Judiciales
Le secuestraron la moto por alcoholemia y desapareció del depósito municipal: Ordenan indemnización
La indemnización asciende a poco más de $2.000.000.
En un operativo de tránsito inspectores municipales secuestraron una moto Honda, ya que el test de alcoholemia de su conductor dio positivo. Tenía 0,9 de alcohol en sangre, cuando el permitido era de 0,5.
El motociclista abonó la multa en cuotas. Cuando completó el pago, fue al depósito municipal a retirar la moto. «No la encontramos», le dijeron en la dependencia comunal. «Te llamamos», le prometieron, pero no lo hicieron. A los pocos días volvió, pero la moto nunca apareció. La segunda vez, la desaparición quedó plasmada en un acta.
El secuestro había ocurrido en septiembre de 2018 y el motociclista se presentó en marzo del año siguiente. El hombre debió pasar por diversas instancias de reclamo en la propia comuna, luego intentos de conciliación y finalmente un litigio en el fuero civil. Ese padecimiento también lo tuvo en cuenta el fallo, que le otorgó también un resarcimiento por daño moral.
El argumento de la comuna
Inició primero un reclamo administrativo ante la Municipalidad de Cipolletti. «Corresponde rechazar su reclamo, toda vez que desde la fecha de labrado del acta de secuestro hasta la fecha de presentación a retirar el vehículo» pasaron más 90 días, «por lo que el Municipio no se hace responsable por los daños y/o pérdidas del rodado», le dijeron.
Agotadas todas las instancias, inició una demanda. El juez analizó la prueba y concluyó que «sin duda el extravío de la motocicleta y la consiguiente falta de restitución al actor, debe tenerse por acreditado. Con ello el requisito de la existencia de un daño resarcible cierto».
Agregó que «ya sea por acción u omisión, y sin que importe conocer con exactitud en qué contexto desapareció el rodado, el obrar del ente municipal sin duda fue contrario a la obligación de guarda que tenía con motivo del secuestro».
Recordó que «la potestad de la demandada de secuestrar vehículos en operativos de control de tránsito, en caso de detectarse cierto tipo de faltas contravencionales, implica que cuando lo hace asume frente al infractor, como depositaria del bien, la obligación de devolución del rodado».
Respecto al argumento de los 90 días, lo rechaza que «la operatividad y efectos de dicha norma están diferidos -conf. art. 4° de la misma ordenanza- a la obligación previa del municipio de cursar notificación fehaciente al titular registral del rodado y/o terceros interesados, intimando por quince el retiro del vehículo, sin poder entretanto disponer del mismo ni liberarse de su responsabilidad como depositaria».
Establecido el daño, el magistrado se abocó a los montos de resarcimiento. El motociclista había pedido el equivalente a una motocicleta 0 kilómetro. Pero el juez tuvo en cuenta que era usada. Actualizó el valor de mercado de un modelo similar con tres años de antigüedad y dispuso que por ese rubro correspondía un millón y medio.
También abordó la «privación de uso» de la motocicleta y aceptó este rubro. Finalmente, se pronunció sobre el daño moral: lo tuvo por probado dado «el natural disgusto y las repercusiones negativas que implica la desaparición del vehículo secuestrado en el marco de un operativo de tránsito (constatada después de pagar una importante multa como condición para el recupero)», como así «también por la imposibilidad de solucionar con cierta celeridad el percance y tener que activar diversos reclamos administrativos y/o judiciales».
En efecto, «la actitud renuente de la demandada realmente puso al actor en la situación anormal e inesperada de tener que promover forzosamente un litigio, con la incertidumbre, espera y perturbación espiritual que supone». De esta manera, la indemnización asciende a poco más de $2.000.000.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Judiciales
Múltiples estafas por viajes al exterior: La acusada deberá continuar cumpliendo medidas cautelares
Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas y presentarse en Fiscalía periódicamente.
En pos de que cese el delito y el posible provecho de la maniobra, el Ministerio Público Fiscal insistió en que Yolanda Livera, la mujer propietaria de la agencia Lola Tour y que está siendo investigada por presunta estafa por venta de viajes al exterior continúe cumpliendo con las medidas cautelares.
Los tres abogados querellantes, representando a cuatro de los denunciantes, adhirieron íntegramente a los términos fiscales.
Por su parte, el defensor penal público solicitó que se deje sin efecto el bloqueo de cuentas, así la mujer «puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la Fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas».
La parte acusadora se opuso a dicha propuesta y el fiscal explicó que «hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año».
Durante la audiencia, Livera, asistida por su defensor, declaró sobre la medida cautelar de bloqueo y congelamiento de las cuentas y las consecuencias que ello podría tener sobre clientes que tienen viajes a futuro.
Finalmente, la jueza resolvió que la mujer siga realizando presentaciones en la Fiscalía interviniente, que el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, activos digitales, billeteras virtuales, opere hasta el 16 de febrero del año que viene.
En caso de que se verifique algún incumplimiento a las medidas, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia para pedir medidas mas gravosas y garantizar el adecuado avance de los legajos fiscales.
Judiciales
Homicidio de Marisa Coliman: Prisión perpetua para el autor
Nicolás Ezequiel Medina había sido declarado culpable por un jurado popular en septiembre pasado.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado ayer (29/10) a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
Nicolás Ezequiel Medina comenzará a cumplir la pena cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto permanece en prisión preventiva por el riesgo procesal de fuga.
El hombre fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento. Respecto ataque contra el hijo de Marisa también fue condenado por el delito lesiones leves.
En la audiencia de cesura, realizada la semana pasada, tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua. La defensa del imputado aceptó el requerimiento.
El homicidio con ensañamiento ocurrió el 25 de julio de 2023, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en el lugar conocido como Conventillo de García, donde vivían la mujer y uno de sus hijos.
El atacante le dio dinero al hijo de la víctima para que fuera a comprar una cerveza. En ese lapso intentó la atacó de manera extrema, aprovechándose de su estado de indefensión. Cuando el hijo regresó, el hombre lo hirió con un arma blanca para intentar matarlo. No logrando su cometido, escapó del lugar.
Durante Juicio por Jurados se presentaron 23 testigos, junto con pruebas documentales, fotografías y cámaras de seguridad. Después de analizar la prueba presentada y deliberar, el jurado alcanzó un veredicto de culpabilidad.
