vuelco mantuvo en alerta a todas las unidades policiales de Roca, a partir de que uniformados de la Subcomisaría 67° de Stefenelli solicitaran refuerzos ante la desobediencia de una conductora que no acató la voz de alto. Según los investigadores, dentro del rodado iban la conductora y tres hombres, entre ellos un reconocido delincuente que es buscado desde octubre pasado.

La persecución fue durante unos 7 kilómetros, porque la mujer tomó en dirección hacia el centro de la ciudad, luego giró hacia el sur, pasó la Ruta Nacional N° 22 y después siguió hasta calle Lago Mascardi, Antes de llegar a Gobernador Castello, en el tramo de ripio, la conductora perdió el control y el Clio empezó a dar tumbos.

Antes de que lleguen los patrulleros, los tres sujetos salieron rápidamente y corrieron entre las plantas de las chacras cercanas. La información oficial indica que, ante las múltiples heridas que presentaba la mujer, los uniformados priorizaron su atención y no persiguieron a los hombres que se fugaron.

No obstante, los investigadores creen que planificaban un golpe, por eso decidieron escapar cuando se les dio la voz de alto. Uno de los uniformados, con varios años de antigüedad en la fuerza, logró reconocer a Marcos Lara, de 27 años, un prófugo al que buscan desde octubre del año pasado.

Lara, estaba detenido en la Comisaría 3° cuando en una recorrida habitual durante la madrugada, uno de los efectivos de la guardia detectó que dos presos no estaban en el calabozo que compartían. Al parecer, limaron los barrotes y una vez afuera lograron acceder a un patio interno y de allí a los techos. Un día después de la fuga, fue atrapado Franco Rosales, de 26 años, quien estaba preso por robos.

Desde el 5 de octubre y hasta ayer, Lara se mantuvo escondido y no dejó rastros para que la Policía pueda capturarlo. Lara tiene antecedentes varios por robos en casas cuando no hay nadie adentro.

Durante toda la noche, los uniformados de varias unidades de Roca recorrieron la zona de chacras, pero no pudieron dar con el prófugo y sus ocasionales cómplices.

El Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la prisión preventiva de un hombre que fue condenado a 11 años de prisión por haber cometido delitos contra la integridad sexual de una niña. Ello en atención a la aplicación del nuevo Artículo 109 bis del Código Procesal Penal, ya que el imputado utilizó todas las vías recursivas provinciales y cada Tribunal fue rechazando los planteos que buscaban su inocencia.

Este mediodía (01/07), el imputado ingresó a la sala de audiencias como todas las veces: cumplió con la medida cautelar de presentarse personalmente y nunca intentó salir del país. Sin embargo, la fiscal que lleva el legajo solicitó al Tribunal que se aplicara el 109 bis, vigente desde el 7 de junio de este año, que habilita a las partes acusadoras a «requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local. La medida procederá con el fin de asegurar el eventual cumplimiento de la condena».

El 19 de junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada a través de la defensa pública que asiste al hombre, y de esta manera se agotaron las instancias pertinentes en la provincia de Rio Negro. Cabe mencionar que la sentencia condenatoria, dice la letra del modificado Artículo 109 bis se considera como una causa posible de fuga, y estos fueron los argumentos de la fiscal del caso.

Los hechos que fueron probados en el debate por la acusación «ocurrieron entre 2016 y 2020, cuando la víctima tenía entre 10 y 14 años de edad, en el domicilio familiar de la ciudad de General Roca. El hombre era pareja conviviente de la madre de la niña y era quien se ocupaba de llevarla a la escuela».

La calificación legal por la que fue condenado es la de «abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y la duración en el tiempo, reiterado en un número indeterminado de veces, agravado por estar bajo su exclusiva guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años, Grooming, producción y divulgación de representaciones de abuso sexual infantil en concurso real, las cuales concursan a su vez, en forma ideal con corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda y conviviente de la víctima».

De esta manera, y tras la resolución de los tres jueces intervinientes en la audiencia, el hombre fue detenido y trasladado por personal policial.